Estas son las claves de la nueva regla de carga pública que entró en vigor este lunes

Hasta ahora, el proceso para la obtención de una visa o la residencia incluye el demostrar que el extranjero tiene los recursos para pagar sus gastos y no depender del gobierno. Pero la nueva regla agrega otra serie de factores en una nueva ecuación que incluye, por ejemplo, la edad, el estado de salud o el nivel de estudio.

Todo ello eleva las preocupaciones. Estas son las claves para entender de qué se trata la nueva regla de carga publica.

1 De qué se trata

En septiembre del año pasado el gobierno reveló planes para dificultar la arrobación de visas (incluyendo la extensión de plazos de estadía), cambio de estatus o pedidos de residencia legal permanente (green card) a los extranjeros que han solicitado ayuda pública o subsidio, tal como cupones de comida (food stamp), asistencia para vivienda o dinero en efectivo.

El nuevo protocolo está en el hecho de que el gobierno a partir de ahora tendrá más flexibilidad a la hora de negar visas o residencias si los solicitantes o miembros de su familia se van a beneficiar de ayudas públicas, entre ellas, por ejemplo, Medicaid, programa de alimentación para niños o los vouchers de alimentos.

2 Qué cambia

“Siempre ha existido el requisito de carga pública”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “Pero ahora la discreción que el gobierno le otorga a los agentes del servicio de inmigración (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración -USCIS-) y a los funcionarios del Departamento de Estado, es mucho más amplia”.

“Los factores a determinar son aproximadamente ocho y deberán tenerlos todo en cuenta al momento de decidir si aprueban o no una visa o la residencia. A partir de ahora habrá más posibilidades de determinar que una persona podrá convertirse en carga pública y le negarán el trámite”, advierte.

3 Qué se espera

“Que se compliquen los procesos para ajustar un estado migratorio o cuando una persona pida una visa para entrar a Estados Unidos”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que colabora frecuentemente con la redacción e Univision Noticias.

“Habrá que sortear más requisitos”, añade. Y habrá que prepararse para lidiar en dos escenarios distintos”, advierte.

4 Cuáles son los escenarios

Hernández explica que, cuando se comienza un proceso de ajuste estando el familiar dentro de Estados Unidos, “el caso se comienza ante la USCIS. Con ellos hay una mayor habilidad para avanzar en el proceso y el inmigrante puede ir acompañado por el abogado que lo representa. Ese es un escenario”, indica.

El segundo escenario es cuando el inmigrante, una vez culmina el trámite ante la USCIS, debe salir de Estados Unidos para hacer el trámite consular.

“Aquí el riesgo es grande”, dice Hernández. “El inmigrante deberá enfrentar solo este proceso, sin abogado, y sortear el nuevo reglamento ante un criterio y una experiencia distinta a la que maneja la USCIS”.

“Las probabilidades de que le nieguen el trámite serán más altas. Habrá que tomar previsiones, preparar de mejor manera cada caso para no fallar. Habrá más nerviosismo, aumentará el estrés y los requisitos para que a una persona le den visa para entrar a Estados unidos”, indica.

5 Quiénes son los más afectados

Los inmigrantes que padecen enfermedades crónicas, viejos, con poca educación o pobres están en la lista de principales afectados por la nueva regla de ‘carga pública’ anunciada por el gobierno.

Si están demasiado viejos o enfermos, si no tienen los estudios apropiados y los funcionarios a cargo de autorizar la visa o la residencia consideran que pueden convertirse en ‘Carga Pública’, lo más probable es que le nieguen el trámite, advierten organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

La nueva regla alterará radicalmente la forma en que los funcionarios de USCIS y el Departamento de Estado seleccionarán a los solicitantes de visa o green card por inadmisibilidad debido a la nueva definición de ‘Carga Pública’, advierte un estudio elaborado por Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), una de las organizaciones pro inmigrantes más importantes del país.

“En lugar de centrarse en los ingresos del patrocinador de un solicitante (cuando la residencia es pedida por un familiar o un empleador), como indica la declaración jurada de apoyo (Declaración Jurada de Patrocinio Económico), el gobierno examinará los ingresos actuales y estimados del inmigrante, el historial laboral, las habilidades laborales, el estado de salud, los bienes y cualquier historial familiar para verificar si ha recibo de beneficios públicos.

