Gobierno mexicano elude su responsabilidad en las masacres de migrantes

Oficiales mexicanos intentan minimizar “la responsabilidad del Estado” sobre los asesinatos de migrantes y otros viajeros secuestrados de autobuses interurbanos como parte de una guerra de los cárteles de la droga en el estado de Tamaulipas, de acuerdo a un reporte desclasificado de oficiales estadounidenses en México.  Este y otros informes relativos al tema publicados hoy fueron obtenidos por el Archivo Nacional de Seguridad (en inglés “National Security Archive” con fundamento en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA).

Los documentos guardan una relación directa en un caso de acceso a la información en México, ahora en las manos del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información (IFAI).   La cuestión es el documento de investigación del gobierno sobre la masacre en el pueblo de San Fernando (Tamaulipas)

Los informes recién desclasificados detallan actos terribles de violencia perpetrados entre cárteles mexicanos de la droga en los últimos años, incluyendo las masacres de San Fernando de los años 2010 y 2011, las cuales costaron la vida de más de 250 persona, la mayoría migrantes.   Informes recientes sobre las masacres describen como los asesinos sacaban a las víctimas de autobuses comerciales, mataban a aquellos que se rehusaran a trabajar para el cártel y tiraban sus cuerpos a fosas comunes.  Los oficiales mexicanos le dijeron a los Estados Unidos que ellos creían “que la mayoría de las víctimas encontradas eran personas migrantes en su camino a los Estados Unidos, que habían sido interceptados en la ruta y no habían podido pagar lo que se les demandaba”.

Las carreteras regionales se han convertido en una zona de homicidios para las pandillas que controlan el mercado de las drogas y “el negocio de migración ilegal”, de acuerdo con el reporte de la Embajada de E.U.A escrito durante una gran oleada de violencia en 2011. La Embajada cita información que indica que “las autoridades y policías locales” en México “comúnmente se hacen de la vista gorda o participan” en los secuestros y masacres llevadas a cabo por los carteles de drogas.

La nueva información llega después de que una Corte Federal mexicana ordenara al IFAI que decida si la masacre de 72 migrantes centroamericanos ocurrida en agosto 2010 por el temido cartel de los Zetas, puede ser considerada como una grave violación a los derechos humanos, atendiendo  los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia mexicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace dos años, Artículo 19 pidió a la Procuraduría General de la República  (PGR) divulgar  la versión pública de la averiguación previa en trámite de la masacre del 2010. La oficina de la PGR negó esta petición, citando una disposición en la ley mexicana que exime el acceso y liberación de estos archivos. Entonces Artículo 19 apeló el caso al IFAI, citando otra parte de la ley donde prohíbe la reserva de cualquier información relacionada a “la investigación de graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad”. El IFAI negó la apelación, confirmando la decisión de la PGR con fundamento en que todos los registros relacionados averiguaciones previas en trámite son reservados.

Artículo 19 llevó el caso a los juzgados federales, argumentando que la excepción por violaciones graves a los derechos humanos aplica porque el estado participó en estos crímenes por omisión. La decisión judicial reciente remite el caso de regreso al IFAI para que determine si los asesinatos en San Fernando pudieran ser considerados como violaciones a los derechos humanos.  En caso positivo, el IFAI habrá señalado que aplicó el principio de máxima publicidad y ordenará a la PGR que produzca y publique una copia de la versión pública de la averiguación previa.

La colección desclasificada publicada hoy muestra que el estado y las oficinas locales en México estaban pendientes, pero hicieron muy poco para prevenir la violencia relacionada al cartel en el noreste del país. Un reporte de inteligencia de E.U.A, anterior a la masacre de San Fernando, señala “información corroborada y fiel información” que había uso generalizado de las barricadas en las carreteras de la región. “El Cartel del Golfo ha estado atacando plazas pequeñas en Tamaulipas”, dice el reporte de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) de E.U.A. “Los ataques ocurrieron simplemente porque el área le pertenece a los Zetas”.

Las autoridades mexicanas trataron deliberadamente de minimizar la carnicería. De acuerdo con  la Embajada, cuando casi 200 personas más fueron asesinadas bajo las mismas circunstancias en 2011, los oficiales mexicanos “evitaron llamar la atención sobre el nivel de violencia en Tamaulipas”, a pesar de haber identificado “la violencia en las autopistas” como “su máxima preocupación”.  Otros oficiales mexicanos “hablando fuera de registro”,  dijeron a los Estados Unidos que los cuerpos de las víctimas “estaban siendo divididos para que el número total fuera menos obvio y alarmante”.

Ahora que el caso se remite al IFAI, la corte ha confirmado un aspecto crítico de la ley de acceso a la Información en México: la información relativa a los derechos humanos debe ser divulgada sin reservas aún cuando su reserva sea justificada en otras excepciones.  La pregunta que permanece es si el fracaso del gobierno mexicano para prevenir los asesinatos y procesar a los responsables califica como una violación de derechos humanos por omisión. La decisión del IFAI- como se mire- tiene que tener serias repercusiones para los derechos humanos y el derecho a la verdad en México. Tres años después del 2010, la masacre de San Fernando permanece como un caso secreto y de impunidad. A pesar de decenas de arrestos, incluidos los últimos 16 miembros de la fuerza policiaca de San Fernando, ningún autor intelectual o facilitador del crimen ha sido condenado. Artículo 19 y sus aliados simplemente quieren saber por qué.

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