Exige AI se investiguen abusos contra migrantes y defensores en operativo

Durante el operativo en el que se detuvieron a cerca de 300 personas migrantes, se documentaron agresiones a migrantes y personas defensoras de migrantes.

Rubén Figueroa, Fray Tomás González y Fray Aurelio Montero Vásquez, defensores de los derechos de las personas migrantes, denunciaron haber sido víctimas de maltratos a manos de agentes del INM, de la Policía Federal y de la Policía del estado de Tabasco durante una operación emprendida para detener a migrantes irregulares en Zapata.

Según la información recibida por la organización, Rubén Figueroa y Fray Aurelio Montero Vásquez fueron golpeados en la cara por agentes de policía. Fray Tomás González recibió empujones de agentes del INM, que le hicieron caer con fuerza al suelo.

Los incidentes ocurrieron cuando Rubén Figueroa y Fray Aurelio Montero Vásquez intentaban proporcionar comida y otra ayuda humanitaria a un grupo de unas 320 personas migrantes en situación irregular, entre las que había menores de edad y mujeres embarazadas, que habían tratado de abordar un tren de mercancías que viajaba desde la zona hacia el norte de México.

Cuando los defensores de los derechos de las personas migrantes llegaron a Zapata, observaron como agentes del INM y de la policía estaban deteniéndolas y separando a los hombres de las mujeres, y a algunas madres de sus hijos, antes de llevárselas en autobuses. Las autoridades no dijeron dónde las llevaban.

Algunos migrantes escaparon por los alrededores y otros se refugiaron en el albergue para migrantes La 72, en Tenosique. Quienes lograron escapar informaron de que durante la operación, los agentes del INM y de la policía habían golpeado a algunas personas migrantes.

La organización consideró preocupante el hecho de que Fray Tomás González no contaba con la protección policial que le había sido asignada dos semanas antes. En marzo de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Fray Tomás González y el albergue para migrantes La 72.

Ante ello, Amnistía Internacional hizo un llamado a que se haga público el paradero y la condición en las que se encuentran las 320 personas migrantes detenidas y que garantice que estas personas tienen acceso a abogados, y a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.

Asimismo, la organización solicita a las autoridades que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, sobre los incidentes ocurridos durante la operación, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de los abusos cometidos, tanto hacia personas migrantes, como a los defensores de migrantes, comparezcan ante la justicia.

Finalmente, Amnistía Internacional pidió a las autoridades a brindar protección inmediata y efectiva a Rubén Figueroa, a Fray Tomás González y demás personas migrantes del albergue La 72, tal como lo dictan las medidas cautelares solicitadas por la CIDH.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, y los periodistas en México son con frecuencia víctimas de ataques, amenazas, actos de intimidación, secuestro y homicidio como represalia por su trabajo legítimo y fundamental. Quienes están detrás de esos ataques casi nunca son procesados.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento, en 2012, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Sin embargo, muchos de los más de un centenar de defensores y periodistas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz y eso ha generado frustración, inseguridad y desilusión.

Aunque el gobierno afirma que está funcionando eficazmente, el mecanismo dista de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades aplican sus medidas de protección en todos los niveles.

La impunidad de que disfrutan los responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades estatales sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques.

El mecanismo debe ser sólo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra los periodistas y contra quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.

En 2013, las autoridades de inmigración mexicanas detuvieron a 82 mil 269 migrantes en México, de los cuales 75 mil 704 fueron expulsados, la inmensa mayoría a Guatemala, Honduras y El Salvador.

El número de migrantes centroamericanos que intentaron hacer la ruta a Estados Unidos fue muy superior. En México, muchos migrantes siguen sufriendo abusos a manos de la policía y otros son víctimas de homicidio, secuestro, trata o violación a manos de bandas criminales que actúan selectivamente contra ellos y que suelen hacerlo en connivencia con las autoridades locales.

Las reformas legislativas en materia de migración que reforzaron algunos derechos de las personas migrantes, en particular, el derecho a recibir protección y acceder a la justicia, no se han aplicado debidamente. La estrategia nacional para combatir el secuestro de migrantes sigue sin incluir que se obligue a rendir cuentas a los funcionarios públicos y las bandas criminales que actúan contra los migrantes.

En 2011, a lo largo de un periodo de seis meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó sobre el secuestro de 10 mil migrantes irregulares a manos de bandas criminales, en muchos casos en connivencia con funcionarios públicos. Los autores de secuestros y otros abusos contra personas migrantes rara vez rinden cuentas de sus actos.

Las autoridades estatales ignoran en gran medida la terrible situación de los migrantes irregulares y las federales tienden cada vez más a considerar el flujo de migrantes como una amenaza para la seguridad nacional, en vez de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes que atraviesan el territorio.

Hace poco, un grupo de madres de migrantes centroamericanos volvió a hacer un recorrido por todo el país buscando a sus seres queridos y reclamando investigaciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó recientemente un informe poco satisfactorio sobre el homicidio de 72 migrantes masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, estado de Tamaulipas.

El informe se centraba únicamente en aspectos limitados del caso relacionados con unos procedimientos forenses gravemente defectuosos para identificar los restos mortales y no mencionaba la falta de iniciativa de las autoridades para proteger el derecho a la vida de las personas migrantes y para establecer toda la responsabilidad de la masacre.

Todavía no se han identificado los cadáveres de otras víctimas de matanzas, muchos de los cuales se cree que pertenecen a migrantes.

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