ICE no operará más en cárcel en Santa Ana

La continua presión ejercida durante meses por parte de activistas y grupos defensores de los inmigrantes propició finalmente que las propias autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la Oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tomaran la decisión de rescindir el contrato que tenían con Santa Ana y cuyas actividades operan en la cárcel de esa ciudad.

La ciudad fue notificada el 23 de febrero que el Acuerdo de Servicio Intergubernamental entre ambos organismos, comúnmente conocido como el contrato de ICE, se dará por terminado en 90 días.

La Ciudad de Santa Ana ya había anunciado en 2016 su plan para terminar con dicho contrato, que vencía en 2020.

“Esta decisión significa mucho para nosotros”, dijo Hairo Cortés, miembro de Jóvenes Inmigrantes Unidos del Condado de Orange. “Por años queríamos que Santa Ana se saliera del negocio de recibir dinero a cambio de las deportaciones”.

En la actualidad, la cárcel de ICE genera $340,000 mensuales para las arcas de la ciudad de Santa Ana; es decir, que la cooperación rendía un promedio de $7 millones anuales.

La cárcel tiene presupuestado a 96 empleados a tiempo completo y otras 20 personas a tiempo parcial.

En el inmueble ubicado en la intersección de Civic Center y Boyd St., se encuentran recluidas hoy 74 personas de la comunidad LGBT que de manera obligatoria serán transferidas a los centros de detención de Adelanto, en California, o Dallas, en Texas.

“En esta jaula tratan a mis hermanas como animales”, expresó Jennicet Gutiérrez, una mujer transgénero de Jalisco, México. “Ahora tenemos que luchar más fuerte para liberarlas”.

Por su parte, Jorge Gutiérrez, representante del Movimiento de Liberación Trans Queer, dijo a La Opinión que a través del programa TIDE del centro legal para la comunidad transgénero, con sede en San Francisco, tratarían de buscar ayuda legal gratuita para las detenidas.

“En los últimos dos años pudimos lograr que al menos 30 mujeres fueran liberadas”, dijo Gutiérrez.

La decisión de las autoridades federales tomó por sorpresa a quienes lucharon por la declaración y ordenanza de Santa Ana como “Ciudad Santuario” y que trabajaron porque los funcionarios del gobierno municipal cancelaran el contrato con ICE.

“La ciudad no podría ser considerada “Santuario” si hay personas aún detenidas [en la cárcel”, expresó Rubén Barreto, de la organización Construcción de Comunidades Saludables de Santa Ana (SABHC).

No obstante, a la meta alcanzada, Barreto reconoció que es “altamente probable” que haya represalias de redadas masivas por parte del presidente Donald Trump, cuya administración ha endurecido las políticas migratorias y ha causado incertidumbre y temor en la comunidad inmigrante.

“Sabemos que lo están haciendo en muchos lugares y quizás nos quieran ver como ejemplo”, dijo el activista.  “Sabemos que van a pasar [las redadas], la pregunta es cuándo”.

En el mismo sentido se expresó Hairo Cortes, aunque destacó que “sin pelea y sin lucha los ataques [de Trump] serían más fuertes”.

“Lo que nos da fuerza son las personas que están luchando contra Donald Trump y nosotros tenemos que hace nuestra parte”, añadió. “Nuestro trabajo es decirle que las detenciones de inmigrantes son inhumanas hasta que podamos pararlo”.

Tras la decisión del DHS, la ciudad está trabajando para identificar opciones para mitigar los efectos negativos para la comunidad y de cualquiera de los policías locales que puedan ser afectados y que trabajan en la cárcel.

En la reunión del cabildo del pasado 6 de diciembre, la ciudad redujo la capacidad máxima de los detenidos por ICE en las instalaciones de la cárcel y también emitió una solicitud de calificaciones para un estudio de la reutilización del inmueble.

“La ciudad se había comprometido a acelerar la terminación del contrato de ICE”, dijo la concejal Michele Martínez. “De cara al futuro, es imperativo que las tomas de decisiones garanticen operaciones sostenibles de la ciudad, incluidos los de las instalaciones de la cárcel existente”.

Por su parte, Virginia Kice —portavoz de ICE— dijo que la cárcel de la ciudad de Santa Ana es, con mucho, el contrato más pequeño utilizado por ICE en el área de Los Ángeles.

“Las otras instalaciones empleadas por ICE en el Sur de California para albergar a los inmigrantes detenidos son dos lugares en el condado de Orange: Musick y Theo Lacy, que son administrados por el Departamento del Sheriff del Condado de Orange, y el Centro de Detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino, el cual es operado por The GEO Group”.

Kice evitó especular a dónde serían transferidos los 74 miembros de la comunidad LGBT que actualmente están alojados en la cárcel de la ciudad de Santa Ana, aunque señaló que se “transfieren a una vivienda adecuada dentro del sistema de detención de ICE”, antes de que expire el plazo de 90 días del contrato.

“No estamos especulando acerca de dónde van ser reubicados, pero vamos a asegurar que la instalación resultante sea adecuada para sus necesidades”, dijo.

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