Gobierno Federal retoma programa de protección a migrantes enfermos

El Gobierno Federal tomó la determinación de reactivar un programa que protege de la deportación a ciertos migrantes indocumentados que se encuentran bajo tratamientos médicos debido a enfermedades de gravedad. La decisión fue bien recibida por abogados y activistas proinmigrantes, dio a conocer La Opinión.

“Agradecemos a USCIS (Servicio de Inmigración y Ciudadanía) por reconocer que se dirigió en la dirección equivocada”, dijo en un comunicado el director la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Ben Johnson.

“No es exageración decir que muchas vidas serán salvadas por esta decisión” agregó.

A principios de agosto, USCIS comenzó a retirar los permisos especiales que permitían permanecer en Estados Unidos a indocumentados que recibían tratamiento médico vital.

La decisión también incluía a los padres de niños estadounidenses diagnosticados con condiciones de salud raras y graves que estaban amparados por este programa.

USCIS había dado a los afectados un plazo de 33 días para que abandonaran el país. También había entregado la discreción sobre esos casos a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La Unión Americana de Libertades Civiles y Lawyers for Civil Rights(LCR) demandaron al gobierno del presidente Donald Trump a comienzos de septiembre argumentando que la decisión de USCIS de rescindir el programa era ilegal.

Una de las afectadas por esta decisión federal fue la guatemalteca María Isabel Bueso, de 24 años de edad.

La joven, diagnosticada con mucopolisacaridosis VI, un mal metabólico hereditario causado por la ausencia o el mal funcionamiento de ciertas enzimas, llegó al país cuando temía 7 años y desde entonces ha recibido asistencia médica en Oakland, California.

Bueso, que además sufre paraplejía, fue una de los inmigrantes que dio su testimonio la semana pasada frente a una audiencia en la Cámara de Representantes.

El abogado Martin Lawler, que representa a la guatemalteca, recalcó que esta decisión se logró después de las denuncias de los afectados y los activistas ante los medios y al Congreso.

“Ella es una increíble inspiración para todos”, advirtió Lawler, quien aclaró que aún no ha recibido una notificación de USCIS que le devuelva la protección a su representada.

Ronnie Millar, director en Boston, Massachusetts, del Centro Internacional de Inmigrantes de Irlanda (IIIC), que representó a cinco pacientes afectados que participaron en la demanda, dijo en un comunicado que continuarán vigilando las acciones del Gobierno sobre este tema.

En ese sentido, el congresista Elijah E. Cummings zanjó que “no se debería requerir una audiencia de emergencia ante el Congreso -y amenazas, por demás- para obligar a la Administración Trump a hacer lo correcto”.

El congresista agregó también en un comunicado que, “debido al secreto y la obstrucción que rodeó esta política, se tomarán medidas adicionales para verificar que estos niños y sus familias no necesiten vivir con miedo e incertidumbre”.

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