Estado protege a bandas que plagian a migrantes, acusan Vera y Solalinde

El obispo Raúl Vera López y el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra alertaron sobre el endurecimiento de la política migratoria en el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como de los riesgos que enfrentan los defensores de indocumentados por parte de grupos paramilitares.

En rueda de prensa en la que se presentó el informe Situación general de los defensores de derechos humanos de migrantes en México, ambos religiosos manifestaron su preocupación por la presunta protección de los órganos del Estado a las bandas del crimen organizado que extorsionan y secuestran a indocumentados centroamericanos.

Ante integrantes de la misión internacional que realizó el reporte, los prelados también cuestionaron que el gobierno de Peña Nieto haya propuesto a Monte Alejandro Rubido García como responsable del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Rubido García “era la mano derecha de Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón), ¿cuál cambio en el gobierno?”, cuestionó Solalinde Guerra, luego de denunciar la presencia de efectivos de la Policía Federal (PF) en áreas administrativas del Instituto Nacional de Migración (INM), justo cuando personal de la corporación ha sido señalado por migrantes y defensores de colaborar con grupos del crimen organizado para secuestrar a indocumentados

Para Vera López, corporaciones policiacas y fuerzas armadas “son uno mismo” con integrantes del crimen organizado que atacan a migrantes y a sus defensores.

Los integrantes del crimen organizado “le están haciendo un servicio al gobierno, que está comprometido para que los migrantes no lleguen a Estados Unidos, y a nosotros los defensores nos ven como sus enemigos”, acusó el obispo de Saltillo, Coahuila.

Vera López señaló que hasta esa ciudad fronteriza han llegado denuncias de migrantes, quienes acusan a grupos paramilitares que custodian el tren que conecta la frontera sur con la norte.

“Es lo mismo que pasó en Chiapas con el levantamiento armado, en aquellos años el Ejército entrenaba a grupos paramilitares para acabar con la organización social y ahora están estos grupos de paramilitares que lo que hacen es procurar que los migrantes no lleguen a Estados Unidos, donde han ido a parar los salarios que no son pagados por las trasnacionales en Centroamérica”, resaltó.

Fray Tomás González, director de la casa del migrante “Los 72”, de Tenosique, Tabasco, denunció que desde que se interna el tren, conocido como La Bestia, a México, “hay bandas que se trepan y cobran a cada migrante unos cien dólares, y van cobrando esa cantidad en cada parada que se hace, así que un migrante llega a pagar hasta 800 dólares por estar arriba del tren y, si se les acaba el dinero, los avientan a las vías; todo esto ocurre frente a los ojos de todas las autoridades federales, estatales y municipales sin que se detenga a nadie”.

Los integrantes de la misión de observación, entre ellos el colombiano Agustín Jiménez, de Project Counseling Services (PCS), y la estadunidense Jennifer Johnson, de Latin America Working Group (LAWG), quienes visitaron el país del 10 al 14 de junio pasado, manifestaron su preocupación por el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las casas del migrante en México, pese a que algunas cuentan con medidas cautelares.

Según los activistas, las medidas cautelares liberadas a favor de casas de migrantes son 16 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Agustín Jiménez recordó que en las casas del migrante de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, así como en Monterrey, Nuevo León, y Piedras Negras, Coahuila, “los defensores hacen su trabajo en condiciones inadmisibles, ya que están a merced de los grupos del crimen organizado que controlan las ciudades; no hay confianza en las autoridades y, si llegan a tener algún problema, denunciar puede resultar más riesgoso, por los niveles de corrupción y complicidad con los delincuentes”.

En el sureste del país, apuntó Jennifer Johnson, los integrantes de los albergues de Tenosique, Tabasco, Palenque y Arriaga, en Chiapas; Ixtepec, Oaxaca; Coatzacoalcos y Tierra Blanca, en Veracruz, son “criminalizados y están en permanentemente amenazados, y peor aún es que no se investigan las denuncias que se interponen por esos motivos; al contrario, se les fincan delitos de tráfico de personas”.

Agustín Jiménez comentó que de las entrevistas con los defensores de migrantes “no se tienen grandes expectativas del nuevo gobierno; nos dicen que con el gobierno anterior (de Felipe Calderón) cuando menos tenían un diálogo con las autoridades de alto nivel de la Secretaría de Gobernación, que no siempre resolvían sus problemas pero por lo menos dialogaban con ellos; pero dicen que con este gobierno no ha habido algún acercamiento ni han expresado voluntad para recibirlos”.

Alberto Xicoténcatl, de la casa del migrante en Saltillo, comentó que al cierre de 2012 autoridades de distintos órdenes de gobierno habían iniciado 14 demandas contra defensores de migrantes, como parte de una estrategia de “judicializar los ataques a los defensores, mientras que ninguna de las 20 denuncias por amenazas que ellos han interpuesto ha procedido” ante instancias de justicia.

Finalmente, en el reporte se recomienda al gobierno de Peña Nieto que “asuma como prioridad la ejecución de una política migratoria integral y garantice la seguridad y protección para defensoras y defensores de migrantes”, así como se atiendan las denuncias y se castigue a los funcionarios acusados de abusos contra defensores de migrantes, aparte de que se reconozca públicamente el trabajo de realizan los activistas.

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