6. Qué beneficios son peligrosos

CLINIC muestra una lista de beneficios no monetarios que, si fueron o son recibidos durante los últimos tres años, se convertirían en un factor negativo:

· Seguro de salud subsidiado bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio;

· Medicaid (servicios que no son de emergencia);

· Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, anteriormente cupones de alimentos);

· Programa Estatal de Seguro de Salud Infantil (CHIP o SCHIP);

· Asistencia para vivienda;

· Beneficios energéticos (tal como ayuda para pagar la energía eléctrica); y,

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (cuando excede la obligación tributaria).

7 Qué otros factores están en la mira

Otras ayudas públicas que pueden ser consideradas como factor negativo son:

· Tiene edad para trabajar, está autorizado para trabajar, pero actualmente está desempleado;

· No tiene historial de empleo o perspectivas razonables de empleo futuro;

· Actualmente recibe beneficios públicos;

· Ha recibido beneficios públicos durante más de seis meses durante los últimos tres años;

· Tiene una condición médica costosa y no tiene seguro de salud no subsidiado u otros medios aparentes de pagar los costos del tratamiento; o

· Tiene un cónyuge o padre que es el principal beneficiario y que ha sido declarado inadmisible en base a ‘Carga Pública’.

8 Cómo define el gobierno el término “carga pública”

Una persona que “probablemente se convierta en dependiente del gobierno para su subsistencia”.

Pero advierte que, para determinar si un extranjero cumple con esta definición de inadmisibilidad de carga pública, se consideran una serie de factores que incluyen:

· Edad;

· Estado de salud;

· Estado migratorio familiar;

· Activos;

· Recursos;

· Estado financiero;

· Educación;

· Habilidades del extranjero que solicita un beneficio migratorio o un ajuste de estado.

9 Cuál de estos factores tomará en cuenta

La USCIS dice que los funcionarios o empleados considerarán todos los factores antes de tomar una decisión.

Advierte que la aceptación de formas de asistencia pública en efectivo como Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI), asistencia en efectivo del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas estatales o locales de asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, “podría hacer que un no ciudadano sea considerado inadmisible”.

10 ¿Todos serán juzgados de la misma manera?

El servicio de inmigración dice que “cada determinación se realizará caso por caso en el contexto de la totalidad de las circunstancias”.

Y recalca que “la asistencia pública, incluido Medicaid que se utiliza para apoyar a los extranjeros que residen en una institución para atención a largo plazo, como un hogar de ancianos o una institución de salud mental, puede considerarse como un factor adverso en la totalidad de las circunstancias para propósitos de determinaciones de carga pública”.

11 Quiénes no se verán afectados

Estos son los grupos de inmigrantes a quienes no les afectará la nueva regla de carga pública y que recibieron protección de programas humanitarios autorizados por el Congreso:

· Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).

· Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.

· Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).

· Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.

· Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.

· Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.

· Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.

· Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.

· No inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.

· No inmigrantes víctimas de crímenes que piden la visa U.

· Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.

· Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.

El gobierno también ha advertido que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “interpretará los factores legales mínimos para determinar si, en opinión del agente o funcionario que decide un caso, determina que es probable que el extranjero en cualquier momento pueda convertirse en una carga pública”.

12 ¿Se puede apelar una determinación negativa de carga pública?

“No debe olvidar que si un oficial determina que la persona es una amenaza de carga pública y niega el caso, la decisión es discrecional. Y por ser una decisión basada en la discrecionalidad del funcionario, no es apelable”, dice Guerrero.

Pero, agrega, el extranjero puede iniciar un proceso para solicitar una reapertura del caso. “Para eso hay que buscar un abogado, preparar un expediente y adjuntar evidencias de que el cliente no constituye una amenaza de carga pública. Eso puede llevar tiempo”, indicó.

13 ¿Es retroactiva la nueva regla?

“No”, dice la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). “Esto significa que los beneficios, aparte del efectivo o la atención a largo plazo a expensas del gobierno, que se utilizan antes de que la norma entre en vigencia (el 24 de febrero de 2020), no se considerarán en la determinación de la carga pública”.