Extienden hasta 2020 la validez de miles de permisos de trabajo de inmigrantes con TPS

Publicado el 1 de marzo de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Getty Images.

Los permisos de trabajo de miles de inmigrantes protegidos de la deportación por un Estatus de Protección Temporal (TPS) serán válidos por otros nueve meses hasta el 2 de enero de 2020, de acuerdo con una decisión tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que será activada en cualquier momento.

La prórroga automática de la fecha de validez de las autorizaciones de empleo favorecerá a inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, se lee en un borrador publicado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) a punto de seractivado.

El DHS explica en el documento que la extensión de la fecha de vigencia del permiso “garantiza el cumplimiento continuo de la orden de interdicto preliminar” emitida en octubre por una corte federal del norte de California, que dejó sin efecto la cancelación de los programas ordenada por el gobierno de Donald Trump.

En septiembre del 2017 el gobierno de Trump comenzó a cancelar los TPS. El primero en la lista fue Sudán, con poco más de 1,030 beneficiarios. Luego le siguieron El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua.

La Casa Blanca argumentó que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones favorecidas.

La segunda anulación fue el 6 de noviembre, cuando el DHS anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.

El 22 de ese mes el gobierno agregó a la lista a Haití, donde el programa ampara de la deportación a unos 58,000 inmigrantes.

Dos meses después, el 8 de enero de 2018, le tocó el turno a El Salvador: casi 192,000 inmigrantes indocumentados que llevan casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.

El 4 de mayo el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protege a unos 56,000 nacionales de ese país.

El Congreso creó el TPS en 1990 como parte de los cambios a la ley de inmigración de aquel año.

El 3 de octubre del año pasadio un juez federal bloqueó la decisión del gobierno de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Aseguró que la eliminación del programa podría causar “un daño irreparable y grandes adversidades” a los beneficiarios.

El fallo emitido por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, libera de la deportación a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluyó a Honduras, por ahora.

La decisión planteó que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años.

El dictamen fue el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo por nueve inmigrantes de los esos países y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaban que el presidente Donald Trump hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.

Organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes aplaudieron la decisión del DHS. “Celebramos esta victoria”, dijo José Palma, portavoz de la Alianza Nacional TPS.

El activista agregó que la única manera de estar seguros “es por medio de una reforma legislativa” e indicó que “seguiremos estando a la vanguardia para defendernos de los ataques racistas contra nuestras comunidades”.

“Esta extensión amplía la protección, pero miles de titulares de TPS que no están incluidos en esta demanda aún están en el limbo sin ninguna protección de la corte”, dijo Hiwaida Elarabi, un inmigrante sudanés protegido por el TPS.

“Tenemos que actuar ahora y garantizar protecciones permanentes para todos los titulares de TPS”, agregó.

“No es necesario pagar una nueva tarifa ni presentar una solicitud; la extensión es automática”, dijo Jessica Karp Bansal del National Day Laborer Organizing Network (NDLON).

El DHS señala en el documento de extensión automática de la fecha de los permisos de trabajo de beneficiarios del TPS, que los favorecidos “siguen siendo elegibles individualmente”.

Advierte que aquellos inmigrantes protegidos de la deportación que no cumplan con los requisitos o se conviertan en inelegibles para estar en Estados Unidos, perderán la protección.

El TPS con cede un amparo temporal de deportación y un permiso de trabajo también temporal que vence en la misma fecha de la vigencia de la protección.

El programa concede estatus legal temporal a los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a sus países de origen debido a un conflicto armado, una guerra civil, huracanes, terremotos u otros desastres naturales.

Un reciente estudio publicado por el Center por American Progress (Centro para el Cambio Americano -CAP-) reveló que unos 279,000 niños ciudadanos estadounidenses serían afectados directamente si el Congreso no actúa y aprueba una ley que regularice la permanencia de unos 300,000 inmigrantes de El Salvador, Haití y Honduras amparados bajo el TPS, algunos de ellos con más de dos décadas viviendo en Estados Unidos.

“Desde que el gobierno de Trump decidió rescindir las protecciones para más de 300,000 titulares de TPS, estas personas se han visto obligadas a vivir con temor y ansiedad constantes acerca de su futuro y el futuro de sus hijos”, dijo a Univision Noticias Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del CAP.

“Aunque una orden judicial preliminar emitida por un tribunal proporciona un alivio temporal a algunos titulares de este beneficio, muchos se han quedado fuera de la orden del tribunal y, en cualquier caso, solo el Congreso puede proporcionar protección permanente y el camino a la ciudadanía que se necesita”, añadió.

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