Jóvenes beneficiarios de DACA continúan renovando sus permisos en medio del limbo migratorio

Mientras esperan una decisión final de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos respecto a su futuro, miles de jóvenes de California están renovando sus solicitudes de DACA, el programa que cambió el rumbo financiero de sus vidas y de sus familias en este país.

“Gracias al programa DACA obtuve una licencia de conducir, un seguro social y permiso de trabajo”, dijo Luis Tadeo, mexicano de 26 años nacido en Guadalajara. “Eso nos ha ayudado a cambiar el rumbo financiero de la familia”.

En noviembre, Luis se unió a la marcha de 230 millas desde Nueva York a Washington, donde se dará un veredicto decisivo sobre el programa entre enero y junio del año próximo.

Solicitante del programa desde 2015, dijo que él y centenares de activistas tuvieron la oportunidad de seguir luchando porque se mantenga el programa.

“La narrativa se ha centrado en individuos exitosos y personas ejemplares”, añadió. “Pero, hay otros, como mi hermano, que trabaja para sobrevivir y se le niega un trato humanitario”.

Hasta el 30 de junio de 2017, autoridades de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos ( USCIS) habían aprobado un total de 660,880 solicitudes de beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles ( CHIRLA) declaró que, si bien los jóvenes adultos se encuentran en un limbo migratorio, urge que renueven sus permisos de trabajo para estar tranquilos, al menos por otros dos años, independientemente de la decisión final en el máximo tribunal de justicia del país.

“Tenemos que seguir apoyando a los soñadores y sobre todo a aquellos que ya son padres de unos 400,000 niños nacidos en Estados Unidos”, declaró Salas. “Pero también, todos sabíamos que DACA era un programa temporal y era parte de una orden ejecutiva. Estos jóvenes necesitan una solución permanente que les ayude a llegar a la ciudadanía”.

El 5 de septiembre de 2017 el gobierno de Donald Trump canceló DACA. Pero el 9 de enero de 2018, el juez William Alsup aceptó una solicitud de California y otros demandantes para impedirle al presidente la cancelación del beneficio migratorio, mientras no hubiera una resolución en los tribunales.

DACA fue promulgado en 2012 por el expresidente Barack Obama para beneficiar a 1.2 milllones de jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir 16 años y se les conoce como dreamers.

“Nadie sabe que vaya a decidir la corte, aunque pienso que Obama hizo el programa de DACA siguiendo la Constitución”, dijo Salas. “Pero Trump lo acabó de manera irresponsable, sin tener otra motivación más que el odio contra nuestra comunidad”.

El abogado Alex Gálvez, quien estuvo presente escuchando los argumentos a favor y en contra de DACA el mes pasado en la Corte Suprema, destacó que nadie puso en tela de juicio el poder del presidente para quitar el programa.

“Lo incorrecto fue la manera arbitraria en que lo hizo”, dijo Gálvez. “Ese es el debate; lo que yo vi fue que los jueces no quieren están en una posición de tener que decidir si cada acción ejecutiva del presidente fue correcta o incorrecta. Puede suceder que si la corte cree que fue una decisión caprichosa la regresaría al presidente para que lo haga de manera correcta. Por ahora, la incertidumbre controla todo”.

De hecho, los jueces Ruth Bader Ginsburg, Steven Breyer y Sonia Sotomayor sugirieron que la administración de Trump violó la ley cuando decidió eliminar el programa sin haber tomado en cuenta la separación de familias, organizaciones e instituciones educativas que serán afectadas por una decisión abrupta.

Para cumplir con la ley administrativa, los magistrados indicaron que el gobierno tenía que proporcionar una decisión más razonada y, además, cuestionaron el argumento del gobierno de si el programa original de DACA era legal.

“Sabemos que DACA fue una ‘curita’ para los Dreamers, pero no la solución”, agregó dijo Gálvez. “También, recordemos que en todos los movimientos de derechos civiles siempre ha habido de por medio un grupo que batalla vive en las sombras y al que se le han impuesto estereotipos”.

Indicó que, si la corte falla contra DACA, el Congreso tendrá la oportunidad de “hacer todo lo posible” para aprobar una legislación permanente, “y el país está preparado para ello”.

Melody Klingenfuss, receptora de DACA y licenciada en Comunicaciones y Ciencias Políticas de Cal State LA expresó que en los próximos seis meses tendrá que renovar su aplicación, tal como lo hicieron unos 3,000 jóvenes en los talleres de registro de CHIRLA.

La joven de 25 años, coordinadora estatal de California Dream Network manifestó que ella y otros jóvenes soñadores trabajarán en una campaña para salvar DACA en tres probables escenarios: si termina el programa, si se amplían las renovaciones, o si el programa se extiende para aplicantes nuevos.

“En cualquier escenario la gente se va a activar políticamente”, dijo Klingenfuss. “Muchos están negándose a aceptar la posibilidad de que el programa puede acabar, bajo el argumento de que no pueden imaginarse que exista alguien con el corazón para hacerle daño a la gente que ha vivido tantos años aquí y la respuesta es (Donald) Trump, que no tiene escrúpulos. Por eso tenemos que construir el poder electoral y ejecutarlo, aunque sea difícil”.

Luis Pérez, director de servicios legales en CHIRLA dijo que en las clínicas de renovación de permisos de DACA que comenzaron en julio pasado han auxiliado a casi 3,000 “Soñadores”, a quienes también se les pagan los $495 de cada solicitud enviada a USCIS.

“Como nadie sabe qué va a pasar con la decisión de la Suprema Corte, el Congreso o el presidente, el único control que tienen los jóvenes de DACA es renovar sus permisos para tener dos años más de protección (y evitar la deportación)”, dijo el abogado.

Los principales países de origen de los individuos beneficiados por DACA son: México (618,342), El Salvador (28,371), Guatemala (19,792), Honduras (18,262) y Perú (9,066).

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