Grupos y organizaciones aplauden plan demócrata de reforma migratoria

La principal organización de derechos civiles de Estados Unidos pidió a la Cámara de Representantes que no claudique con la reforma migratoria. Y le pidió a los legisladores de ambos partidos que voten a favor de una ley que legalice a los millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.

La solicitud fue hecha el miércoles tras la presentación en el Capitolio de un plan demócrata para revivir el debate de la reforma migratoria detenido luego de la aprobación en junio de un plan comprensivo en el Senado que incluye un camino a la ciudadanía para la mayoría de los sin papeles.

“Este proyecto es un intento admirable para sacudir el Congreso con el tema migratorio”, dijo la directora de la oficina legislativa de Washington de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), Laura W. Murphy. “Aunque se encuentre sumido en una situación de estancamiento económico, el Congreso no puede abdicar de su obligación de legislar un sistema de inmigración que no castigue innecesariamente a las personas que aspiran a la ciudadanía”, agregó.

Murphy dijo además que la ACLU “continuará trabajando para hacer mejoras en las libertades civiles” en el proyecto de ley que debería ser aprobado y enviado a la firma del presidente Barack Obama.

Vicki B. Gaubeca, directora para los Derechos Fronterizos de la ACLU en el Centro Regional de Nuevo México, dijo que las disposiciones fronterizas en el nuevo proyecto de ley de reforma migratoria “son una mejora con respecto al proyecto del Senado”.

Enmienda polémica

El plan demócrata entregado el miércoles se basa en el proyecto S. 744 aprobado por amplia mayoría el 27 de junio en el Senado pero sin una dura enmienda de seguridad que otorgada $30 mil millones a la seguridad con la contratación de 21 mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza y la construcción de 700 millas de vallas fronterizas, ente otros.

ACLU señala que el nuevo plan “tiene un enfoque más metódico” que el del senado al recomendar evaluaciones independientes de los avances en materia de seguridad, pero que de todas maneras el tema sigue siendo un componente crítico dentro del debate.

A su vez, el Fair Immigration Reform Movement (FIRM) aplaudió el plan demócrata y resaltó que se basa en una política bipartidista, al incluir una enmienda de seguridad aprobada en abril y que contó con el respaldo del liderazgo republicano e la Cámara de Representantes.

También resaltó que el proyecto incluya un camino a la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados.

El proyecto S. 744 señala que para legalizar sus permanencias, los inmigrantes sin estatus legal de permanencia deberán carecer de antecedentes criminales, entregar sus huelas digitales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y pagar una multa de $500.

Quienes califiquen entrarán en un estado de inmigrante provisional por 10 años al término de los cuales podrán pedir la residencia permanente. Tres años después serán elegibles para pedir la ciudadanía.

Un paso más adelante

FIRM dijo que el grupo que presentó el proyecto “debe ir más allá de la versión del Senado para asegurar que un camino a la ciudadanía estará disponible para los 11 millones de inmigrantes indocumentados”.

“En definitiva, el proyecto de la Cámara tiene que poner a nuestras familias primero y eliminar todas las medidas de ejecución de la ley derrochadoras e innecesarias que destruyen nuestras comunidades”, dijo Kica Matos, portavoz de FIRM.

Preciso además que “cualquier proyecto de la Cámara debe establecer un plazo razonable para obtener la ciudadanía, visas de diversidad y mantener y conservar las categorías de hermanos”, y apuntó que la iniciativa “está a la altura y refleja los valores de nuestra nación”.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de los Angeles (CHIRLA) dijo que el plan ofrece a la nación “un sabor de legislación de consenso” y señaló que “es momento de hacer lo correcto”.

El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la principal organización hispana de Estados Unidos, indicó que el plan es una “promesa de esperanza”.

El proyecto deberá ser tratado por el Comité Judicial del Senado. Si esta instancia lo aprueba, podría ser enviado al pleno siempre y cuando el liderazgo republicano levante la Regla Hastert, que sólo permite enviar a votación proyectos que cuenten con la aprobación de la mayoría de la mayoría, es decir 118 de los 234 republicanos de la Cámara.

Se ser aprobado por la Cámara, un Comité de Conferencia armonizará el proyecto con la versión del Senado antes de enviarlo a la firma del presidente Barack Obama.

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