Esterilizaciones y otros abusos, sombras de los centros de detención de migrantes en EU

Periodistas y organizaciones civiles han documentado esterilizaciones, agresiones sexuales, falta de atención médica y desprotección a los menores, entre otros abusos en los centros de detención de migrantes de Estados Unidos.

Las denuncias sobre abusos en los centros de detención de migrantes en Estados Unidos han crecido durante los últimos años, como lo han documentado diversas organizaciones de periodistas y de protección de los derechos humanos.

La más reciente se dio a conocer la semana pasada. La enfermera Dawn Wooten, quien trabaja en uno de estos centros en el estado de Georgia, denunció ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una elevada tasa de histerectomías a mujeres (extracción del útero), que podría constituir un caso de negligencia médica.

Explica que un ginecólogo, cuyo nombre no se dio a conocer pero al que llamó “el recolector de úteros”, extirpó el ovario sano a una mujer que tenía un quiste en el otro ovario: “Todo el mundo que ve [el médico], tiene una histerectomía. Incluso le ha quitado el ovario equivocado a una mujer joven. Se suponía que se le iba a quitar el ovario izquierdo por un quiste y le sacó el ovario derecho. Ella se molestó. Tuvo que someterse a otra operación y terminó con una histerectomía completa”.

La queja fue presentada formalmente por las organizaciones Government Accountability Project y Project South. En esta se detallan diversas prácticas del Centro de Detención del Condado de Irwin (ICDC) en Ocilla, Georgia. Se trata de una prisión privada que alberga a inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con Project South, “el ICDC tiene un largo historial de violaciones de derechos humanos” y está dirigido por LaSalle Corrections, una empresa privada que administra centros de detención de inmigrantes en Georgia, Texas y Louisiana.

Además del relato de la enfermera, la denuncia recoge testimonios de inmigrantes detenidos. Una inmigrante detalló que había conocido a cinco mujeres detenidas a fines de 2019, a las que se les practicaron histerectomías. De acuerdo con esta persona, cuando habló con las mujeres pensó “que esto era como un campo de concentración experimental” con sus cuerpos.

La periodista Katherine Speller, del medio digital She Knows, tuvo acceso a la denuncia completa y puso el foco en las prácticas que amenazan la salud y libertad reproductiva de las mujeres en este centro. En un reportaje publicado el 14 de septiembre, Speller detalló que una parte de la queja se centra en la falta de consentimiento informado a las mujeres antes de que les sean practicadas las histerectomías, así como en las consecuencias traumáticas y duraderas en su salud reproductiva.

Para las detenidas que no hablan inglés, el idioma supone una barrera que, sumada al suministro de información incorrecta, resulta infranqueable. Por ejemplo, una inmigrante contó que mientras un médico le dijo que le iba a drenar un quiste ovárico, el oficial que la transportó al hospital le comentó que le iban a practicar una histerectomía. Por su parte, una enfermera le dijo que en realidad se trataba de un procedimiento de dilatación y legrado para tratar el “sangrado abundante” que la mujer nunca había experimentado. Cuando lo intentó explicar, la enfermera se enojó y comenzó a gritarle.

Tras conocerse estas denuncias, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos condenó “la práctica poco ética de la esterilización coercitiva o forzada, incluidas las histerectomías” a través de su cuenta de Twitter.

Se refirió a un documento sobre consideraciones éticas en torno a las esterilizaciones de mujeres publicado en 2017 en el que señala que: “las prácticas de esterilización coercitiva o forzada no son éticas y nunca deben realizarse. El cuidado ético de la esterilización requiere el acceso a la esterilización para las mujeres que lo soliciten, sin barreras indebidas. Simultáneamente requiere protección contra prácticas injustas o coercitivas, particularmente para mujeres de bajos ingresos, mujeres encarceladas o cualquier mujer cuya fertilidad y paternidad hayan sido históricamente devaluadas o estereotipadas como problemáticas o necesitadas de control o vigilancia “

La queja de las organizaciones civiles es apenas la punta del iceberg. No se sabe cuántas mujeres han sido sometidas a histerectomías innecesarias. Desde su difusión, ha sumado múltiples apoyos. Un grupo de 173 legisladores federales envió una carta al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional para exigir una investigación inmediata de las quejas. “Estamos horrorizados al ver reportes de histerectomías masivas realizados a mujeres detenidas en esa instalación sin su consentimiento pleno e informado”, señalaron en la misiva.

La Cámara de Representantes, a través de la Comisión Seguridad Nacional, inició las investigaciones sobre el centro denunciado. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, anunció que se investigarán estas acusaciones, aunque al realizarse “sin detalles comprobables deben ser tratadas con el adecuado escepticismo que se merecen”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció que solicitó formalmente a las autoridades estadounidenses “un informe sobre las supuestas prácticas negligentes o violatorias de derechos en centros de detención migratoria” y que mantiene comunicación con las organizaciones denunciantes.

También dijo que sobre “los señalamientos de abuso sexual en contra de una ciudadana mexicana por parte de agentes de ICE en El Paso, Texas, el Consulado de México en esa ciudad mantiene contacto con la presunta víctima y su abogada para brindarle todo el apoyo consular necesario”.

