Jueces de inmigración rechazan amenaza de Trump de silenciarlos y anuncian que pedirán ayuda al Congreso

Los jueces de inmigración dijeron estar “desalentados” por los planes del gobierno de Donald Trump de quitarle la certificación a su sindicato para silenciar las críticas a la política migratoria del presidente.

“Esta acción emprendida por el Departamento de Justicia (DOJ) es un intento equivocado de silenciar a los jueces de Inmigración que han criticado las prácticas de gestión y las invasiones en la independencia judicial que han aumentado dramáticamente en los últimos dos años”, dijo a Univision Noticias la honorable Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ).

Marks dijo que “hace veinte años, el DOJ intentó la misma táctica buscando clasificar a los jueces como gerentes y formuladores de políticas para que no pudieran organizarse y hablar cuando no están de acuerdo con la política del departamento”.

“Ese esfuerzo fue rechazado por la Autoridad Federal de Relaciones Laborales, que dictaminó que, si bien los jueces de inmigración son claramente expertos técnicos altamente calificados en leyes de inmigración, no tienen un papel en el desarrollo de la política”.

La presidenta honoraria de la NAIJ dijo además que “estamos desalentados de que el DOJ haya decidido plantear nuevamente este problema que ya estaba resuelto. Y agregó que “la asociación planea plantear este problema al Congreso en septiembre, cuando finalice el receso de verano”.

“Confiamos en el apoyo de la comunidad legal para combatir este ataque injustificado contra nuestra independencia”, sostuvo.

El sábado el diario The New York Times reportó que el DOJ está intentando “descertificar” a la NAIJ, una maniobra que podría “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”.

El ministerio presentó el viernes una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados “funcionarios administrativos” no elegibles para organizarse colectivamente.

A diferencia de otros jueces federales que forman parte de la rama judicial, los jueces de inmigración son nombrados por el fiscal general y son empleados del Departamento de Justicia.

La guerra entre el gobierno de Trump y los jueces de inmigración o es nueva. En abril la NAIJ dijo que era obvio que el presidente “no entiende absolutamente nada de política internacional, y no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con el reto de la inmigración”.

El comentario surgió en respuesta a una petición que hizo el mandatario al Congreso para que “actúe” para eliminar el sistema de asilo “porque no funciona. Y francamente, también deberíamos deshacernos de los jueces”.

“Las leyes actualmente brindan dos audiencias de proceso por parte de los jueces para todos (los inmigrantes), excepto una pequeña porción de personas que ingresan a nuestro país”, dijo Marks en esa ocasión.

Añadió que, “para que eso cambie” debe hacerlo el Congreso. Y si bien a algunos “le gustaría cambiar la ley, es altamente improbable en este tiempo tan polarizado”, indicó.

“No creo que una legislación así despegue en el legislativo”, apuntó Marks. “Estados Unidos se enorgullece de ser una nación de leyes y modelo de justicia” (…) “Despedir a los jueces del proceso de inmigración sería atentar contra los principios fundamentales de nuestro país y violaría tratados internacionales que hemos firmado. Este curso de acción es extremadamente improbable que ocurra”, precisó.

La reacción de los abogados no se hizo esperar. “Este es el último ataque del gobierno contra la independencia del tribunal de inmigración”, dijo Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“La administración está tratando de silenciar las voces sindicales de los jueces de inmigración, entidad que expresa las preocupaciones de los jueces para promover una operación más eficiente del sistema judicial”, añadió.

Nieblas dijo además que “al forzar su silencio, nos acercamos un paso más al autoritarismo en el campo de la Ley de Inmigración”.

“Este es otro ejemplo de por qué las cortes de inmigración deben ser independientes del DOJ y el gobierno”, indicó. “No puede ser que el Poder Ejecutivo arreste a inmigrantes y busque su expulsión de Estados Unidos, y que también controle completamente el sistema judicial que promete un juicio justo”, dijo Nieblas.

Las preocupaciones de Nieblas fueron compartidas por Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Es típico que Trump amenace o critique a toda persona u organizaciones que hablen mal de sus políticas. Los jueces de inmigración dependen del ejecutivo y. desde este punto de vista, puede que sean sancionados de alguna manera. No existe independencia judicial con los jueces de inmigración, y a esto se debe el alto número de renuncias de miembros de las cortes”.

Para la abogada Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin, “este es otro ataque contra las pocas protecciones que existen para los migrantes”.

“El gobierno de Trump intenta suprimir cualquier portavoz o grupo que se opone a su política, no solo en el ámbito de migración. Es una maniobra para intimidar a los jueces y quitarles la poca independencia que tienen”.

En octubre del año pasado la NAIJ refutó en duros términos la imposición de cuotas a los jueces, todo ello en el marco de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump, cuyo objetivo es perseguir y castigar la inmigración, principalmente indocumentada.

“La NAIJ está extremadamente consternada por los pasos, sin precedentes, tomados por este gobierno para imponer cuotas de producción a los Jueces”, dijo Marks. Y agregó que “si bien las metas de aspiración y las estimaciones de los tiempos de procesamiento promedio pueden ser medidas efectivas en términos de asignación de recursos, como dónde colocar jueces adicionales, estas medidas son completamente inadecuadas cuando se usan para evaluar el trabajo de un juez en función de métricas numéricas o basadas en el tiempo” (en que debe concluir un caso).

AILA dijo al respecto que la imposición de cuotas “es solo la última de una serie de cambios de políticas implementadas en el último año que socavan la independencia judicial, amenazan el debido proceso y evitan que las personas tengan un día justo en corte”.

Para la NAIJ el problema es más serio de lo que reconoce el gobierno. “Uno no puede cuantificar el debido proceso”, advierte Marks. “Cada caso tiene sus propios méritos que deben abordarse caso por caso. Un juez debe tener la libertad de permitir que las partes que tiene ante él presenten el testimonio y la evidencia documental necesaria para probar el caso, en lugar de limitarlo debido a consideraciones extrañas o presiones políticas”.

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