Florida quiere una SB1070 “light”. Legisladores evalúan propuestas para fortalecer leyes migratorias estatales

Legisladores de Florida planean proponer una versión más moderada de la ley migratoria de Arizona que, afirman, es parte de un esfuerzo de varios estados para obligar al gobierno federal a crear un conjunto uniforme de reformas de inmigración.

Las propuestas serán consideradas en la próxima sesión legislativa que inicia el 8 de marzo. “Nada que propongamos en Florida se va a parecer a la ley de Arizona”, dijo el legislador republicano Mike Bennett recientemente a The Associated Press. “Gran parte de esto es para obligar al gobierno federal a escucharnos y actuar”.

Grupos de derechos de los inmigrantes dicen que el estado debería estar aprobando leyes que sean beneficiosas para Florida, no haciendo proclamas políticas. Los grupos dicen que les preocupa que algunas de las propuestas originen discriminación racial. Mientras tanto, algunas agencias de la ley han dicho que las medidas podrían crear cargas no financiadas, mientras que grupos empresariales dicen que pudieran desalentar a inversionistas extranjeros, empresarios inmigrantes y el turismo.

La iniciativa de Bennett, presentada a finales del año pasado para acompañar a otra presentada por el representante estatal William Snyder, se parecía a la ley de Arizona.

Esa ley convertía en delito no portar evidencia de ciudadanía o documentos de inmigración, pero no mencionaba visas de turistas, ambas situaciones mucho más comunes en Florida que en Arizona.

Bennett argumentó que no leyó la propuesta antes de firmarla. Posteriormente, Bennett presentó otra propuesta que se centra en la liberación anticipada y la deportación de inmigrantes sentenciados por ciertos delitos.

Otras propuestas que están bajo consideración requerirían que las agencias locales del orden verifiquen el estatus de inmigración de cualquier persona que arresten; además, permitirían a los ciudadanos del estado demandar a las agencias del orden por no hacer cumplir leyes migratorias.

Otra provisión requeriría que las agencias locales del orden reciban entrenamiento en materia de inmigración, pero eso sería solamente si el gobierno federal lo financia.

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