Hijos de indocumentados denuncian problemas de acceso universidades Carolina Sur

Un joven de origen mexicano, nacido en este estado sureño, tuvo que apelar la decisión de una universidad estatal que determinó que debía pagar la colegiatura como residente de fuera del estado “porque sus padres carecían de estatus migratorio legal”.

Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Appleseed, con sede en Columbia, capital del estado, contó a Efe que el estudiante, cuya identidad no fue revelada por decisión de la familia, denunció la irregularidad a su organización el año pasado.

“Aunque mi cliente nació, estudió toda su vida en Carolina del Sur, e inclusive tiene licencia de este estado, una de las exigencias del proceso de admisión era que si el joven depende económicamente de sus padres, se tomaría en cuenta el estatus de residencia de ellos”, apuntó Besherse.

“Esto puede estar pasando con frecuencia y es posible que muchos jóvenes no continúen sus estudios por esta situación, pero nuestro cliente solicitó la apelación, y pudimos preparar y ganar el caso”, añadió.

Besherse recibió ayuda de Michelle Lapointe, abogada del Southern Poverty Law Center, organización que el año pasado presentó una demanda contra el estado de Florida y su política discriminatoria contra ciudadanos estadounidenses de padres indocumentados.

“Pudimos comprobar en el caso de Florida era inconstitucional la práctica de negar matrícula estatales a ciudadanos americanos con padres sin papeles, y por consiguiente la Junta Escolar de ese estado revirtió esta política”, explicó.

Según Lapointe, la misma situación en Florida se presentó en el caso del joven en Carolina del Sur, pero no tuvieron que llevarlo a corte debido a que la institución de educación superior aceptó sus argumentos.

“Es muy preocupante que estén violando los derechos de ciudadanos estadounidenses y, por ello, es imperativo que los afectados busquen ayuda y apelen a este tipo de decisiones”, acotó Lapointe a Efe.

Carolina del Sur se convirtió en uno de los primeros estados de EE.UU en cerrar las puertas de los colegios comunitarios y universidades al aprobar una ley en 2008 que prohíbe a los estudiantes sin estatus migratorio inscribirse en sus planteles.
Para el dominicano Héctor Sanquintín, de 19 años, ha sido muy difícil seguir estudiando, ya que, por su situación irregular, no puede inscribirse en una universidad.

“Lo único es registrarme en un curso de certificación laboral que no piden tantos requisitos y al menos lo puedo pagar. Es un comienzo mientras espero que pase algo con la reforma migratoria para estudiar enfermería”, acotó Sanquintín.
Con la puesta en marcha el año pasado del programa Acción Diferida para los Llegados de la Infancia (DACA, en inglés) por parte del Gobierno federal , algunos estudiantes indocumentados han podido entran a las universidades pero pocos lo hacer por los costos elevados.

Según cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USBCIS), sólo 3.400 de 19.750 solicitudes de DACA en Carolina del Sur han sido aprobadas.

Los jóvenes beneficiados pueden aplicar para un seguro social, permiso de trabajo y una licencia de conducir válida del estado.
Sin embargo, conseguir una “presencia legal temporal” no les abre las puertas por completo para obtener una educación superior a los jóvenes con DACA, ya que siguen siendo considerados estudiantes con residencia fuera del estado, y por lo tanto, sujetos a los altos costos de las matrículas escolares.

Ése es el caso de la guatemalteca Saira Colindres, quien llegó a Carolina del Sur con 11 años de edad, y aunque espera que su solicitud de DACA sea aprobada, tendrá que conformarse con ir a un colegio comunitario.

“No califico para una beca o ayuda del Gobierno, pero al menos puedo registrarme en el `college`. Eso es algo. Ahora voy a trabajar para pagarme los estudios y esperar que la ley cambie”, enfatizó Colindres, de 20 años.

Para Laura Cahue, organizadora comunitaria del Centro de Justicia Legal Appleseed, lo mejor que pueden hacer los estudiantes es informarse y mantenerse al tanto de los cambios de las leyes.

“Hay maneras de hacer las cosas y estrategias a seguir. La gente debe pedir ayuda a las organizaciones que estamos defendiendo sus derechos”, concluyó. 

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