Informe revela expansión de detención y trabas para familias que piden asilo en EEUU

Estados Unidos tiene el peor historial de detención de solicitantes de asilo en el mundo, y bajo la Administración Trump el proceso de asilo afronta más barreras que nunca, según un análisis divulgado hoy.

El estudio de casi 50 páginas, realizado por el “American Immigration Council”, es el primero de su tipo que recaba más de 15 años de datos sobre la práctica de encerrar en centros de detención a familias que solicitan asilo en Estados Unidos.

El análisis destacó que entre 2001, cuando se abrió el primer centro de detención de familias inmigrantes, y 2016, hubo un “aumento astronómico del 3,400%” en el número de camas reservadas para la detención de familias en estados como Nuevo México, Texas y Pensilvania, mientras aguardan la resolución de sus peticiones de asilo.

El documento fue difundido en unos momentos en que la Administración Trump ha solicitado al Congreso más fondos para ampliar los centros de detención para familias y para 15,000 camas adicionales; aboga por la detención indefinida de las familias, y mantiene su política de “tolerancia cero” en la frontera sur, pese a las demandas entablas para impugnarla.

En la actualidad, tres de los cinco centros de detención de familias siguen abiertos y tienen una capacidad para más de 3,500 padres y niños a diario.  Se calcula que el costo promedio de la detención de inmigrantes puede alcanzar hasta $320 por día por persona.

El estudio reveló, tras analizar documentos judiciales y del gobierno, la expansión de un sistema que “encarcela a familias que buscan asilo, a veces por períodos prolongados, y que presenta serias trabas a un proceso judicial justo”.

La decisión de la Administración Trump de detener a padres e hijos menores para disuadir la inmigración ilegal “es errónea y perjudicial” para estas familias, indicó el análisis de 18,000 procedimientos judiciales entre 2001 y 2016.

El estudio se centró en la adjudicación de casos de familias en cinco centros de detención y los obstáculos que afrontaron, y determinó que “el gobierno ha utilizado la detención de forma excesiva e innecesaria”.

Sólo el 47% de las familias detenidas tuvo acceso a un abogado en los tribunales, en comparación con el 76% de las familias puestas en libertad. La presencia de un abogado puede marcar la diferencia entre ganar o perder un caso, o evitar la deportación.

El 93% de las audiencias en los centros de detención, especialmente en zonas remotas o lejos de centros urbanos, se realizó mediante videoconferencia, y no en persona en un tribunal.

El 96% de los solicitantes de asilo que salió en libertad acudieron a todas sus citas en los tribunales de Inmigración, contrario a los argumentos que usan legisladores y activistas conservadores para exigir “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados.

Además, el 59% de las familias detenidas, a las que se les había negado la puesta en libertad, logró apelar la decisión de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y que un juez programara audiencia para una fianza.

Del total de familias que acudieron a la audiencia para fijar fianza, el 57% logró que el juez aprobara su puesta en libertad.

Durante una conferencia telefónica con periodistas, Ingrid Eagly, co-autora del informe, señaló que la práctica de detener a las familias no es un fenómeno nuevo, pero al menos ahora hay datos precisos y exhaustivos sobre la suerte que corren esas familias en los tribunales.

“Los 15 años de datos presentados en este informe dan hierro a las constantes críticas de que la detención de familias que solicitan asilos es innecesaria, costosa e inhumana”, afirmó Eagly, profesora de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en Los Angeles.

Para los autores del informe, éste aporta pruebas contundentes de lo que han venido exigiendo durante años activistas de la comunidad inmigrante: las familias deben tener derecho al debido proceso sin ser detenidas o sometidas a la “vía rápida” hacia la deportación.

También es importante que los solicitantes de asilo tengan acceso a abogados financiados por el gobierno; que los jueces de Inmigración tengan los recursos y capacitación para procesar los casos, y puedan hacer su trabajo libres de interferencias políticas.

Por su parte, Royce Bernstein Murray, director de políticas del “American Immigration Council”, precisó que el informe confirmó los retos especiales que afrontan familias en zonas remotas para conseguir un abogado.

El documento también ofrece pruebas de que hay alternativas menos costosas y “más humanas” que la detención de familias, y que éstas tienen mayores posibilidades de lograr justicia en sus casos, enfatizó.

Michele Brané, directora del programa de Derechos de los Migrantes de la “Women´s Refugee Commission”, apoyó las recomendaciones del estudio al señalar que existen programas alternativos y menos costosos, que permiten a las familias el debido proceso y que evitan el trauma físico y mental de los niños.

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