Jueces de inmigración “profundamente preocupados” por el envío a México de solicitantes de asilo

La dura política migratoria implementada por el gobierno de Donald Trump en la frontera con México sigue generando inquietud en los jueces de inmigración, quienes tienen en sus manos el futuro de miles de migrantes que huyen de sus países a causa de la violencia y pobreza y buscan la protección de Estados Unidos.

Uno de los programas vigentes, activado el 20 de enero, regresa a México a los peticionarios de asilo donde deben esperar la resolución de sus casos, que puede demorar meses, incluso años debido al atasco de más de 1 millón de expedientes en los tribunales.

Conocido como Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), el plan fue aceptado a regañadientes por México. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pudo detenerlo y evitar que su país se convirtiera en parte clave de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera.

En octubre el gobierno de Trump dijo que bajo el MPP poco más de 52,000 migrantes que pidieron asilo en la frontera habían sido regresados a México, donde esperan que sus casos sean resueltos en las cortes de inmigración.

Las cifras, sin embargo, no han sido compartidas con los jueces de inmigración, quienes deciden y decidirán el futuro de cada uno de ellos.

“La NAIJ (Asociación Nacional de Jueces de Inmigración) está profundamente preocupada por la falta de transparencia con respecto al MPP, tanto para el público, los atrapados en el proceso y los jueces involucrados”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Marks, presidenta honoraria de la entidad.

“No se nos consultó antes de que comenzara el programa, ni como se ha desarrollado”, agregó.

La Asociación también advierte que el debido proceso migratorio se encuentra en riesgo debido a la falta de transparencia del MPP.

“Varios problemas prácticos han sido planteados por este proceso”, dice Marks. “La implementación ha causado serios impedimentos para acceder a servicios de asesoramiento y pro-bono (para los migrantes que piden asilo, beneficios garantizados por ley) y la falta de capacidad del público para observar estos procedimientos”.

Los juicios de deportación y asilo en la frontera, adonde son citados los migrantes que esperan en México, se llevan a cabo en tribunales temporales que funcionan en carpas donde los jueces juzgan a través de un circuito cerrado de televisión a grupos de migrantes encerrados en una sala.

A la pregunta respecto a cuántos casos han sido resueltos favorablemente y cuántas órdenes de deportación han sido emitidas desde el 20 de enero, Marks dijo que “no tenemos acceso a estadísticas sobre cuántas personas han sido procesadas y tampoco al número de jueces asignados”.

No solo la falta de transparencia del MPP preocupa a los jueces de inmigración. En octubre la NAIJ dijo los procesos llevados a cabo en los tribunales temporales erigidos en la frontera “han invadido la capacidad de las personas de encontrar abogados para representarlos en estos casos complejos e incluso han hecho que el acceso por parte de abogados voluntarios sea difícil, si no imposible”.

La Asociación dijo además que, “creemos firmemente que la transparencia y el acceso público a nuestros procedimientos son esenciales para garantizar que cada persona que se presente ante nuestros tribunales reciba el debido proceso requerido por la ley”.

La NAIJ denunció además que menos del 2% de las personas” que están siendo procesadas bajo el MPP “han podido obtener abogados”, situación critica que les dificulta sus casos de asilo.

El MPP fue implementado por el gobierno de Trump en respuesta a la negativa del gobierno mexicano de declararse Tercer País Seguro, término basado en los principios de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y que permitiría a Estados Unidos negar asilos y remitir a las personas a México.