Jueces de inmigración apelan al Congreso que rechace amenazas de Trump y cree una corte independiente

Los jueces de inmigración se preparan para pedirle al Congreso federal que rechace las amenazas del gobierno de Donald Trump de quitarles sus derechos laborales, a la vez que solicitanrán una ley que garantice la independencia de las cortes de inmigración y que ya no dependan del secretario de Justicia.

La semana pasada se conocieron “planes” del gobierno de Trump para quitarle la certificación al sindicato de jueces y así, según creen, silenciar las críticas, sobre todo las de aquellos que no comparten la política migratoria del mandatario y denuncian los ataques para minar el correcto funcionamiento del debido proceso.

El Departamento de Justicia (DOJ) está utilizando “documentos legales para poner fin a los derechos laborales de los jueces” porque los jueces exponen “problemas en los tribunales”, dijo la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) en un comunicado.

Agrega que los miembros de la asociación “han apelado al Congreso” para que unan un esfuerzo bipartidista y “creen un tribunal independiente libre de influencia política” con el propósito de salvaguardar el debido proceso.

Un reporte del diario The New York Times publicado hace dos fines de semana reveló que el DOJ está intentando “descertificar” a la NAIJ, una maniobra que podría “silenciar a una organización cuyos miembros a veces han sido abiertamente críticos de la agenda de aplicación de la ley de inmigración del gobierno”.

El DOJ presentó una petición solicitando a la Autoridad Federal de Relaciones Laborales que determine si se debería revocar la certificación del sindicato porque sus miembros son considerados “funcionarios administrativos” no elegibles para organizarse colectivamente.

En respuesta a la afirmación del gobierno, que los jueces de inmigración son “funcionarios administrativos” que formulan y promueven políticas, la NAIJ rechazó el argumento señalando que “esto no es más que un intento desesperado del DOJ por evadir la transparencia y la rendición de cuentas, y socavar la independencia decisiva de los 440 jueces de inmigración que conforman las cortes”, dijo la jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación.

“Somos jueces de primera instancia que tomamos decisiones sobre la base de hechos específicos de un caso basados en las leyes de inmigración del país. No establecemos políticas y no gestionamos personal”, agregó.

La NAIJ indica que en la actualidad “los tribunales de inmigración no son parte de la rama judicial del gobierno”, y es donde “se atienden casos de inmigración que son gestionados por el Departamento de Justicia, lo que permite el fiscal general de la nación la autoridad de supervisión y el poder de contratar, despedir y controlar a los jueces que presiden las audiencias de inmigración”.

Ante este hecho, “en los últimos dos años la NAIJ ha sido muy crítica con los movimientos del gobierno para imponer una cuota de 700 casos por año para cada juez, y presionarlos para que procesen los casos más rápido, independientemente de la ley y los hechos del caso”, apunta.

Los ataques de Trump al trabajo de los jueces de inmigración comenzaron en enero del 2017, cuando llegó a la Casa Blanca e inició una serie de cambios a los reglamentos de la ley de inmigración sin la participación del Congreso.

“Bajo el gobierno de Barack Obama (2009-2017) la política de asilo, por ejemplo, era menos estricta con una población que iba a sufrir innecesariamente si no se agilizaban los procesos”, explica Receba Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante más de 17 años trabajó como fiscal de inmigración para el Departamento de Justicia.

“En el gobierno anterior la política del gobierno era más familiar. Pero con Trump no hay política de familia o tratar a una población vulnerable con más cuidado. Aquí se trata a todos como criminales e indeseables para la sociedad. Y los agentes de inmigración hacen sus trabajos bajo las órdenes que le dan sus jefes, y a su vez estos las reciben del gobierno”, indicó.

Entre las críticas que formulan los jueces se incluye, entre otras, la grave acumulación de casos en los tribunales, que borden los 900,000, así como el haber “despojado” a los jueces de la autoridad necesaria para “cerrar casos administrativamente”, una herramienta que permitía a los migrantes utilizar recursos legales para luchar por sus permanencias en el país.

La lista de privaciones incluye la cancelación del programa de intérpretes en las primeras audiencias, falta de personal adecuado, personal de apoyo adecuado y acceso a tecnología actual, carencias que lesionan el debido proceso.

” Se trata de limitaciones estudiadas”, dice Sánchez-Roig. “Han ido limitando el tiempo que tienen los jueces para llevar a cabo sus casos. Y dentro de esta estrategia impiden que una persona pueda avanzar por otros caminos legales. Apuran los casos para deportar. Por eso ralentizaron el proceso administrativo y agilizaron el proceso judicial”.

La NAIJ también rechaza el título de “gerentes” que quiere imponerles el gobierno para silenciarlos. “Es absurdo que alguien nos considere gerentes”, dijo Tabaddor. “Ni siquiera tenemos la autoridad para pedir lápices”.

La asociación reitera que “esta no es la primera vez que el DOJ plantea la teoría de que los jueces de inmigración son gerentes. Hace dos décadas, ese ministerio hizo un intento similar de descertificar el sindicato de jueces. En 2000, la FLRA (Autoridad Federal de Relaciones Laborales) dictaminó en ese momento que los jueces de inmigración no actúan como gerentes”.

Desde esa decisión, agrega, “el papel y las responsabilidades de los jueces se han reforzado más como jueces de primera instancia que como gerentes. Y en los últimos dos años, por ejemplo, el DOJ ha eliminado cualquier oportunidad para que los jueces presten servicios de asesoría a funcionarios de gestión, y se ha negado reiteradamente incluso a consultar a NAIJ sobre decisiones que afectan las operaciones judiciales diarias”.

La asociación advierte además que el sindicato de jueces está afiliado a la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, un sindicato mucho más grande que representa a miles de empleados federales altamente educados, incluidos científicos de cohetes de la NASA, ingenieros empleados por la Armada y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y jueces de derecho administrativo que escuchan casos relacionados con reclamaciones de la Seguridad Social.

Según el presidente de IFPTE (International Federation of Professional and Technical Engineers), Paul Shearon, “esto no es nada más que la ruptura sindical simplemente, y parte de un patrón inquietante. La Casa Blanca ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que limitan la capacidad de los sindicatos federales para plantear preguntas sobre abusos e ineficiencias, y han tratado de obstaculizar la capacidad de un sindicato para representar plenamente a los trabajadores federales que a menudo están atrapados en un laberinto burocrático”.

Shearon dijo además que “esta administración no quiere que se les haga responsables, y especialmente no quieren que nadie mire por encima del hombro en asuntos de inmigración”.

NAIJ fue un paso más allá. “Es en el mejor interés del pueblo estadounidense que los jueces escuchen los casos basados únicamente en la ley y los hechos presentados, libres de consideraciones políticas”, dijo Tabaddor. “Este no es un problema demócrata o republicano o de izquierda a derecha”, añadió.

La Asociación Nacional de Jueces dijo además que “ha abogado durante mucho tiempo para que los jueces de inmigración sean ubicados en una agencia independiente, similar a los tribunales de bancarrota e impuestos de la nación, en lugar de estar bajo el control del DOJ”, un movimiento que en los últimos meses “ha ganado popularidad en ambos lados del pasillo en el Congreso”, apuntó.

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