El gobierno de Donald Trump separó forzosamente a 249 menores en la frontera con México después de la orden emitida por una corte federal de San Diego el 26 de junio del año pasado.
En esa fecha, el juez federal Andrew Sabraw ordenó al gobierno detener las separaciones de inmigrantes en la frontera en el marco de la política de ‘tolerancia cero’ activada por el entonces fiscal general Jeff Sessions.
La medida consistía en presentar cargos criminales a los adultos con niños por “entrada ilegal al país”, hasta ahora una falta de carácter civil. Una vez presentado el cargo, el adulto (padre, tutor o familiar) era separado del niño mientras enfrentaba el proceso criminal y el menor era entregado al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
La polémica medida, vigente entre el 5 de mayo y el 26 de junio, provocó 2,654 separaciones y en cientos de casos los menores no fueron reunificados ni en el tiempo ordenado por la corte ni en los meses siguientes.
Pero en enero de este año un documento redactado por la Oficina del Inspector General (OIG) del HHS, puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump en la frontera.
Según la investigación, el número de menores separados forzosamente es mucho mayor del reconocido: el informe habla de miles, aunque no da un dato preciso.
Este jueves la corte celebrará una nueva audiencia para revisar el número total de separaciones ocurridas después del 26 de junio y qué ha hecho el gobierno para reunificar a las familias afectadas.
La denuncia respecto a la separación de menores tras la orden de Sabraw está contenida en una demanda entablada en febrero por abogados que representan a las familias afectadas y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
En ese entonces se conoció que el gobierno tenía pendiente reunir con sus padres a casi un centenar de menores indocumentados, quienes fueron separados de sus padres y llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.
De ese grupo, las autoridades reportaron que 44 padres fueron deportados tras renunciar a su derecho de reunificación y los menores fueron enviados al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente de del HHS.
De acuerdo con un informe entregado por el gobierno el miércoles en respuesta a una exigencia de los demandantes avalada por la corte, entre el 27 de junio del año pasado y el 5 de febrero de este año, la ORR) recibió a 249 menores que fueron alejados de sus familiares. De ellos, 62 ya han sido reunificados.
En 225 casos, agrega el reporte oficial, las separaciones ocurrieron porque el padre contaba con antecedentes criminales (entre ellos asociación a pandillas). En otros 17 casos se debió por problemas de salud de los padres y en tres casos existió dudas sobre el parentesco.
El DHS reiteró en el escrito que las separaciones se llevan a cabo en casos en que exista historial criminal por parte de los padres, por razones de enfermedad o exista un riesgo para el menor.
En noviembre la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) dijo a Univision Noticias que “la separación de adultos y niños puede ocurrir para garantizar la seguridad del menor cuando los siguientes factores están presentes:
- El padre o tutor presenta un peligro para el niño;
- El padre tiene antecedentes penales;
- El padre tiene una orden penal pendiente;´
- El padre tiene una enfermedad contagiosa;
- Reclamo fraudulento de tutela; y,
- Contrabando de narcóticos en el momento de la entrada, u otra actividad criminal relacionada con la entrada que resulte en que el adulto sea acusado penalmente.
La ACLU dijo que si el gobierno sigue separando familias secretamente en la frontera, sería inconstitucional y que regresarán a las cortes. “Estamos monitoreando (que el gobierno de Trump) no siga separando padres de hijos (en la frontera), dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.
Menos de tres meses después de la advertencia los abogados regresaron a la corte. Y además de pedirle al gobierno que no siga separando familias, sugieren al DHS incluir una base de datos para poder supervisar mejor futuras separaciones forzadas.
El equipo legal que representa a los padres ha solicitado al gobierno una propuesta por escrito “y hasta el pasado viernes habían sido notificados de que estaba en proceso de desarrollarse una base de datos, aunque hasta ahora no la han recibido, reporta la agencia española de noticias Efe.
Desde que comenzaron las separaciones el 5 de mayo a la fecha, el gobierno de Trump ha reunificado un total de 2,735 de los 2,816 menores que distanció forzosamente de sus padres en la frontera sur.
La mayoría de estas familias son originarias de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyeron de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.
Tras el reporte del Inspector General del HHS de enero, surgió la duda respecto a cuántos niños han sido separados por el gobierno de Trump hasta ahora bajo la política de tolerancia cero.
El informe explica que, antes del anuncio formal de la política de tolerancia cero de Trump en la frontera, el personal y los funcionarios de la ORR observaron un gran aumento en el número de niños que habían sido separados de un padre o tutor por el DHS y luego trasladados a la ORR.
“Los funcionarios estimaron que ORR recibió y liberó miles de niños separados antes del 26 de junio de 2018”, de acuerdo con la orden de Sabraw que exigió a la ORR identificar y reunificar a los ciertos de niños separados a su cuidado a partir de esa fecha”.
Según los datos del tribunal, fueron contabilizados 2,654 niños separados de sus padres que se cree que la ORR tuvo bajo su cargo, pero ahora se estima que esa dependencia pudo haber tenido otros 946 niños adicionales que tuvieron “algún indicio de separación” de acuerdo con una o más fuentes o bases de datos utilizadas para compilar la lista certificada, pero no cumplieron con todos los criterios de inclusión en ese momento”, detalla el reporte.
“Entre julio y diciembre de 2018, el personal de la ORR recibió nueva información que indica que algunos niños que habían estado bajo su cuidado hasta el 26 de junio de 2018, y que ORR no había incluido en la lista certificada de hecho habían sido separados de sus padres”, subraya el reporte.
Añade que en octubre y diciembre de 2018, la ORR realizó revisiones formales que resultaron en la adición de 162 niños a la lista informada a la corte.
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