Especialistas advierten que el tráfico de personas aumentará por política migratoria mexicana

La crisis migratoria derivada de las políticas de Estados Unidos ha provocado una serie de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que intentan llegar a ese país. Por un lado, son víctimas de un negocio millonario de tráfico, y por el otro son la burla de agentes migratorios estadounidenses, quienes los obligan a beber agua de los inodoros.

Los congresistas demócratas visitaron dos centros de detención para migrantes de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos, y se percataron de las violaciones que sufren los migrantes. La legisladora Alexandria Ocasio-Cortez denunció que oficiales dijeron a mujeres en busca de asilo que si tienen sed, beban agua de los inodoros.

“Los oficiales mantienen a las mujeres encerradas, sin agua, y les dijeron que podían tomar (agua) de los inodoros”, denunció la demócrata en Twitter.

La denuncia se Alexandria Ocasio Cortez se suman a otras, entras las que se cuentan las que dicen que los migrantes son sometidos a tortura psicológica, que alrededor de 100 personas comparten una celda diseñada para 35, y que no se les administran medicamentos a quienes necesitan.

Judy Cho, representante demócrata de California, por ejemplo, contó que mujeres denunciaron que han pasado hasta 15 días para que se les permita bañarse.

El congresista Joaquín Castro acompañó las denuncias con un video que puede verse en su cuenta de Twitter.

Grupos de activistas criticaron el grupo privado en Facebook donde agentes migratorios, en funciones y retirados, comparten mensajes racistas y burlas contra migrantes, incluso aquellos que encontraron la muerte en su intento de cruzar hacia los Estados Unidos.

Debido al escándalo que esto genera, la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) iniciará una investigación y descalificó cualquier tipo de mensaje negativo o de burla hacia los inmigrantes.

“Lo que estos oficiales han escrito en las redes sociales es atorrante, racista y completamente inaceptable”, consideró Sandra Cordero, directora del grupo Families Belong Together. “Sin vergüenza se rieron de un niño que había muerto bajo su cargo. El Congreso debe asegurarse que CBP se haga responsable por la cultura de racismo que es evidente entre sus oficiales e inmediatamente cerrar los centros de detención para asegurarse que estos sádicos no se sean encargados de niños inocentes”.

La existencia del grupo creado en 2016 fue revelada por ProPublica e indicó que cuenta con más de 9 mil 500 miembros de todo el país. Los oficiales incluso se burlan de la reciente muerte de un salvadoreño y su bebé.

La jefa de la Patrulla Fronteriza, Carla Provost, también criticó el uso del foro para denostar a los inmigrantes.

“Estas publicaciones son completamente inapropiadas y contrarias al honor y la integridad que veo –y espero– de nuestros agentes día tras día. Cualquier empleado que haya violado nuestras normas de conducta será responsabilizado”, indicó.

En lo que va del año fiscal 2019, que comenzó en octubre de 2018, seis niños migrantes han muerto después de haber estado detenidos en custodia de autoridades migratorias en los Estados Unidos, incluida Mariee Juárez de apenas 20 meses de vida y cuya madre ahora está demandando al Gobierno por negligencia.

El negocio del tráfico de migrantes de Centroamérica y México hacia Estados Unidos es millonario y está siendo beneficiado por el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, advierten especialistas.

El foco mediático y del discurso de los gobiernos tanto mexicano como estadounidense ha estado en el tránsito de personas en caravanas o en pequeños grupos, pero la contratación de “polleros” que prometen llevar a los migrantes centroamericanos al otro lado de la frontera es una modalidad muy socorrida por la promesa de ser un salvoconducto que garantiza el cruce, y que a menudo es sinónimo de fatalidad, pues las personas que pagan por ello suelen caer en manos de redes delincuenciales que les asaltan o secuestran, los someten a prácticas como prostitución o trabajos forzados o bien simplemente los abandonan a su suerte en territorio desconocido.

Por la naturaleza ilícita de este negocio no existen cifras oficiales sobre el mismo ni tampoco se sabe con certeza cuál es el porcentaje de migrantes que cruzan la frontera sur a través de esta modalidad. Autoridades mexicanas estiman que asciende a 6,000 millones de dólares anuales, sin embargo, especialistas en migración coinciden en que el endurecimiento de la política migratoria por parte de México beneficiaría a estas redes delincuenciales.

“En la desesperación por huir muchos de ellos (migrantes) han caído en manos de las redes de tráfico de personas, y son éstas las que han aprovechado el endurecimiento de la política migratoria y han obtenido ganancias multimillonarias”, comentó Rubén Figueroa, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), la delincuencia organizada cobra en promedio 3 mil 300 dólares, alrededor de 63 mil 300 pesos mexicanos, por migrante, y si bien el gobierno ha dicho que trabajarán para desarticular estas redes, a la fecha ha ido en aumento la detención de personas que cruzan solas o en caravanas, pero no de quienes han hecho de éste un gran negocio.

Figueroa explicó que así como el Plan Frontera Sur, impulsado por Enrique Peña Nieto, aumentó el tráfico de migrantes, la actual política que persigue migrantes a través del Plan Integral de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, también haría prosperar a estas redes criminales, pues los migrantes ven en ellas una opción “más segura” para llegar a la frontera norte.

“Son los traficantes los que han puesto a miles de personas en la frontera con Estados Unidos y los han cruzado. Son redes de tráfico que operan desde Centroamérica junto con México”, advirtió el activista.

