El gobierno del presidente Donald Trump hará desde ahora más difícil la estadía a los inmigrantes que vienen a Estados Unidos o que quieren permanecer en el país si usan o muestran su interés en usar subsidios del estado como los ‘food stamps’ o cualquier tipo de asistencia pública.
La propuesta fue anunciada este sábado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y hace uso de provisiones establecidas en leyes de inmigración vigentes que tienen que ver con el concepto de “carga pública”.
La diferencia ahora está en el hecho de que el gobierno tendrá más flexibilidad a la hora de negar visas, residencias (green cards) o ciudadanías, si los solicitantes o miembros de su familia se van a beneficiar de tales ayudas públicas como, por ejemplo, Medicaid, programa de alimentación para niños, o los vouchers de alimentos.
“Bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, dijo la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en un comunicado. Agregó que los cambios propuestos “promoverán la autosuficiencia y protección de recursos finitos asegurando que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes”.
Hace unos días, Univision Noticias informó que esta nueva definición del concepto de ‘carga pública’ amenazaba con dejar a miles de inmigrantes sin posibilidades de convertirse en residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses, luego de que se diera a conocer un informe elaborado por abogados del Catholic Legal Immigration Network, Inc (CLINIC).
El documento señalaba que un borrador de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) propondría en breve “cambios radicales” a la definición de carga pública, cambios que alterarían la forma en que los funcionarios de la agencia federal “seleccionan” a los solicitantes de residencia y determinan su inadmisibilidad debido al riesgo de que puedan convertirse en una carga pública para el gobierno.
En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador solicitante, como lo indica la declaración jurada de apoyo vigente, “la USCIS se centrará en el solicitante de ajuste de estado y cualquier miembro de la familia dependiente”, advierte CLINIC.
También citaba que el nuevo reglamento exigirá que los agentes de inmigración “examinen los ingresos actuales y estimados del inmigrante, su historial laboral, las habilidades laborales, el estado de salud, los bienes y cualquier historial familiar de recibo de beneficios públicos”.
El nuevo reglamento también afectará a los solicitantes de visas para entrar y permanecer en Estados Unidos.
La propuesta se publicará en el Registro Federal en las próximas semanas, según el DHS, lo que desencadenará un período de 60 días para comentarios públicos. “Después de que el DHS considere cuidadosamente los comentarios públicos recibidos sobre la regla propuesta, el DHS planea emitir una regla final de carga pública que incluirá una fecha de vigencia”, dijo la agencia. Los funcionarios del DHS dicen que anticipan que habrá demandas.
La iniciativa, en todo caso, apunta a la idea del presidente Trump de no solo combatir la inmigración de indocumentados, que ya ha tenido su máxima expresión con la política de ‘tolerancia cero’, sino que además busca limitar de manera importante la inmigración documentada.
Activistas defensores de los derechos de los inmigrantes insisten en que con el cambio de concepto ahora muchos inmigrantes que tienen el derecho de solicitar ayudas públicas ahora no lo harán, poniendo en riesgo su bienestar económico y condenándolos de alguna forma a una baja calidad de vida.
Uno de los grupos más claros que se verán afectados son, por ejemplo, los dreamers, que bajo DACA se han beneficiado de ayudas públicas. Si en algún momento el Congreso establece una salida permanente para este grupo de unos 700,000 jóvenes, en el momento en que apliquen por residencias permanentes, si ese es el caso, su viabilidad se verá limitada al aplicarse el nuevo concepto de “carga pública”.
Según las más recientes estadísticas hechas públicas por USCIS, de los 41.5 millones de inmigrantes que viven en el país solo 3.7% recibió beneficios de dinero en efectivo en 2013 y otro 22.7% beneficios indirectos como Medicaid, subsidios de vivienda o de calefacción, entre otros.
El reporte al que tuvo acceso Univision Noticias hace días señala que la nueva regla que será propuesta por la USCIS ampliará sustancialmente el término, y un solicitante de visa, residencia o ciudadanía “sería declarado inadmisible” si “es probable que en algún momento use o reciba uno o más beneficios públicos”.
“También hace responsable al inmigrante por los beneficios públicos recibidos por los hijos menores de edad u otras personas dependientes que puedan haber tenido legalmente derecho e incluso animado a recibir” las ayudas públicas.
También afectará negativamente si el solicitante, o un familiar dependiente, en los últimos tres años recibió uno de los siguientes beneficios no monetarios:
- Seguro de salud subsidiado bajo la Ley de Cuidado de Salud de Bajo Precio
- Medicaid (servicios que no son de emergencia)
- Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, anteriormente conocidos como cupones o estampillas de alimentos)
- Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil (CHIP o SCHIP)
- Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC)
- Asistencia para la vivienda
- Beneficios energéticos
- Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (cuando excede la obligación tributaria)
Tomando como marco de referencia la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), los criterios actuales para el otorgamiento de un beneficio tal como la residencia o la ciudadanía, entre otros factores, incluyen:
- Edad del inmigrante
- Estado de salud
- Estado familiar
- Activos, recursos y estado financiero del inmigrante
- Educación y habilidades.
