Del total de inmigrantes que llegaron al país por la frontera con México durante el mes de agosto, el 34,02 % -12.774 personas- lo hicieron junto con otros miembros de su familia, lo que supone un aumento significativo respecto a los últimos meses.
Así, en julio la proporción de familias que viajaron juntas y fueron detenidas alcanzó el 29,57 % (9.258 personas) del total de interceptados en la zona fronteriza meridional, en comparación con el 27,67 % (9.434 detenidos) de junio y el 23,51 % (9.485 detenidos) en mayo.
En este sentido, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Tyler Houlton aseguró en un comunicado que “el número de unidades familiares en la frontera sur se incrementó un 38 %, 3.500 más, que en julio”, lo que supone “la cifra mayor registrada en un agosto”.
“Los traficantes entienden mejor que nadie que nuestras leyes de inmigración no sirven, y saben que una familia que entra ilegalmente a EE.UU. es muy probable que sean liberada en el interior (del país)”, indicó el portavoz, quien se refirió a la regulación que les obliga a dejar en libertad a familias con menores en 20 días.
Houlton reiteró, además, que la Administración empleará “todos los recursos disponibles para recuperar el control efectivo de la frontera”.
Durante el mes de agosto, las autoridades arrestaron a un total de 37.544 inmigrantes que cruzaron el límite sur, frente a los 31.299 de julio, los 34.091 de junio y los 40.335 de mayo.
Los datos llegan meses después de que el pasado abril el Ejecutivo pusiera en marcha las llamadas políticas de “tolerancia cero” que implicaban que todos los inmigrantes indocumentados que accedieran al país serían procesados criminalmente, lo que suponía que las familias con menores fueran separadas.
El pasado 20 de junio, cercado por las críticas, el presidente estadounidense, Donald Trump, se vio obligado a dar marcha atrás y prohibir estas separaciones de familia.
Este paso generó un problema a la Administración, que se vio forzada a dejar en libertad a las familias con menores cuando sobrepasan los veinte días en prisión, en base al llamado acuerdo de Flores que fija ahí el máximo que un menor puede ser retenido.
La semana pasada, el Gobierno propuso una nueva norma para poder romper con esta regulación, que se prevé que sea llevada a los tribunales por las organizaciones defensoras de derechos humanos, que no tardaron en criticar la medida.
