Indiana pide a corte que ratifique ley migratoria estatal

La medida, inspirada en la ley SB 1070 de Arizona, fue frenada temporalmente en junio de 2011.

A finales de julio Indiana dijo que no apelaría el fallo de una corte federal que frenó la entrada en vigor de partes controversiales de una ley migratoria inspirada en la polémica SB 1070 de Arizona contra la inmigración indocumentada. Pero 10 meses más tarde los abogados del aun fallo del estado argumentan que la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA) exagera los poderes que la medida otorga a la policía estatal y le pide al juez que la ratifique para que entren en vigor cuanto antes.

La oficina del Procurador General de Indiana presentó esta semana un informe al tribunal de Indianápolis en el que sostiene que la ACLU y otros demandantes caracterizaron erróneamente la ley, y señala que sus disposiciones “no ordenan que la policía local arreste personas de modo caprichoso en base a la mera sospecha de que algún individuo podría estar sin permiso en Estados Unidos”, reportó The Associated Press.

En 2011 el congreso de Indiana aprobó una medida que otorga poderes extraordinarios a las policías locales para hacer cumplir leyes de inmigración en determinadas circunstancias. Pero tres inmigrantes, representados por la ACLU de Indiana y el Centro Nacional de Derecho Inmigratorio, interpusieron una demanda en la que sostienen que la citada ley concede a las policías poderes de arresto inconstitucionales contra inmigrantes que no han cometido delitos.

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El fallo de julio

En julio del año pasado la jueza federal Sarah Evans Barker bloqueó las partes más controvertidas de la ley migratoria de Indiana, accediendo de esa manera a una petición interpuesta por la ACLU y el National Immigration Law Center, quienes en mayo de 2011 demandaron al estado. Ambas entidades argumentaron que la ley da a la policía poderes amplios para realizar detenciones de inmigrantes que no han cometido delitos.

Los demandantes pidieron además que en esa inhabilitación sea permanente.

La ACLU ha dicho que la redacción de la cuestionada ley permitiría el arresto de todo aquel sobre el que pese una notificación de las autoridades inmigratorias, un formulismo que afecta prácticamente a todos quienes solicitan estar en Estados Unidos.

El estado argumenta que la policía sólo podría arrestar a los inmigrantes que tuviesen documentos indicativos de que el gobierno federal ha ordenado su remoción o detención, y que la ley permite que los policías usen su discreción, escribió la AP.

La agencia agregó que el director legal de la ACLU, Ken Falk, dijo que la ley no requiere la cooperación con las autoridades federales debido a que la policía podría acceder a los documentos inmigratorios por otros medios, como por ejemplo varias bases de datos, o sencillamente viendo una orden de detención sobre el asiento delantero del automóvil de un inmigrante.

Matrículas consulares

Otra parte bloqueada de la ley de Indianápolis en julio de 2011 fue una medida que prohibiría a los indocumentados el uso de cédulas expedidas por consulados extranjeros como prueba de su identidad.

La ACLU calcula que el consulado mexicano en Indianápolis ha emitido aproximadamente 70 mil de esas tarjetas de identificación, y señaló que esas medidas interferirían con los tratados internacionales que permiten su expedición.

La embajada de México acreditada en Estados Unidos dijo a Univision.com que entre 2001 y 2010 sus consulados han extendido 8.3 millones de matriculas, se aceptan en 265 condados, 437 concejos la consideran un documento válido de identificación, 1,426 departamentos de policía y alguaciles la permiten, la aceptan 276 instituciones financieras y en 43 estados al menos una entidad la acepta.

Larga lista de medidas

La ley de Indiana fue promulgada por el gobernador Mitch Daniels el 10 de mayo del año pasado y forma parte de un paquete de al menos 80 proyectos aprobados por la legislatura estatal.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y de derechos civiles no están rechazando todas las provisiones de la ley amplia, que despoja también de ciertas deducciones fiscales a los patrones que contraten a indocumentados.

El principal punto de controversia es el poder de las autoridades para realizar arrestos.

La ley permite que la policía detenga a inmigrantes bajo ciertas condiciones, como si enfrentan una orden de expulsión emitida por un tribunal de inmigración. Sin embargo, la demanda presentada por la ACLU señala que algunas de las condiciones son demasiado amplias, pueden aplicarse a discreción a miles de inmigrantes y violan el requisito constitucional de una causa probable.

Por ejemplo, la ACLU señaló en sus argumentos que la redacción de la ley permitiría la detención de cualquiera a quien se ha emitido una notificación de las autoridades migratorias, un trámite que afecta prácticamente a toda persona que solicita estar en Estados Unidos por cualquier motivo.

“El estatuto autoriza a la policía de Indiana para arrestar a personas pese al hecho de que no exista causa probable de que esas personas hayan cometido delitos”, señalaron los grupos en un informe presentado este mes.

La ley de Indiana, además de otorgar poderes extraordinarios a las policías para detener a inmigrantes que no lleven consigo documentos de identificación, convertiría en un delito el uso de credenciales de identificación expedidas por consulados extranjeros, como por ejemplo la Matrícula Consular Mexicana.

Otros detalles

Entre las legislaciones aprobadas por la legislatura de Indiana, una niega a los indocumentados el derecho de pagar las mismas cuotas que los residentes legales del estado en las universidades apoyadas por Indiana. Otra, revoca algunos créditos fiscales a empresas que contratan a indocumentados.
El Senado de Indiana también aprobó una propuesta que otorga multas severas y retira licencias a compañías que contraten a inmigrantes sin papeles que demuestren su estadía legal en Estados Unidos.

Otra de las leyes emitidas, la SB 590, permite a los agentes de policía locales (estatal y municipal) pedir documentos de residencia a personas que sean detenidas por infracciones menores, como de tránsito, si el oficial tiene una “sospecha razonable” de que el detenido es indocumentado.

Una más obliga que documentos oficiales sean impresos sólo en idioma inglés y que no se use otro idioma ni en reuniones públicas o sitios de Internet oficiales.

Las medidas también obligan a las empresas a participar en el programa federal conocido como “E-verify” para verificar el estatus legal de sus empleados. Y establece que el fiscal general del estado investigue las quejas presentadas contra las empresas e imponga acciones contra quienes violen los nuevos reglamentos.

El fiscal general de Indiana también autorizaría que la policía estatal ofrezca capacitación a la policía local para combatir la inmigración ilegal en “zonas problemáticas” del estado.

La Cámara de Comercio de Indiana, al igual que grupos defensores de los derechos de los indocumentados, se opone a las medidas e insisten en que el combate a la inmigración ilegal es tarea del gobierno federal.

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