Exigen investigar los juicios secretos a migrantes en la frontera

Un polémico programa activado en septiembre por el gobierno de Donald Trump se encuentra en la mira de los líderes demócratas de la Cámara de Representantes, quienes exigen una investigación inmediata para proteger los derechos de miles de inmigrantes en busca de asilo.

Se trata de los juicios secretos ordenados por el presidente para procesar los migrantes que llegan a la frontera y, tras ser procesados, son devueltos a México a esperar sus audiencias bajo el denominado Protocolo de Protección Migratoria (MPP).

Otros cientos, quizás miles, permanecen detenidos en tiendas de campaña, cárceles temporales erigidas para contrarrestar la emergencia migratoria, y lugar donde funcionan los cuestionados tribunales y donde se llevan a cabo juicios secretos.

“Los solicitantes de asilo son retenidos en tiendas de campaña en los puertos de entrada mientras los jueces aparecen de forma remota a través de VTC (sistema de teleconferencia por video) desde salas de tribunal tradicionales ubicadas en otras partes del país”, se lee en una carta enviada el jueves al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Joseph V. Cuffari, y al Inspector General del Departamento de Justicia, Michael E. Horowitz.

La misiva está firmada, entre otros, pos los congresistas Joaquín Castro (Texas) y Jerrold Nadler (Nueva York), presidente del Comiré Judicial de la Cámara Baja.

Los demócratas señalan que el DHS decidió abrir estos tribunales sin notificación significativa al público o la comunidad legal, y hasta ahora ha proporcionado escasa información sobre los procesos que se llevan a cabo en estos tribunales de inmigración improvisados.

“Solicitamos una Suna investigación inmediata” de estos tribunales, exigen. “Hasta ahora el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) han impedido que las organizaciones brinden orientaciones legales a los solicitantes de asilo que permanecen en tiendas de campaña (centros de detención temporales de la Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE)”, añaden.

La semana pasada Univision Noticias reportó, citando datos de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), que menos del 2% de los migrantes retornados a México bajo el MPP y aquellos retenidos en las tiendas de campaña, tienen representación legal para defender sus permanencias en los juicios secretos que se están llevando a cabo en la frontera.

“Sin orientación legal o incluso información básica sobre el proceso legal, es casi imposible para estos solicitantes de asilo completar formularios, recopilar pruebas y traducir documentos escritos en inglés. Como resultado, muchos no están equipados para presentar significativamente su solicitud de asilo, y mucho menos a través de VTC desde los tribunales de campaña”, advierte la carta.

El secretismo de los procesos y la prohibición del gobierno de permitir la entrada de observadores independientes a los tribunales secretos de inmigración ponen en riesgo el debido proceso migratorio, han denunciado organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Los juicios secretos, que se llevan a cabo en las localidades de Laredo y Brownsville (Texas), obliga a los solicitantes de asilo a esperar en dos de las ciudades más peligrosas del mundo: Nuevo Laredo y Matamoros” (México). Y que ambas ciudades “han sido designadas por el Departamento de Estado con una advertencia de nivel cuatro para ‘No viajar’ debido a los altos niveles de delincuencia y secuestro”, advierten.

Pero la mayor preocupación de los demócratas se centra en el respeto al debido proceso. “No permitir que los jueces
evalúen adecuadamente las señales no verbales (mostradas por los migrantes a través del VTC), puede afectar su decisión sobre el comportamiento y la credibilidad de un individuo”, escribieron en la carta.

Dada la falta de acceso a un abogado y las limitaciones del sistema de circuito cerrado de televisión, nos preocupa que estos tribunales de campaña no proporcionen una consideración completa y justa de sus solicitudes de asilo, según lo exige la ley”, apuntaron.

Añadieron que “esta falta de transparencia puede permitir al DHS ocultar el abuso y las violaciones del debido proceso que pueden ocurrir” en las cortes secretas.

La lista de asuntos a investigar en los tribunales improvisados redactada por los congresistas va desde las Notificaciones de Comparecencia (NTA, citatorios a los migrantes para que acusan a sus audiencias) hasta el sistema utilizado por los jueces para juzgar a los solicitantes de asilo.

Señalan que las NTA “contienen datos defectuosos” y en muchos casos la información equivocada hace que los migrantes, o bien no acudan a sus audiencias o lleguen tarde, lo que genera la emisión de órdenes de deportación en ausencia.

“Nos preocupa que haya un esfuerzo concertado del DHS y el DOJ para debilitar las protecciones procesales al debido proceso para los migrantes bajo el MPP”, subrayan. “Además, la posible mala administración de fondos por parte del gobierno para lograr su objetivo de erigir tribunales de campaña a lo largo de la frontera es profundamente preocupante”, precisan.

En la carta los congresistas también exigen explicaciones al uso de los fondos de emergencia asignados por el Congreso para el manejo de la crisis e la frontera y que fuero solicitados por la Casa Blanca. Añaden que, en vez de destinar los recursos para ayudar a los peticionarios de asilo, todo indicaría que el principal objetivo es acelerar las deportaciones.

Los jueces de inmigración están “profundamente preocupados” por los juicios secretos, y han advertido graves violaciones al debido proceso de los migrantes que huyen de sus países y llegan en busca de asilo en la frontera.

Así lo expresó la semana pasada a Univision Noticias la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) por medio de una nota enviada por correo electrónico.

“La NAIJ cree firmemente que la transparencia y el acceso público a nuestros procedimientos, son esenciales para garantizar que cada persona que se presente ante nuestros tribunales reciba el debido proceso requerido por la ley”, señala la asociación.

Los jueces indicaron además que “estamos profundamente preocupados porque los procedimientos acelerados que se llevan a cabo en la frontera han invadido la capacidad de las personas de encontrar abogados para representarlos en estos casos complejos, e incluso han hecho que el acceso por parte de abogados voluntarios sea difícil, si no imposible”.

Den similares términos se expresaron recientemente la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), Amnistía Internacional Estados Unidos, El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Comisión de Mujeres Refugiadas, quienes urgieron llevar a cabo “una supervisión significativa” de los migrantes que están siendo regresados a México y el uso de los tribunales en carpas por los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ).

Además de esperar en zonas de alto riesgo, las organizaciones dicen estar “profundamente preocupadas por la incapacidad del DHS de proporcionar información al público, principalmente los migrantes que buscan asilo, sobre las operaciones básicas y procedimientos en los tribunales de inmigración” que operan temporalmente en tiendas de campaña.

Denunciaron además que el gobierno impidió la entrada de abogados a los juicios para observar las audiencias, y tildaron la denegación de acceso como un acto “inaceptable”.

“El DHS ha sugerido que observadores abogados pueden asistir a los procedimientos judiciales de forma remota. (…) Pero el acceso remoto no es un sustituto adecuado del acceso en persona.

Los observadores a cientos de millas de distancia del tribunal no pueden evaluar cómo se llevan a cabo los procedimientos”, indicaron.

Ir a la nota fuente