Impulsan ley para frenar deportaciones en Arizona.

Con este proyecto llamado “Ley de la Confianza”, por ser similar a otras medidas en California y en el Condado Cook de Chicago, Méndez quiere que la comunidad inmigrante no tema llamar a la policía por miedo a ser deportada.

“Esto limita la forma en que la policía trabaja con el gobierno federal, para que se enfoquen en los verdaderos delitos que están siendo cometidos y para que nuestras comunidades puedan reparar la confianza que tienen con la policía”, dijo Méndez.

Con el programa llamado Comunidades Seguras, el gobierno federal comparte bases de datos con huellas digitales de personas detenidas por la policía y puede pedirle que detengan a esa persona en su nombre.

“Esta ley le da la posibilidad a las corporaciones policíacas de que ya no tengan que pasar a las personas con migración”, dijo Carlos García, director de la organización defensora de los inmigrantes PUENTE, con su sede en Arizona.

El proyecto también requiere que el gobierno federal cubra los costos asociados con la detención de cualquier persona por motivos migratorios.

En el 2010, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, proclamó la ley que requiere que la policía contacte a las autoridades de migración si tiene sospechas de que una persona se encuentra ilegalmente en el país.

Méndez espera que el nuevo proyecto se convierta en un antídoto para la ley que inspiró propuestas similares en todo el país.

Ante la ausencia de un cambio en las leyes federales de migración mediante una reforma migratoria, Méndez y una coalición que forma parte de la campaña “Ni una deportación más” esperan que otros estados aprueben medidas similares.

En el 2011, el Condado Cook aprobó una ordenanza que prohíbe la cooperación con la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) a menos que se presente una orden para el arresto de un individuo.

Jesús García, un comisionado por el distrito 7 del Condado Cook viajó hasta Arizona para apoyar el proyecto de Méndez y aseguró que la ordenanza les había servido para restablecer la confianza de la comunidad con la policía.

“Nosotros tenemos que poner en el centro del debate el sufrimiento de las personas” Pablo Alvarado, director de La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) que encabeza la campaña “Ni una deportación más”. “Vamos a parar el daño que se está causando ahora mismo”, afirmó. 

A la par del de Méndez, otro proyecto propone todo lo contrario, que la presencia de una persona indocumentada en Arizona se convierta en un delito por traspasar la propiedad privada del estado.

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