Fiscalía de Brooklyn se encamina a proteger de la deportación a inmigrantes por delitos menores

En momentos que el gobierno federal y la ciudad de Nueva York como jurisdicción santuario tienen posiciones encontradas respecto a compartir información sobre la identidad de inmigrantes indocumentados que detienen, la fiscalía de Brooklyn reveló una política a través de la que mientras procura la seguridad pública buscará evitar la deportación de inmigrantes acusados de crímenes y ofensas menores.

El anuncio de este lunes se da luego que el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, amenazara con retener fondos federales de nueve jurisdicciones santuario del país, entre ellas la ciudad de Nueva York, si no colaboran con las autoridades federales en la identificación de inmigrantes indocumentados.

“Ahora más que nunca nos debemos asegurar que una condena, especialmente por un delito menor, no conduzca a consecuencias involuntarias y severas como la deportación que puede ser injusta, separar a familias y desestabilizar a nuestras comunidades y negocios”, dijo el fiscal interino de Brooklyn, Eric González.

Si bien las determinaciones se manejarán caso a caso, la política busca, entre otros aspectos, que los fiscales conozcan el potencial estatus migratorio de los acusados. Si existe la posibilidad de que el acusado no sea ciudadano, el fiscal debe notificarlo al abogado de la defensa.

Asimismo, esta medida estipula que cuando se determine una recomendación de sentencia o acuerdo, el fiscal debe considerar las adversidades de una deportación.

La política ordene, además, que cuando sea posible, el fiscal deberá ofrecer una disposición o recomendación de sentencia que no ponga en riesgo la seguridad pública y que no lleve a la deportación o cualquier otro efecto colateral.

De igual modo, para alcanzar sentencia que no lleve a consecuencias como la deportación, los fiscales pueden considerar otros delitos que el acusado puede alegar pero que sea similar en el tipo de delito y el extensión de la sentencia aunque el cargo sea diferente. Eso busca evitar consecuencias migratorias “que no sean proporcionales” a una ofensa menor.

Para los propósitos de esta política, la fiscalía de brooklyn contratará a dos abogados de inmigración que entrenarán a su personal y los orientarán en materia migratoria según cada caso.

El fiscal enfatizó que su oficina no pretende “frustrar la función del gobierno federal” de deportar a aquellos cuyos actos hayan causado daño o hayan puesto en peligro a otros. No significa que fiscalía dejará de procesar crímenes, aclaró González, “pero estamos decididos a que los resultados de los casos sean proporcionales a la ofensa y que sean justos con todo el mundo”.

Hay casos, sin embargo, en que como advirtió el fiscal eso no será posible. La política también reconoce que muchas ofensas por delitos mayores, especialmente las violentas, vendrán con consecuencias migratorias “inevitables y a menudo apropiadas”.

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