ICE revisa la “totalidad de las circunstancias” del programa de visa U y garantiza que respetará, por ahora, los casos ya presentados

Abogados y directores de la agencia federal iniciaron esta semana una revisión a la “totalidad de las circunstancias, incluyendo cualquier factor favorable o adverso, y cualquier interés federal para decidir si deja sin efecto la suspensión de la deportación y si el término del proceso de adjudicación de la visa es apropiado”, señala un documento publicado por la agencia.

El actual reglamento rige desde 2009. La revisión permite que “ICE use su discreción al determinar si concede una solicitud de suspensión de retiro en función de la totalidad de las circunstancias”, indica la agencia.

ICE señala además que, a medida que aumentó el número de peticiones de visa U presentadas a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), “este proceso se convirtió en una carga para ambas agencias y, a menudo, no tuvo impacto en las decisiones de ICE”.

Abogados advierten que la revisión de los protocolos no debería afectar a los extranjeros cuyos casos fueron presentados y están en espera de un cupo de visa disponible, pero no existen garantías.

“Generalmente, cuando hay un cambio grande en un alivio migratorio, las personas que tienen peticiones pendientes se les ha respetado el caso. Pero con este gobierno hemos visto casos en los que no ha sido así”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

En el caso de que una víctima de violencia reciba una notificación indicándole que quedó sin efecto la suspensión de su deportación, Gálvez dijo que, “dependiendo de cómo se encontraba el proceso hasta ese momento, el afectado regresa a su estado migratorio anterior”.

“Muchos han tenido una orden de deportación cuando solicitaron la visa U. Si la suspensión de este paso queda nula o se revierte, lo más probable es que ICE tenga que ejecutarla”, advirtió.

Sin embargo, previno, “las personas víctimas de delitos, por respeto, no los deportan. Y si bien los fallos de la visa U son inapelables, yo pienso que debe haber una manera legal de evitar que estas personas sean expulsadas de Estados Unidos”, precisó.

Respondiendo a la pregunta sobre si los cambios que se determinen afectarán negativamente a las víctimas de delitos que ya presentaron una petición de visa U o quienes lo hagan en el futuro, la agencia no dio una respuesta clara y se limitó a decir que “existen una serie de características en las nuevas directivas que son clarificadoras y beneficiosas para las víctimas de delitos”.

Entre ellas menciona que ICE seguirá cumpliendo con la ley aplicable “que rige las visas U” y alentará a las víctimas de delitos para que “colaboren” con las autoridades de policía.

Añade que la ayuda entregada por un peticionario de visa U a las fuerzas del orden público, fiscales, jueces u otro funcionario en la detección, investigación, enjuiciamiento, condena o sentencia de actividad criminal “generalmente se considerará un factor favorable significativo”, pero no es necesariamente será un factor determinante para conceder la visa.

A la cuestión respecto a qué sucederá con los miles en lista de espera (al 30 de diciembre la USCIS tenía 234,114 peticiones de visa U pendientes en sus manos), el gobierno dijo que “es política de ICE respetar el otorgamiento de la acción diferida del USCIS a un solicitante en lista de espera de este beneficio”.

La cuota de visas U autorizada por el Congreso es de 10,000 por año. Eso significa que las 234,114 peticiones en espera a finales del 2018 demorarán 23.4 años en ser otorgadas, siempre y cuando en todo este tiempo no se procese ningún otro pedido.

ICE dijo que “no eliminará a un solicitante de visa U ni a un familiar calificado que USCIS haya incluido en la lista de espera, a menos que haya una nueva base para la deportación o la USCIS dé por terminada la acción diferida de deportación”.

La agencia indicó además que “las condenas por delitos relacionados con la victimización de un peticionario de visa U generalmente no se considerarán un factor adverso”.

La primera cuota de visa U se entregó a finales de 2007, casi ocho años después de que el Congreso creara este beneficio migratorio para víctimas de crimen y violencia doméstica. El beneficio permite permanecer y trabajar en Estados Unidos por tres años al término de los cuales el beneficiario tiene derecho a solicitar la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).

Uno de los primeros beneficiados con la visa U fue el inmigrante salvadoreño José Suárez, un residente del área de la Bahía de San Francisco, California, que fue víctima de robo en 2007. Suárez fue severamente golpeado durante un asalto en San Mateo. Su testimonio permitió a las autoridades capturar al agresor, quien fue juzgado y sentenciado. Suárez recibió la protección por colaborar con las autoridades y, a cambio, pudo legalizar su permanencia en Estados Unidos.

El Congreso creó esta visa “mediante la aprobación de la Ley de Protección a Víctimas de la Trata de Personas y Violencia (incluyendo la Ley de Protección de Mujeres Inmigrantes Abusadas) en octubre de 2000”. La ley está dirigida a “fortalecer la capacidad de las agencias del orden público para investigar y procesar judicialmente los casos de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros y otros crímenes”.

A su vez, protege a las víctimas de los crímenes que han sufrido abuso mental o físico sustancial producto de dichos crímenes “y están dispuestas a ayudar a las autoridades del orden público en la investigación y prosecución de la actividad criminal”.