Grupo de senadores logra acuerdo de reforma migratoria en EU

Un grupo bipartidista de ocho senadores alcanzó un acuerdo para refundar el sistema de inmigración en Estados Unidos y legalizar a más de 11 millones de indocumentados, pero en función de la seguridad fronteriza, según su proyecto.

La propuesta de ley de reforma migratoria elimina el sistema actual de visas por diversidad geográfica, limita la reagrupación familiar e implementa un nuevo modelo de inmigración en función de los intereses económicos del país, con cuotas de trabajadores por sectores.

Negociado a lo largo de más de dos meses por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, el proyecto supondría la reforma migratoria más importante en Estados Unidos desde la amnistía a indocumentados que concedió el presidente Ronald Reagan en 1986.

Esta reforma es aún más amplia, puesto que ahora pone como condición todo un complejo abanico de medidas de seguridad en la frontera con México, incluida la ampliación y el refuerzo de la barrera y la obligación para el gobierno federal de capturar a 90 por ciento de los indocumentados que intentan cruzar en las zonas de alto riesgo.

Por zonas de alto riesgo el documento especifica aquellos sectores de la frontera donde se captura a “más de 30 mil individuos al año”.

Actualmente poco más de un tercio de la frontera, de 3.140 kilómetros, está vallada. El documento propone extender los sectores con una doble barrera, y hasta triplicarla si es necesario.

Más de 5 mil personas han muerto en los últimos quince años en la frontera, según asegura de la Comisión Nacional mexicana de Derechos Humanos.

Los senadores proponen un estatuto de “inmigrante registrado provisional” (RPI) para los más de once millones de inmigrantes que las autoridades creen que viven en el país.

Para crear ese estatuto, sin embargo, el Secretario de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) deberá demostrar que las medidas de seguridad están funcionando, con datos de capturas y plazos de aplicación de toda una nueva estrategia de seguridad fronteriza.

Además, el gobierno deberá demostrar que “ha implementado un sistema obligatorio de verificación de empleo”, para el que dan cinco años de plazo a los empresarios.

Ese sistema de comprobación de identidad, que ya está en vigor pero que hasta ahora es voluntario, será reforzado con la creación de una tarjeta de trabajador extranjero con datos biométricos, toda una novedad en Estados Unidos.

Derecho a ciudadanía Una vez comprobados la seguridad y los controles dentro del país, los indocumentados que demuestren que estaban en el país antes del 31 de diciembre de 2011 podrán solicitar el RPI.

El documento de los senadores no menciona explícitamente el derecho a la ciudadanía, la principal exigencia de los grupos de defensa de los inmigrantes, sino que menciona que tras diez años esos indocumentados con residencia provisional podrán optar a la “tarjeta verde” de residente definitivo.

Según la ley actual, el residente con “tarjeta verde” puede aspirar a la ciudadanía luego de cinco años de espera.

Los jóvenes que llegaron al país de forma involuntaria, conocidos como “dreamers”, podrán solicitar la tarjeta verde en cinco años, y tras obtenerla podrán solicitar inmediatamente la ciudadanía.

Los indocumentados que deseen la legalización no podrán tener historial delictivo, deberán pasar exámenes de civismo e inglés, pagar una multa y pagar impuestos.

El documento detalla luego la refundación del sistema de inmigración, y propone que 40 por ciento de visas se destine a personas de alta cualificación.

Para ello se aumenta el número de visas HB-1, para graduados universitarios, de 65 mil a 110 mil anualmente.

Se crea también una visa “W” para trabajadores no especializados que empezaría con un mínimo de 20 mil trabajadores al año, otra visa por méritos, y también se recupera la idea de una visa de trabajador agrícola temporal, como existía hace décadas con México, lo que ha sido criticado hasta ahora por los sindicatos.

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