Intercambio de información entre el DHS y el Seguro Social pone en alerta a la comunidad inmigrante

Un programa anunciado esta semana por el gobierno de Donald Trump hizo saltar nuevamente las alarmas en la comunidad inmigrante. A partir del 19 de enero del 2020 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartirá datos de extranjeros deportados con la Administración del Seguro Social (SSA) para revisar si pueden recibir fondos de compensación.

Si bien ya existe una política vigente respecto a los indocumentados —que no tienen derecho a recibir pensiones aunque hayan trabajado toda una vida en Estados Unidos—, las preocupaciones se enfocan en otro asunto todavía más complejo.

“El programa le dará al DHS la oportunidad de conocer la información de todo el que aporta a sus fondos de jubilación, sean documentados o indocumentados”, dice la abogada de inmigración Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Houston.

Y también de personas que reciben beneficios y la ley exige que estén físicamente presentes en el territorio de Estados Unidos.

“Un residente legal permanente (green card) tiene derecho a recibir beneficios del Seguro Social y la ley estipula que esa persona esté aquí”, explica el abogado de inmigración Nelson Castillo. “Pero muchos que lamentablemente fueron deportados aún siendo legales, siguen recibiendo esos fondos estando fuera, sin que la ley lo permita. A eso apunta el programa”, indica.

Otra preocupación se centra en que se conozca la información personal de quienes poseen números de Seguridad Social con restricciones para trabajar legalmente en Estados Unidos. “Es un temor razonable”, añade Hines. “Bajo este gobierno todo es posible. Y tengo mucho miedo de que usen cualquier información para localizar a gente indocumentada, porque esa ha sido y es la meta del presidente Trump”.

El 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva relacionada con las jurisdicciones santuario.

Según indica el decreto, las agencias del gobierno federal “deberán, en la medida en que sea compatible con la legislación aplicable, garantizar que sus políticas de privacidad excluyan a personas que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes de las protecciones de la Ley de Privacidad”.

“Nosotros estamos monitoreando no solo este nuevo programa, sino también otros similares implementados para perseguir y deportar a inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

En el blanco de las inquietudes se ubica el Servicio de Rentas Internas (IRS), cuya base de datos almacena la información de poco más de 6 millones de inmigrantes indocumentados que pagan sus impuestos utilizando un Número de Identificación Único de Contribuyente (ITIN).

“La comunidad no está al tanto de todo lo que piensa hacer el gobierno”, dice Salas. “Para mí es más importante que las organizaciones que monitorean esto y estamos litigando, que nos aseguremos que se respete la privacidad de las personas. Que el gobierno no se meta en las bases de datos para perseguir a la gente”, dijo Salas y gregó: “Están ocurriendo tantas cosas que, cuando se presenta un nuevo ataque o amenaza, todavía estamos litigando el golpe anterior”.

La Administración del Seguro Social (SSA) indica que la política vigente “prohíbe que el titular de un número de Seguro Social obtenga beneficios de jubilación y/o discapacidad cuando recibe un aviso del DHS de que el individuo ha sido deportado o retirado de Estados Unidos”.

“ Los datos sobre las personas deportadas por el DHS se comparan con los archivos del SSA para localizar un Número de Seguro Social (SSN) o para verificar que el SSN reportado por el DHS asignado a la persona deportada es correcto”, dijo Patricia Raymond, portavoz de la agencia.

La política mencionada por Raymond precisa que el DHS “rutinariamente envía informes a la SSA sobre deportaciones y que mantiene esos datos en sus archivos.

Las explicaciones, sin embargo, no despejan las dudas. Sobre todo, porque el programa anunciado por el DHS no elimina los temores de que el gobierno insista, por cualquier medio legal posible, acceder a la data de los millones de indocumentados que viven bajo las sobras del anonimato.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) puso en la mira las actividades del gobierno de Trump, sobre todo en materia de inmigración.

En abril del año pasado, el grupo de derechos civiles, bajo el amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), exigió información sobre si la SSA cumple con la ley federal y no comparte información fiscal confidencial con las autoridades de inmigración.

Explicó que los empleadores deben informar el nombre, el número de Seguro Social y la información de ganancias de cada empleado al IRS en los formularios “W-2”. Y que, según las leyes fiscales, estos formularios pueden compartirse con la SSA para la administración del sistema de Seguridad Social.

Las leyes fiscales permiten que el IRS comparta cierta información sobre las ganancias de los trabajadores individuales con la SSA, de modo que se pueda calcular el derecho de cada trabajador a los beneficios del Seguro Social. Los empleadores deben informar el nombre, el número de Seguro Social y la información de ganancias de cada empleado al IRS en los formularios “W-2”.

Advirtió además que, si la información de las declaraciones de impuestos se compartiera con las agencias de aplicación de la ley como el DHS, eso crearía un gran desincentivo para que las personas cumplan con las leyes fiscales, en primer lugar.

Si bien la ley federal requiere que la información tributaria se mantenga estrictamente confidencial, ACLU señala que el DHS ha intentado utilizar lo que se llama información “no coincidente” en las bases de datos de la SSA para llevar a cabo los objetivos de aplicación de la ley de inmigración.

Por eso las preocupaciones tras el anuncio del nuevo programa, porque no se conoce aún el reglamento que normará su uso.

Hines advierte que el nuevo programa “es una manera más para que la gente tenga miedo. Y si tiene miedo dejará entonces de aportar, y tampoco algunos accederán a beneficios que realmente tienen derecho de utilizar”.

Agrega que, en cuanto a las personas indocumentadas deportadas, “todos sabemos que no pueden recibir beneficios del Seguro Social, aunque su dinero al final del día se lo queda el gobierno porque no se los regresa cuando se jubilan”.

“Los indocumentados aportan más, mucho más de lo que utilizan, y todo ese dinero se queda en las arcas nacionales. Pero aquí el temor más grande es que el DHS obtenga esta información. Creo que la meta del gobierno en estos tres años es deportar a cualquier persona extranjera que no tenga estatus legal de permanencia en Estados Unidos”, puntualizó.

“No vamos a dejar de estar monitoreando. Si encontramos abusos los vamos a denunciar ante los tribunales de justicia”, aseguró.

El 26 de enero de 2017, un día después de que Trump firmara la orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario, Univision Noticias reportó que, de acuerdo con la página web de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), para esa agencia “la privacidad es más que un valor fundamental que nosotros, como estadounidenses, acogemos: es la ley”. La página también señala que “todo el personal, incluso los empleados y contratistas federales, son responsables de manejar información personal apropiadamente de acuerdo con sus funciones oficiales”, y que el mal manejo de información “puede constituir un delito, lo cual puede resultar en multas personales”.

Pero julio de este año, la USCIS confirmó a Univision Noticias que estaba colaborando con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia encargada de deportar a extranjeros, tras negarles beneficios y castigarlos por violaciones a las leyes de inmigración.

La dependencia dijo que la colaboración fue ordenada por el entonces director, Ken Cuccinelli, “para mitigar la crisis fronteriza” desatada tras la llegaba de miles de personas que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y buscan asilo en Estados Unidos.

“Hay una emergencia nacional en nuestra frontera sur”, dijo Jessica Collins, portavoz de la USCIS por medio de un comunicado. “Debido a que el Congreso se niega a proporcionar los cambios específicos necesarios para cerrar las lagunas legales en nuestras leyes de inmigración, la USCIS continúa asociándose con el DHS y nuestras agencias hermanas para mitigar la crisis”, agregó.

A mediados de noviembre Cuccinelli dejó la dirección de la USCIS para asumir como subdirector interino del DHS.

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