Informe señala que programa migratorio de ICE viola leyes federales

El Programa de Cumplimiento Prioritario (PEP), que busca la colaboración de autoridades locales para la deportación de indocumentados, viola las limitaciones legales, según un informe de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y Centro Nacional de Justicia Inmigrante (NIJC).

El documento difundido hoy destaca que PEP, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), contraviene la ley migratoria federal al pedir que retengan a un preso sin “orden judicial”.

El reporte pone de relieve que ICE emite cada mes unas 5.000 órdenes de detención que violan la Constitución, y destaca que el pasado mes de septiembre una corte federal en Illinois determinó que la práctica de detenciones de esta agencia bajo PEP “viola rutinariamente leyes federales de inmigración”.

El documento recuerda que el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, puso en marcha en 2014 el programa PEP, que reemplazaba a su predecesor y polémico Comunidades Seguras, con la intención de “reemplazar las peticiones de detención” de individuos sujetos de deportación con “peticiones de notificación”.

No obstante, el texto resalta que reportes recientes revelan que “cuatro de cada cinco solicitudes hechas por oficiales de ICE en el marco del programa PEP son peticiones de detención”.

“ICE utiliza PEP para solicitar la detención de personas sin antecedentes penales en tasas aún mayores que las de Comunidades Seguras”, afirma el documento, que cuantifica en 67.000 las detenciones ilegales cada año.

El informe señala además que la detención de un preso más allá de la fecha en la que debió haber sido liberado a petición de ICE debe estar justificado por la Cuarta Enmienda de la Constitución, que requiere la emisión de una orden por parte de un “juez neutral” que autorice su mantenimiento en custodia.

Algunas cortes federales han encontrado que las agencias estatales o locales podrían ser responsables también de la “detención prolongada bajo la práctica de retención de ICE, que viola la Cuarta Enmienda”, y por lo mismo están en su derecho de “cuestionar su participación en acciones ilegales de ejecución”, según el documento.

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