Las redes de tráfico de migrantes no se dedican sólo a este ilícito, pues su negocio se extiende al narcotráfico, al robo de combustible -mejor conocido como huachicoleo-, a la extorsión, entre otros.

Cecilia Imaz Bayona, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que estas organizaciones muchas veces trabajan para grupos criminales en los que se ha ido extendiendo el tráfico de personas que llegan a pagar desde 3,000 hasta 10,000 dólares con la promesa de que hay tres intentos para cumplir el sueño americano, pese a que, con el endurecimiento de la política migratoria de México y de Estados Unidos, están entrando a cuentagotas.

“El que tengan tres opciones los hace regresar y repetir el viacrucis, además de que este negocio ha florecido en buena medida porque hay corrupción en las autoridades mexicanas, pero también en las patrullas fronterizas de Estados Unidos”, aseveró la especialista.

Figueroa dijo que las instituciones y autoridades mexicanas, como en el caso del Instituto Nacional de Migración (INM), o algunas policías tanto locales como federales forman parte de esas redes del crimen, “una cosa es pagar sobornos a autoridades mexicanas y otra es que también son parte de estas estructuras delincuenciales”, aseguró.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito las principales rutas del tráfico migrantes -de África oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte- generan anualmente alrededor de 6,750 millones de dólares de los Estados Unidos para los delincuentes que operan en estas regiones solamente, sin embargo, dada la falta de cifras oficiales esta cifra sería mucho mayor.

A partir del segundo semestre del 2018 el flujo migratorio proveniente de Centroamérica se disparó exponencialmente. De acuerdo con cifras del INM, de diciembre de 2018 a junio de este año en México se han detenido a 105,834 migrantes indocumentados, esta cifra supera las detenciones que se hicieron durante todo el año pasado cuando fueron capturadas 138,000, y también las de 2017 cuando se detuvo a 93,846 personas.

Imaz Bayona explica que no hay una causa particular que explique el éxodo centroamericano, más bien, un deterioro económico, político y social son el motor de las caravanas.

“Se formó una bola de nieve, hay un deterioro de condiciones. Las poblaciones menos favorecidas viven asoladas por las pandillas, a eso se le sumó la crisis del café, fue una avalancha de condiciones lo que llevó a transitar por México a las caravanas migrantes”, detalló.

Rubén Figueroa, quien se dedica a la defensa de los derechos de los migrantes que cruzan la frontera sur de México para llegar a Estados Unidos, dijo que hay una crisis social muy fuerte en Centroamérica, en donde no sólo es la pobreza que padecen sus habitantes, también hay una violencia estructural que proviene de pandillas, del crimen organizado y del Estado.

La región conformada por Honduras, El Salvador y Guatemala, también conocida como el triángulo de la muerte, padece una crisis socioeconómica, que de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha propiciado que actualmente los migrantes de El Salvador conformen el 22 por ciento del total de su población, los de Honduras 6.9 y los de Guatemala 5.8 por ciento.

La violencia y la persecución de migrantes centroamericanos por parte de las autoridades mexicanas no iniciaron en esta administración, sin embargo, especialistas en el tema afirman que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador da continuidad a la política fallida que se había implementado antes.

“El Presidente heredó una política migratoria fallida, pero la que está implementando responde a una petición clara del gobierno de Trump, el despliegue de la Guardia Nacional no se entiende sin los diálogos del gobierno mexicano con Estados Unidos”, aseguró Tania Reneaum Panszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional.

Rubén Figueroa indicó que la persecución se ha incrementado con esta nueva administración, y si en la administración pasada las cosas eran difíciles con el Plan Frontera Sur, ahora la situación se torna más difícil para los migrantes, porque por un lado se les persigue, se les detiene y se les deporta masivamente, pero además se mantiene una criminalización hacia ellos y un mensaje de odio.

En el centro están los migrantes siendo lapidados en medio de un muro militar que se ha implementado en la frontera sur de México, pero que también tiene presencia en la frontera norte.

Uno de los acuerdos para evitar que Estados Unidos impusiera aranceles a los productos mexicanos, que iniciarían en un 5 por ciento y aumentarían mensualmente hasta llegar a un 25 por ciento, fue contener el flujo migratorio, para lo que el gobierno mexicano decidió desplegar a 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur.

“Con el despliegue de la Guardia Nacional la actual administración está implementando una política migratoria enfocada en la seguridad pública, el mensaje que mandan es que las personas migrantes están cometiendo un ilícito o son delincuentes, y hay que expulsarlas porque son parte de la inseguridad y de los peligros que hay en México”, indicó Tania Reneaum Panszi.

La especialista dijo que la Guardia Nacional no puede ser quien resuelva problemas sociales como el de la migración, desplegar a los gendarmes significa desplegar policías que van detrás de personas que vienen huyendo de pobreza, de violencia y de muchos otros problemas.

Si bien, además de endurecer las medidas para detener migrantes, el gobierno ha anunciado programas como “Sembrando vidas” para emplear a los miles de centroamericanos que huyen de sus países, sin embargo, Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana, comentó que es plausible haya una visión de desarrollo, pero no es suficiente.

“En vez de gastar los recursos en militarizar la frontera lo que deberían de hacer es más programas de regularización para garantizar su seguridad, lo que están haciendo es criminalizar la migración y eso de ninguna manera puede ser una opción”, sentenció.

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