Centros de detención de inmigrantes facilitan la expansión del coronavirus

La denuncia presentada por Government Accountability Project y Project South también contiene testimonios de inmigrantes detenidos, que señalan una falta de atención médica deliberada, prácticas laborales inseguras y ausencia de protección adecuada contra la Covid-19, tanto para quienes se encuentran detenidos como para los empleados.

En julio de 2020, el director ejecutivo de LaSalle -la empresa a cargo del ICDC- compareció ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y declaró que hasta ese momento nadie bajo su custodia había enfermado de Covid-19.

No obstante, las organizaciones denunciantes tienen claro que el ICDC, no solo incumple las pautas obligatorias con relación al nuevo coronavirus, sino que facilita su propagación entre el personal, los inmigrantes detenidos y el público en general.

Entre los hechos denunciados destacan la denegación o el retraso deliberado de la atención médica a los inmigrantes detenidos -antes y durante la pandemia del coronavirus-, incluidos los inmigrantes sintomáticos de Covid-19, a quienes tampoco se les realizan pruebas. En cambio, se les recetan medicamentos para el resfriado común.

Tampoco aísla a los inmigrantes detenidos que tenían casos confirmados o sospechosos de Covid-19, ni a quienes tuvieron contacto cercano con casos confirmados.

El ICDC incumple, según la denuncia, los mínimos estándares de higiene para las salas de examen médico “lo que incluye a menudo dejar sangre en el piso”. El personal no cuenta con protección para atender a los casos confirmados de Covid-19 e incluso se le reprime si alienta a los demás a seguir el distanciamiento social o si se niega a trabajar en condiciones peligrosas.

El testimonio de Dawn Wooten se suma al de otros empleados de LaSalle en el Richwood Correctional Center en Monroe, Louisiana, así como a los de los médicos Scott Allen y Josiah “Jody” Rich, reconocidos especialistas en atención médica en condiciones de detención.

Allen y Rich, quienes trabajan como expertos en temas médicos para la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles dentro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, hicieron un reporte interno en febrero de este año sobre el “riesgo inminente” que representaba el SARS-CoV-2  en los centros de detención de inmigrantes. En marzo trasladaron este informe al Congreso, e incluso, Allen reiteró sus preocupaciones en una audiencia del Senado el pasado 2 de junio.

Otros abusos documentados a lo largo de los años

El abuso en los centros de detención de migrantes se ha documentado con profusión en los últimos años. A finales de agosto, grupos de inmigrantes y organizaciones civiles acusaron al gobierno estadounidense de aprovecharse de la pandemia para crear un sistema de inmigración que vulnera los derechos de los niños migrantes.

Desde marzo, cientos de niños han sido detenidos y aislados en hoteles durante días o semanas, antes de ser deportados, sin respetar su derecho de asilo, el acceso a un abogado defensor o el derecho a quedarse en albergues con servicios de enseñanza, jurídicos y otras prestaciones.

El alojamiento en estos hoteles, al igual que ocurre en muchos centros de detención, está a cargo de contratistas privados, por lo que los menores no tienen contacto formal con el sistema de inmigración del gobierno. En junio, los agentes fronterizos capturaron a 1,564 menores no acompañados, pero oficialmente solo fueron registrados 61 en el sistema de salud. De acuerdo con la cadena CBS, más de 8,800 menores no acompañados se encuentran entre las 159 mil personas deportadas sin que pudiesen defenderse.

A mediados de 2018, en el contexto de la política de “tolerancia cero” impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, ProPublica dio a conocer desgarradores audios de niños al ser separados de sus padres en los centros de detención de migrantes. Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) publicó fotografías de estos centros, en los que se vio a los menores agrupados por edad en jaulas de alambre. Esto provocó un escándalo de enormes proporciones que obligó a Trump a revocar esta decisión.

No obstante, a finales de ese año, la periodista Ginger Thompson, ganadora de un premio Pulitzer, documentó que estas prácticas se habían reanudado, “esta vez en forma sigilosa y justificando el acto con alegatos imprecisos y no corroborados en contra de los padres, acusándolos de ofensas o delitos menores que incluyen el cargo de reingresar al país ilegalmente”. Cuando el escándalo se difuminó, Thompson dio cuenta del impacto que sufrieron estos niños al ser regresados a sus países.

Las agresiones sexuales son otro problema recurrente en los centros de detención. La semana pasada, la periodista Lomi Kriel, de ProPublica, reportó que el gobierno estadounidense deportó el lunes a “una testigo crucial de una investigación en curso relacionada con alegatos de agresión y hostigamiento sexual en un centro de detención de inmigración de El Paso, Texas”.

De acuerdo con este reporte, la mujer de 35 años estuvo detenida cerca de un año en estas instalaciones e informó a sus abogados acerca de “un patrón y una práctica” de abuso sistemático en ese lugar, en áreas que no cubren las cámaras de seguridad.

Señala Kriel que, según la queja presentada ante las autoridades, “varios guardias la besaron ‘por la fuerza’ y por lo menos uno de ellos le tocó sus partes íntimas, a menudo cuando regresaba de la unidad de atención médica a su dormitorio”. Uno de los guardias también le dijo que “si se portaba bien” la ayudaría a que la dejaran salir.

Sobre este caso hay una investigación en curso por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, a la que se sumaron los casos de otras dos mujeres. El inspector solicitó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que no deportara a esta persona, sin que surtiera efecto la petición.

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