ICE presiona para eliminar leyes y acuerdos al tiempo que Trump anuncia más órdenes ejecutivas de inmigración

Publicado el 26 de septiembre de 2018
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

El martes, poco antes de que el presidente Donald Trump concediera una entrevista a Hill.TV donde anunció que en las próximas dos semanas tomará medidas para seguir combatiendo la inmigración indocumentada que “impresionarán mucho” al electorado, un alto funcionario de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) declaraba ante un panel del Senado para exigirle al legislativo que elimine cuatro acuerdos y leyes para facilitar y acelerar las deportaciones.

La petición se incluye en el testimonio que Matthew T. Albence, director ejecutivo asociado de ICE, entregó a los miembros del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales de la Cámara Alta. El funcionario dio un resumen de lo actuado por el gobierno en relación con la crisis de familias y menores indocumentados que llegan a la frontera sur en busca de asilo.

Pero el testimonio de Albence no detalló las causas de la crisis que desde 2014 ha provocado una histórica oleada de inmigrantes hacia Estados Unidos desde los países del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México, quienes huyen de la violencia y la pobreza en sus países, ni tampoco estrategias para atender sus reclamos de refugio. El funcionario, sin embargo, realizó pedidos urgentes para modificar y eliminar leyes, suprimir acuerdos que impiden la privación de libertad de menores y darle herramientas para que la fuerza nacional de deportaciones de Trump actúe con manos libres.

Tras describir el trabajo de ICE y reiterar que la agencia tiene “la crítica misión” de proteger la patria y hacer que los criminales cumplan con la ley, Albence criticó el actual sistema migratorio que tilda de “complejo” y “obsoleto”. Señaló además que “las leyes de inmigración han estado cada vez más sujetas a litigios ante los tribunales federales, lo que ha resultado en numerosas decisiones judiciales, órdenes y medidas cautelares que han hecho cada vez más difícil para ICE llevar a cabo su misión”.

La declaración refleja la irritación del gobierno de Trump por varios fallos que han desestimado órdenes ejecutivas y memorandos del gobierno para poner fin a beneficios migratorios, entre ellos la orden de restituir la Acción Ejecutiva de 2012 (DACA) que protege de la deportación a unos 700,000 dreamers, y la reunificación de más de 2,600 familias inmigrantes separadas forzosamente en la frontera en cumplimiento de la polémica política de ‘tolerancia cero’.

El director asociado de ICE considera que las resoluciones judiciales en contra del Ejecutivo ponen en riesgo la seguridad nacional y no permiten a los agentes de la institución “ejecutar fielmente las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso, que pueden incluir acciones contra cualquier extranjero que se encuentre en Estados Unidos”.

Albence reiteró que la política migratoria del gobierno se fundamenta en las órdenes ejecutivas que el presidente Trump ha promulgado desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero del 2017. Y entre ellas cita dos piezas clave: una relacionada con la construcción del muro en la frontera con México y la seguridad fronteriza y otra con las jurisdicciones o ciudades santuario.

En la segunda orden, el presidente decretó que la presencia indocumentada, un acto que hasta ese momento constituía una falta de carácter civil no criminal, se transformaba en una amenaza para la seguridad pública y nacional, además de anunciar una nueva y agresiva lista de prioridades de deportación.

Ambos decretos definen la política que regula el trabajo de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “para asegurar nuestras fronteras, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y garantizar que los individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, o que de otra manera están en violación de las leyes de inmigración, no se les permite entrar o permanecer en Estados Unidos”, dijo Albence.

Pero el gobierno de Trump no está satisfecho y quiere más, en lo posible, antes de las elecciones de medio tiempo previstas para el primer martes de noviembre. Con ello busca darle a los electores y seguidores de Trump el anuncio de que está cumpliendo la totalidad de las promesas de campaña, entre ellas la deportación masiva y acelerada de indocumentados.

Para poder cumplir con sus objetivos, el gobierno de Trump quiere que el Congreso debata y apruebe, cuando antes, cuatro iniciativas, de acuerdo al testimonio presentado por Albence al Comité de Seguridad Pública y Asuntos Gubernamentales del Senado.

Acuerdo Judicial Flores de 1997 (FSA). El director asociado de ICE pide eliminarlo para darle autoridad de detención al gobierno con respecto a los extranjeros menores, incluidos los detenidos junto con una unidad familiar. El pasado 6 de septiembre se anunció que el gobierno elabora un plan para abandonar unilateralmente el acuerdo. El FSA prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad.
Enmendar la Ley TVPRA, que previene el tráfico humano, prohíbe la deportación acelerada de niños y exige que sea un juez de inmigración el que decida el futuro de los menores arrestados en la frontera que no provengan de países vecinos (México y Canadá).
Modificar la definición de “joven inmigrante especial” (Programa SIJ), para impedir que el solicitante de asilo, aunque haya probado no pueda ser reunificado con sus padres por situación de violencia o abandono, permanezca en Estados Unidos.
Modificar el estándar de miedo creíble. Endurecer los requisitos de asilo, aumentar el poder de los agentes fronterizos para rechazar solicitudes de refugio y acelerar las deportaciones.

Junto con el envío de una copia del testimonio de Albence, ICE confirmó a Univision Noticias que la agencia, “entre principios de julio y principios de septiembre” detuvo a 41 inmigrantes adultos que acudieron a reclamar la custodia de menores que habían sido separados y/o arrestados en la frontera por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP).

“La cifra fue confirmada por el director Albence a los miembros del panel del Senado”, dijo un vocero de ICE”.

Los arrestos se llevaron a cabo después que la agencia “revisó los antecedentes de estas personas como posibles patrocinadores de niños extranjeros no acompañados, de conformidad con nuestro acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)”, agregó.

“Todos los arrestos fueron llevados a cabo por agentes de ICE. 12 arrestados tenían antecedentes criminales y 29 no tenían crímenes, solo cargos administrativos (por violar la ley de inmigración)”, añadió.

Grupos y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes consultados por Univision Noticias reiteraron que entre siete y ocho inmigrantes detenidos por el gobierno de Trump no representan una amenaza para la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

Un reciente informe del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, revela que a julio de 2018 el 47.4% de las órdenes de deportación emitidas fue por violaciones administrativas a la ley de inmigración, el 41.6% por entrada no autorizada al país, 6.1% habían cometido delitos graves (felonías), el 3.4% tenía cargos por seguridad nacional y solo 1.5% por cargos de terrorismo.