Jeff Sessions deshace la decisión de Obama y mantendrá las cárceles privadas

El fiscal general Jeff Sessions dio marcha atrás este jueves a la decisión de la administración de Barack Obama para reducir el uso de las prisiones privadas y firmó un contra memorando para mantenerlas en funcionamiento. Esto a pesar de las advertencias hechas hace menos de un año de que en los centros que no son del Estado la seguridad y protección de los reclusos es inferior.

La orden firmada por Sessions –con fecha del martes, pero publicada el jueves– rebate una decisión que tomó el 18 de agosto de 2016 la entonces vicefiscal general Sally Yates por considerar, citan distintos medios, que rescindir de las instalaciones penitenciarias privadas “disminuye la habilidad del Buró (Federal de Prisiones) para encarar las necesidades que pueda tener a futuro el sistema federal correccional”.

Pero una semana antes de que Yates hiciera el anuncio, se dio a conocer un reporte del inspector general del Departamento de Justicia basado en tres prisiones privadas investigadas. Se concluyó entonces que estas tenían tasas mayores de agresiones entre reclusos y de los presos hacia los empleados, además de que se confiscaron ocho veces más celulares (al año) contrabandeados que en las instalaciones del gobierno.

La página del Buró Federal de Prisiones (FBP, por su sigla en inglés) establece que son 12 las instituciones privadas que trabajan con el Estado. La mayoría están en Texas y Georgia y en total, las registradas en la web del FBP albergan a 21,360 reclusos.

La organización independiente para la defensa de los derechos civiles, ACLU, reaccionó casi de inmediato a través de un comunicado tras conocerse la decisión del nuevo fiscal general de Trump.

El director del proyecto de prisiones, David C. Fathi, considera que devolver el control de las prisiones a agentes privados “es una fórmula para el abuso y la negligencia” y una muestra de que la administración de Trump prepara para Estados Unidos “un nuevo auge de las prisiones federales alimentado en parte por las acusaciones criminales a inmigrantes por entrar al país”.

Fathi considera que la medida va en consonancia con las políticas migratorias del presidente de detener y deportar a buena parte de los 11 millones de indocumentados: “(Trump) Ha manifestado recurrentemente su apoyo a una nueva legislación para imponer un severo e innecesario mínimo de sentencias mandatorias para estas acusaciones”.

Desde su nominación, Sessions, el primer senador en funciones que expresó su respaldo a Trump, ha sido una figura polémica por sus posturas antiinmigrante. En 1986, el Senado rechazó su nombramiento como juez federal por comentarios que fueron interpretados como despectivos hacia las minorías raciales. En ese entonces se le acusó de no haber protegido el acceso de los votantes negros en un caso de fraude electoral. También es conocido por su férrea oposición a cualquier tipo de reforma migratoria o de beneficio para los millones de indocumentados que viven en el país y ha sido considerado por algunos como simpatizante del KKK.

Según el Huffington Post, las dos mayores compañías que operan estas prisiones aseguraron tener suficientes celdas para albergar a nuevos reclusos en caso de que las del Estado no tengan la capacidad. Citan a ejecutivos de GEO Group que hablan de unos 5,500 espacios inutilizados que su vicepresidente, David Donahue, pone a la disposición “inmediata” al asegurar que “cumplen con los estándares nacionales de detención del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)”.

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