Gobierno de EE.UU. apeló sentencia que suspende la ley migratoria

El gobierno de Estados Unidos apeló este lunes ante una corte federal del estado de Texas (sur) la decisión adoptada el martes pasado por un juez local y que suspendió la aplicación de decretos migratorios.

La semana pasada, el juez Andrew Hanen acató un pedido de 26 gobernadores y suspendió las medidas de alivio migratorio anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre hasta que una corte se expida sobre la constitucionalidad de la iniciativa y el alcance de la autoridad presidencial. 

La decisión del juez Hanen, del tribunal federal de Brownsville, interrumpe la puesta en marcha de una reforma del gobierno para beneficiar a un contingente estimado entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular y evitar su deportación. 

La apelación presentada este lunes, de 41 páginas, está firmada por el secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson, y altos responsables de la Patrulla Fronteriza y el sistema de Servicios Migratorios y de Ciudadanía. 

El documento solicita que se suspenda temporariamente la decisión del juez Hanen de forma que el Departamento de Seguridad Interna pueda “proteger de forma más eficiente la seguridad nacional y pública, y la integridad de la frontera”. 

Las medidas de alivio migratorio paralizadas por la sentencia del juez Hanen constituyen una “parte integral” de los esfuerzos del Departamento en establecer y aplicar prioridades para la remoción de amenazas a la seguridad pública, apunta el documento de la apelación. 

Sin una suspensión de la decisión del juez Hanen, el “Departamento sufrirá un daño irreparable, un daño que no podrá ser subsanado aún si los firmantes (de la apelación) salen victoriosos en su apelación”, apunta el documento. 

La decisión judicial se conoció la víspera de que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía tenía previsto comenzar a recibir y procesar las demandas de regularización de inmigrantes, tanto de personas que ingresaron como menores de edad (DACA) como de los padres (DAPA) de jóvenes que ya se beneficiaron de un programa similar en 2012. 

El Departamento de Seguridad Interna determinó que los organismos responsables no recibirían las demandas hasta que la situación legal quede definida.

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