Fracasa segundo intento legislativo por desaparecer a consultores de migración en California

Una medida que buscaba desaparecer a los consultores de migración o notarios que ofrecen asesoría legal sin ser abogados en California, no pudo conseguir los votos que necesitaba para salir del Senado e ir al escritorio del gobernador Jerry Brown para su aprobación o veto.

La AB 638 de la asambleísta demócrata de Salinas, Ana Caballero tuvo 17 votos en contra y 13 a favor en el Senado.

Es el segundo año que se intenta frenar a los consultores de migración por la vía legislativa, pero la asambleísta Caballero no lo ha conseguido. La medida no ha logrado pleno consenso. Organizaciones como CHIRLA y CARECEN, y algunos abogados la han impulsado fuertemente para evitar que más inmigrantes sean víctimas de estafas migratorias.

Pero a la vez organizaciones como el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM). El líder de la bancada latina Ben Hueso votó en contra así como la senadora de Montebello, Vanessa Delgado; el presidente emerito del Senado, Kevin De León no votó ni a favor ni en contra. Legisladores como el senador de Bell Gardens, Ricardo Lara votaron a favor.

El proyecto de ley buscaba combatir la práctica no autorizada del derecho, regular a los proveedores de servicios de migración y agregar protecciones al consumidor para quienes necesitan asistencia en materia migratoria.

Concretamente a partir de enero de 2020, hubiera hecho ilegal que quienes no están autorizados para practicar el derecho en este estado o para representar a otros bajos las leyes federales en un asunto de migración, actuaran como consultores de migración.

A favor, Joseph Villela, cabildero de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA) dijo que la medida de Salinas trataba de proteger a los consumidores para que sus casos no cayeran en manos de gente no autorizada a nivel federal con consecuencias irreparables para los inmigrantes indocumentados.

El líder del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), MIguel Ángel Pérez dijo que se oponían porque hubiera dejado a una gran mayoría de la comunidad sin acceso a servicios de llenado de solicitudes a bajo costo, y provocado que algunas organizaciones y abogados, monopolizaran el negocio. Además de que se hubieran perdido miles de empleos.

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