Fiscal general de EEUU busca limitar el poder de los jueces e impedir que frenen órdenes a nivel nacional

Publicado el 18 de septiembre de 2018
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision Noticias.

El Departamento de Justicia publicó la semana pasada un memorando firmado por el fiscal general, Jeff Sessions, que busca limitar el poder de los jueces para frenar o detener decisiones tomadas por el ejecutivo.

El documento incluye pautas de litigación para órdenes o mandatos (injuctions) dictados por jueces y que deban ser acatadas e implementadas a nivel nacional, como por ejemplo el caso de la Acción Ejecutiva de 2012 (DACA), cancelado por el gobierno de Donald Trump el 5 de septiembre de 2017, pero reactivado el 9 de enero tras el dictamen de un juez federal de California en San Francisco.

El memorando fue emitido con el propósito, indica, “de ayudar a los abogados del Departamento de Justicia involucrados en litigios que desafían un programa, una regulación, una orden o una ley del gobierno federal”.

Las directrices van encaminadas a que los abogados litigantes del Departamento de Justicia “presenten argumentos sólidos y consistentes ante el tribunal contra la emisión de mandatos a nivel nacional y a su vez reafirmen las limitaciones constitucionales y prácticas existentes sobre la autoridad de los jueces”, se lee en el documento dado a conocer por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

“El Departamento (de Justicia) se opone a la emisión de medidas cautelares a nivel nacional en consonancia con la posición de larga data del Poder Ejecutivo bajo gobiernos anteriores”, agrega. “Las medidas cautelares en todo el país, a veces llamadas ‘medidas cautelares no partidarias’, impiden que el gobierno federal aplique una ley o una política de Poder Ejecutivo en cuanto a cualquier persona u organización en todo Estados Unidos, independientemente de si tales medidas cautelares son necesarias para proporcionar alivio a los demandantes específicos involucrados en el caso”, precisa el memorando.

Sessions indica que, en la actualidad, se permite “que un solo juez federal de distrito no electo establezca o vete una política nacional”, y que en los últimos años se ha visto “un aumento en el número de casos” en el que los jueces “actúan fuera de los límites de su autoridad para otorgar alivio a personas u organizaciones”, incluso más allá del alcance de un caso.

“Cada vez más, vemos que los jueces del distrito federal van más allá de la jurisdicción del tribunal para emitir mandatos judiciales u órdenes que bloquean a todo el gobierno federal para hacer cumplir una ley o política en todo el país”, dice el fiscal general en el memorando. “Este tipo de activismo judicial no ocurrió ni una sola vez en nuestros primeros 175 años como nación, pero se ha vuelto común en los últimos años”, agregó.

Sessions dijo además que, al gobierno de Donald Trump, que asumió el 20 de enero de 2017, “le ha sucedido 25 veces en menos de dos años”, y advierte que “esta tendencia debe detenerse”.

“Tenemos un gobierno que ejecutar. La Constitución no otorga a un solo juez de distrito el poder de vetar las acciones del poder ejecutivo con respecto a las partes que no están ante el tribunal. Tampoco proporciona al poder judicial autoridad para supervisar o revisar la política de la rama ejecutiva. Estos abusos del poder judicial son contrarios a la ley, y con estas nuevas directrices este Departamento continuará luchando contra ellos”, indicó.

El paso tomado por el fiscal general fue rechazado por abogados de inmigración y académicos.

“Sessions emitió este memo porque muchas de sus políticas inmigratorias han sido declaradas ilegales o inconstitucionales”, dice Bárbara Hines, una abogada y exprofesora de la clínica de inmigración de la facultad de leyes de la Universidad de Texas. “Es un ataque contra la independencia de los jueces federales”, agregó.

Hines dijo además que, “irónicamente, la primera orden con efecto nacional fue emitida por el juez Andrew S, Hanen sobre una ampliación de DACA y DAPA durante la presidencia de Barack Obama. Y cuando se emitió el dictamen, los republicanos no se quejaron para nada”.

El 16 de febrero de 2015 Hanen, atendiendo una demanda presentada por Texas y otros 26 estados en contra de la Acción Ejecutiva del 20 de noviembre de 2014, frenó la implementación de la ampliación de DACA (que extendía los permisos de trabajo y las protecciones de deportación de dos a tres años) y detuvo la implementación de DAPA, programa que amparaba de la deportación a unos 5 millones de padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

“Sessions y Trump quieren obstaculizar los derechos de los inmigrantes y todo el sistema del debido proceso”, dijo Hines, “En los últimos meses hemos visto muchos ejemplos además de DSACA, entre ellos la fijación de cuotas a los jueces de inmigración, denegación de prórrogas para preparar casos, quitarles la autoridad para cerrar casos administrativamente y ataques contra Abogados que proporcionan a servicios a los inmigrantes”, añadió.

Las nuevas limitaciones que busca imponer el fiscal general Sessions “atentarán contra el debido proceso”, advierte Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Estamos viendo una historia negra con respecto a los derechos de los inmigrantes”, agregó.

La comunidad de abogados se encuentra “preocupada” por las decisiones adoptadas por el Fiscal General, entre ellas las “limitaciones a los jueces de inmigración respecto al cierre de casos administrativos” y recientemente “a los casos de asilo”, indicó.

Velásquez dijo además que “en el caso de mujeres que piden asilo porque son víctimas de violencia doméstica grave y ae los están negando, es grave porque olvida el precedente jurídico sentado en los últimos 15 años”.

“Abogados, expertos y juristas lucharon por espacio de casi dos décadas para sentar este precedente humanitario y el fiscal general de Estados Unidos lo quitó con un memorando. Eso es una situación extremadamente grave”, apuntó. “Entonces nosotros nos preguntamos dónde está la independencia judicial”.

A la pregunta sobre el resguardo del debido proceso, Velásquez respondió que “lo están dañando don este tipo de decisiones y eso es muy peligroso”. Y citó el ejemplo de los juicios acelerados y masivos de inmigrantes que se están llevando a cabo en los estados fronterizos.

“No sé cómo ahora los jueces pueden tener a un grupo de personas en una sala y a todos deportarlos en grupo, de manera colectiva. Eso daña el debido proceso porque no se le hacen preguntas individuales a cada uno de ellos, teniendo en cuenta los méritos de cada caso. No se está examinando cada caso para hallar remedios, soluciones dentro del debido proceso. Se están violando las garantías constitucionales de los inmigrantes, estamos atropellando los derechos de los inmigrantes”, subrayó.

El Departamento de Justicia citó un reciente discurso de Sessions ante la Conferencia Judicial de los Ocho Circuitos, donde el fiscal general hizo hincapié en que los fallos judiciales que detienen las órdenes del ejecutivo “amenazan el estado de derecho”. También mencionó un artículo de opinión publicado en marzo donde aseguró que las medidas cautelares a nivel nacional “son un peligro para nuestro orden constitucional”.

“Lamentablemente, el Fiscal General de Estados Unidos está tratando de hacer todo lo posible para limitar a toda costa los poderes de discreción de cada circuito cuando emitan dictámenes diferentes respecto a órdenes o mandatos federales”, dijo Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Parece que ahora el gobierno quiere darles reglas específicas a los jueces respecto a cómo deben resolver los casos cuando se trata de asuntos relacionados con órdenes o decisiones tomadas por el ejecutivo”, agregó.

Ir a la nota fuente