ICE no podrá trasladar a casi mil inmigrantes detenidos en California

Un juez en California bloqueó el traslado de casi mil inmigrantes detenidos en cárceles del Condado de Orange a centros en los que permanecerían lejos de sus abogados defensores, informó este viernes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El fallo del juez Jesús G. Bernal es en respuesta a una demanda interpuesta en mayo pasado por una decena de inmigrantes detenidos, que iban a pasar en las próximas semanas a manos de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).

El inminente traslado de casi 1,000 inmigrantes se ordenó después de que el Departamento del Sheriff del condado de Orange rescindiera el contrato con autoridades federales para el alojamiento de extranjeros en las cárceles locales James A. Musick y Theo Lacy.

“La decisión de la corte refuerza el argumento de que ICE no puede simplemente trasladar a los inmigrantes encarcelados a todo el país, sin tener en cuenta sus derechos constitucionales”, dijo en un comunicado la abogada de ACLU Eva Bitrán.

“El juez reconoció con razón el daño inmediato e irreparable que sufren los inmigrantes cuando son transferidos lejos de sus abogados”, agregó.

Entre los demandantes se encuentra Ubaldo Arroyo, que llegó al país siendo niño y vivía en el condado de Orange con su madre y sus seis hermanos, cinco de ellos ciudadanos estadounidenses.

La querella asegura que el caso del joven envuelve detalles sensibles de su vida personal, y que él no se siente cómodo discutiendo estos hechos por teléfono o correo.

En una situación parecida está la inmigrante africana Atemnkeng Becky Njualem, quién solicitó asilo político en el puerto de entrada de San Ysidro (California) el pasado 3 de febrero.

Njualem permanece detenida peleando su caso, y alejarla se sus abogados pone en riesgo una representación legal que es gratuita, alegaron los demandantes.

“Este requerimiento preliminar permitirá a nuestros clientes continuar trabajando estrechamente con los abogados en los que han depositado su confianza”, explicó en un comunicado Judy London, directora de the Immigrants’ Rights Project at Public Counsel.

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