Exigen a Eruviel Ávila atender “con seriedad” drama de migrantes en Edomex

En una carta enviada al gobernador Eruviel Ávila, integrantes de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que aglutina a 71 agrupaciones, así como a instituciones académicas, detallan que a partir del cierre del albergue San Juan Diego, en la colonia Lechería, cientos de indocumentados centroamericanos sobreviven en condiciones precarias y expuestos a múltiples peligros, además de que han sufrido accidentes ante la falta de refugio.

De acuerdo con el texto, en las inmediaciones de dos albergues abiertos de forma emergente en Huehuetoca “se han detectado grupos que se dedican a actividades criminales (…) que se transportan en camionetas y automóviles ofreciéndole a los migrantes la oportunidad de ganar dinero si se enrolan con ellos, a pesar de las patrullas que resguardan la zona”.

Exponen un caso específico: la presencia de un grupo de sujetos, “algunos visiblemente armados” –que circulan en una camioneta Silverado gris, con placas SS43-127 del estado de Querétaro–, quienes “intentaron enganchar migrantes”.

Asimismo, detallan que en las vías del tren en Huehuetoca se instaló un campamento, inicialmente usado para cocinar alimentos, “y ahora se ha convertido en un centro de reunión de los que ingieren bebidas alcohólicas, fuman piedra y mariguana”.

Señalan que según los testimonios de los mismos migrantes, las personas que se instalaron en dicho campamento pertenecen a una “red de polleros y han comenzado a cobrar uso de la vía”.

En su carta, los activistas transcriben una declaración: “El domingo 1 de septiembre, pagaron a los maquinistas y a los de seguridad para que aminoraran la velocidad al mínimo, cobrándole 200 pesos a cada persona que quisiera subir al tren. Ese día se fueron cerca de 120 personas”.

Los firmantes reclaman al gobernador que en su primer informe de gestión omitiera el tema de los migrantes que atraviesan la entidad, en especial “el corredor Lechería-Tultitlán-Huehuetoca, a pesar de que las situaciones de riesgo para este grupo en situación de vulnerabilidad ha ido incrementándose durante los últimos años”.

Sostienen que desde que se cerró el albergue San Diego, en julio pasado, los migrantes que llegan al municipio de Tultitlán, provenientes de los estados de Tabasco y Chiapas, han sido víctimas de accidentes por dormir en las vías del tren.

Y detallan tres casos de migrantes que resultaron amputados de ambas piernas por no escuchar el tren.

Los defensores también denuncian el incumplimiento de la promesa que hizo el gobernador, en el sentido de proporcionar vehículos para trasladar a los migrantes que llegaban de Tultitlán a Huehuetoca, donde se instalaron provisionalmente dos albergues, uno atendido por la sociedad civil y otro por la diócesis de Cuatlitlán.

El compromiso, admiten, fue cumplido unas cuantas semanas después del cierre de la casa San Juan Diego, pero ahora los indocumentados que no tienen dinero se ven obligados a caminar hasta seis horas para recorrer 50 kilómetros, recorrido en el que, apuntan, son expuestos a más peligros.

“En los diferentes testimonios nos han compartido que grupos de delincuentes y algunos policías estatales y municipales han exigido dinero a cambio de no entregarlos a las autoridades migratorias”, puntualizan los activistas.

Asimismo, incluyen en su misiva el testimonio de un afectado, quien relata que al ser detenido con otros migrantes por agentes que viajaban en la patrulla SP1423, éstos les revisaron las mochilas y los bolsillos, y les robaron 2 mil pesos en total. El agente responsable de la patrulla les dijo que “si salía otra patrulla, que le dijéramos que el comandante Plata ya los había checado”.

Los firmantes señalan que de acuerdo con los entrevistados, garroteros y trabajadores de seguridad privada de la compañía de trenes Kansas les cobran 200 pesos por subir, pero después de recorrer un tramo, los mismos empleados y policías de la patrulla que cuida la salida del tren los bajan.

Además, recuerdan que en agosto de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el testimonio de un asalto a más de 70 migrantes, hechos atribuidos a trabajadores del tren.

Y denuncian que con el cierre del albergue en Tultitlán, varios vecinos lucran con la tragedia humanitaria. “Se han detectado casas y vecinos que cobran hospedaje” y exigen a los indocumentados un pago por permitirles bañarse o por hacer una llamada a Estados Unidos o a sus países de origen, apuntan.

Los firmantes piden a Eruviel Ávila “que tome este caso con la seriedad que requiere y que haga todo lo posible dentro de sus funciones para garantizar la seguridad, tanto de los migrantes que atraviesan el Estado de México como de los defensores de derechos humanos que trabajan por esta causa”.

En un pliego petitorio de cinco puntos, los activistas y académicos solicitan al gobernador mexiquense la reapertura del albergue en Tultitlán, o bien la creación de brigadas humanitarias; que atienda las necesidades de todos los migrantes que atraviesan el estado, y que tome en cuenta el tema migratorio en su administración.

Asimismo, que “genere y ponga en marcha políticas públicas que atiendan la realidad que sufre este grupo vulnerable en la entidad, que incluya una coordinación con las presidencias municipales de Tultitlán y Huehuetoca, la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la CNDH”, y que investigue “los abusos cometidos por parte de los trabajadores de la empresa ferroviaria”, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de la entidad.

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