Jueces de EUA deportaron a 2,060 menores durante 2014

Alan y Brenda son dos hermanos salvadoreños, de Sierra Morena, en Soyapango. Ella se vino primero a Nueva Jersey, a la casa de su padre. Vino huyendo de las pandillas, a las que se unió luego de que un “emese” la violó y la obligó a recolectar dinero de extorsiones. La policía la capturó y la oficina de la Fiscalía General en Soyapango le pidió que declarara como testigo. Ella lo hizo. Su padre sabía que después de eso, la única opción era traerla a Estados Unidos. Brenda tiene hoy 16 años.

Alan vino después, porque los pandilleros que ya habían amenazado a su hermana empezaron a acosarlo en Sierra Morena. Alan tiene 17 años. También está ya en Estados Unidos. Según documentos de una corte migratoria en Nueva Jersey, los dos menores (los nombres son ficticios por razones legales y de seguridad) pidieron asilo ante el juez de la jurisdicción. El alegato de los abogados: Brenda pertenece a un grupo social particular vulnerable, el de mujeres centroamericanas asediadas por la violencia, y además ha expresado un temor creíble de que si regresa a El Salvador su vida corre peligro; y Alan es parte de un grupo similar, el de hombres jóvenes, de entre 14 y 25 años de edad, que viven en zonas asediadas por pandillas en Centroamérica, y su vida también corre peligro.

Las peticiones de asilo entraron a la corte entre diciembre de 2014 y marzo de este año. Por ahora, la resolución del juez está pendiente. Son dos de los 21,639 casos de salvadoreños que aún están pendientes en cortes migratorias de Estados Unidos, según datos del período comprendido entre 2005 y 2015 y recabados por la Universidad de Syracuse a través de su programa de rastreo migratorio. Solo en 2014, las cortes migratorias deportaron a 9,992 menores indocumentados, la mayoría provenientes de México y el Triángulo Norte de Centroamérica, según las estadísticas de Syracuse. Del total para ese año, 2,060 eran salvadoreños.

Esas estadísticas, que recogen las cifras de todas las cortes migratorias del país, demuestran que Alan y Brenda tienen posibilidades más altas de no ser deportados de Estados Unidos que otros jóvenes, por una sola razón: tienen un abogado que los represente en la corte. De acuerdo con un estudio reciente, publicado por el Instituto de Política Migratoria de Washington (MPI, en inglés), uno de los tanques de pensamiento más respetados en el tema, el 90 % de los menores que fueron deportados en 2014, desde una corte a través de procesos expeditos o desde la frontera, nunca contó con representación legal en una corte.

Una parte desconocida de la crisis

Cuando entre finales de mayo y finales de julio del año pasado la cifra de menores indocumentados que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México procedentes del sur aumentó tanto como para llamar la atención de la Casa Blanca, empezó una crisis política sin precedentes en Estados Unidos, que a la fecha ha empujado al presidente Barack Obama a dictar medidas ejecutivas de alivio migratorio e incluso ha replanteado el diálogo entre Washington y los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, hogares de la mayoría de jóvenes migrantes. Hay una parte de la crisis, sin embargo, que es poco conocida: el retraso en las decisiones de las cortes migratorias a las que los jóvenes son remitidos.

No es un problema menor. De acuerdo con la ley estadounidense, ningún menor indocumentado puede ser repatriado directamente a su país de origen sin pasar por una corte migratoria.  Y, según una auditoría de la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas (GAO, en inglés) publicada en febrero pasado, la expectativa de muchos jóvenes migrantes de que al llegar a Estados Unidos no serían deportados inmediatamente también tuvo que ver en el aumento de las cifras el verano pasado. El estudio del GAO, no obstante, señala que la violencia y la falta de oportunidades de desarrollo fueron las principales causas de migración desde Guatemala, El Salvador y Honduras.

Un estudio reciente del MPI, titulado “Migración de jóvenes no acompañados a los Estados Unidos: Tensión entre protección y prevención”, pone al centro de la discusión el reto que el sistema migratorio estadounidense tiene para determinar con eficiencia y justicia si menores como Alan y Brenda son sujetos de asilo o de otra forma de alivio migratorio dadas las condiciones adversas en sus países. “Un reto central en términos de política pública, desvelado por la crisis, es cómo proveer protección a migrantes que son genuinamente vulnerables mientras se restringe la admisión no autorizada de migrantes que no tienen reclamos humanitarios válidos”, dice el reporte de MPI.

Saturadas

Uno de los problemas, dice el tanque de pensamiento, es que las cortes migratorias están sobrepasadas y tienen una mora que no les permite solventar los casos con celeridad. “Los migrantes pueden esperar hasta dos años por una audiencia migratoria, y en la mayoría de casos se quedan en Estados Unidos y usualmente se reúnen con parientes… lo cual (es) una política de facto de admisión abierta para los niños”, concluye MPI.

Las estadísticas de Syracuse parecen dar la razón a las conclusiones del instituto: de los 153,101 casos vistos por cortes migratorias entre 2005 y marzo de 2015, 70,746 siguen pendientes; es decir, el 46 % de casos. La mayoría de los expedientes no resueltos, poco menos del 80 %, es de menores que llegaron a Estados Unidos en 2013 y 2014. Como Alan y Brenda.

El MPI concluye en su estudio que los largos tiempos de espera y la falta de servicios legales para menores con casos humanitarios válidos “limitan la habilidad del sistema para proteger a grupos vulnerables”. Una de las recomendaciones que hace el MPI para resolver la mora es otorgar a la Oficina de Control de Migración y Aduanas (ICE, en inglés) con herramientas y poderes legales para que sus oficiales asignados en los puntos críticos de llegada, las fronteras, puedan decidir “in situ” otorgar asilos cuando los casos de peligro de muerte para los migrantes, en caso de ser deportados, sean evidentes. Por ahora, Alan y Brenda tendrán que esperar, hasta dos años según las estadísticas, antes de saber si el juez que ve sus casos decide regresarlos a Sierra Morena, en Soyapango, El Salvador.

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