“Después de la implementación de la declaración jurada de los requisitos de apoyo, que es el sexto factor, la USCIS y el Departamento de Estado se concentran en los ingresos y la capacidad del patrocinador para apoyar al solicitante”, indica CLINIC.
CLINIC advierte que la nueva regla propuesta por la USCIS recomienda capturar información adicional y documentación de respaldo para elaborar un perfil en base al:
- Historial laboral
- Educación y capacitación
- Ingresos actuales y anteriores
- Cualquier oferta de empleo
- Condiciones de salud que afecten la empleabilidad del inmigrante
- Inscripción en un seguro de salud no subsidiado
- Activos y/o recursos adicionales
El documento también previene sobre diversos factores que pueden afectar el curso de una solicitud de beneficio migratorio:
- Tiene edad para trabajar
- Está autorizado para trabajar, pero actualmente está desempleado
- No tiene historial de empleo o perspectivas razonables de empleo futuro
- Actualmente recibe beneficios públicos
- Ha recibido beneficios públicos durante más de seis meses durante los últimos tres años
- Tiene una condición médica costosa y no tiene seguro de salud no subsidiado u otros medios aparentes para pagar los costos del tratamiento
- Tiene un cónyuge o padre que es el principal beneficiario y que ha sido declarado inadmisible en base a una carga pública
- Es una persona sana en edad de empleo con activos financieros, recursos y apoyo de al menos el 250% de las Pautas Federales de Pobreza
- Está autorizado a trabajar, tiene un empleo remunerado y tiene un ingreso de al menos el 250% de la pobreza.
CLINIC señala además que el nuevo reglamento activará el denominado “bono de cargo público”, al que podrán acceder aquellos solicitantes que sean rechazados por un funcionario consular debido a una carga pública o que USCIS puede determinar que se convertirá en una carga pública.
“Se les puede ofrecer la oportunidad de enviar un bono de carga pública de al menos $10,000”, indica. Y detalla que “el bono puede cancelarse solo después de la muerte del inmigrante, la partida permanente del país o cuando se convierta en ciudadano estadounidense”.
“Se considerará una violación de la fianza si el inmigrante recibe cualquiera de los programas de efectivo (SSI, TANF o asistencia general del estado) o no monetarios identificados anteriormente”, advierte la nueva regla.
En cuanto a los requisitos para los no inmigrantes, la nueva regla establece que quienes “soliciten un cambio de estado o una extensión de la estadía, también estarán sujetos al nuevo estándar de carga pública”.
“Como parte del proceso de solicitud y adjudicación, deberán demostrar que no están recibiendo ni que probablemente recibirán beneficios públicos”, añade.
El documento indica que, en algunos casos, ciertos residentes legales permanentes podrían quedar potencialmente expuestos a ser deportados de Estados Unidos”, pero que este tema está todavía en conversaciones con el Departamento de Justicia.
“No está claro en este momento cómo la agencia tiene la intención de cambiar el estándar actual y las protecciones”, señala CLINIC. Y advierte que el impacto de la regla propuesta por la USCIS “tendrá un severo impacto en las comunidades de inmigrantes de bajos ingresos”, entre ellos casi la mayoría de los clientes de la agencia de servicios legales migratorios de la Iglesia Católica estadounidense.
“Aumentará las barreras al estatus legal para inmigrantes de bajos ingresos haciendo la aprobación de beneficios mucho más difícil para aquellos que tienen un historial de empleo irregular, son de bajos ingresos o subempleados, jubilados, discapacitados o que sufren de una condición médica que afecta su empleabilidad”, indica el reporte.
De implementarse el nuevo reglamento, provocará un “cambio severo” en la comunidad inmigrante, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida, señaló que “antes de que entre en vigor, la nueva regla deberá ser publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y otorgar 60 días de plazo para el comentario público”.
CLINIC dice que la nueva norma “disuadirá a los padres de obtener para sus hijos estadounidenses beneficios para los cuales califican por temor a que no puedan regularizar su propio estatus migratorio en el futuro”.
“Este intento de dirigirse específicamente a los más vulnerables dentro de la comunidad inmigrante crearía una clase de inmigrantes que son demasiado pobres para obtener el estatus de residente permanente, y que carecen de acceso a los medios por los cuales podrían mejorar su bienestar y prosperidad”, precisa el estudio.
CLINIC dijo que lanzará una campaña nacional para combatir esta regulación “inicialmente alentando al público a enviar tantos comentarios como sea posible durante el período de comentarios públicos” en el Registro Federal.
“La cantidad de comentarios distintos que reciba la agencia y sus argumentos pueden tener un impacto en el contenido de la regla final que se redacte”, indicó.
USCIS no hizo comentarios respecto sobre cuándo se publicará el nuevo reglamento. Refirió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El informe de CLINIC sobre la nueva regla que define el concepto de carga pública está siendo debatido y evaluado en un panel organizado por Catholic Charities al que también asisten abogados la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
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