Es “una desviación innecesaria”: juez federal bloquea la entrada en vigor de nueva regla de carga pública

Publicado el 11 de octubre de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Make the Road NY (Twitter).

Un Juez federal de Manhattan, Nueva York, frenó este viernes la entrada en vigor de la nueva regla de carga pública que el gobierno de Donald Trump anunció en octubre del año pasado y que en agosto se publicó en el registro federal como versión final que entraría en vigor el 15 de octubre.

En una opinión de 24 páginas, el juez federal de distrito George Daniels calificó la nueva norma como una desviación innecesaria de los procedimientos establecidos durante “más de un siglo”.

“Además de las alegaciones concluyentes de que serán perjudicados por el impedimento para administrar el sistema de inmigración, los acusados no articularon, y no pueden articular qué dificultades reales sufrirán por mantener el status quo“, escribió Daniels.

La norma permitía al servicio de inmigración negar beneficios migratorios, incluso la residencia legal permanente (green card) a extranjeros que utilizan ayudas públicas, tal como cupones de comida, asistencia médica o ayuda para el pago de la vivienda, entre otros.

La orden preliminar a nivel nacional fue emitida por el juez George Daniels. El fallo prohíbe al gobierno la implementación de la nueva norma, que de acuerdo con organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, grupos religiosos y abogados, afectaría a miles de extranjeros, sobre todo de bajos recursos económicos que incluso califican para recibir ciertos tipos de asistencias por parte del Estado.

“De acuerdo con el dictamen del juez Daniels, la regla como estaba escrita no entrará en vigor el martes 15 de octubre”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“El juez dijo en su opinión que los demandantes tienen la posibilidad de ganar en los méritos del caso y que en caso de que hubiese entrado en vigor, sufrirían daño irreparable”.

La demanda fue presentada a finales de agosto por un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Nueva York, quienes se sumaron a otra similar que entablaron estados y el Distrito de Columbia.

“Nosotros, junto con @LegalAidNYC, @theCCR y organizaciones aliadas, estamos demandando al gobierno de Trump por el ataque #PublicCharge en nuestras comunidades”, dijo en esa ocasión Make the Road New York (Haciendo Camino Nueva York) en su cuenta de la red social Twitter. “La nueva regla tendría un impacto escalofriante en potencialmente millones de familias aquí NYC si entra en vigor el 15 de octubre”, agregó.

El 14 de agosto los condados de San Francisco y Santa Clara, California, alegaron que los cambios sugeridos por el gobierno de Trump empeorarán la salud y el bienestar de sus residentes, aumentarán los riesgos de salud pública y tendrán un impacto financiero.´

Los demandantes también consideraron que la nueva norma “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley”.

“Facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley mientras siembra miedo y confusión en nuestras comunidades”, dijo Dennis Herrera, fiscal de San Francisco, en un comunicado. “Esta regla obliga a la gente a tomar una decisión imposible: su salud o un futuro mejor con su familia. Todos asumiremos el precio de esta política equivocada”, agregó.

“El tribunal de Manhattan falló a favor de los estados de Nueva York, Vermont y Connecticut, y sostuvo que los inmigrantes sufrirían daños irreparables si la regla entraba en vigor”, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Cornell, en Nueva York. “Varias otras demandas que desafían la regla de carga pública también están pendientes”, indicó.

La nueva regla fue publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el 13 de agosto. Tras conocerse los detalles de la medida, que forma parte de la política migratoria de tolerancia cero de Trump, abogados dijeron que se trataba de un “ataque” a los inmigrantes con papeles en regla, el primero a gran escala del gobierno desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017.

La nueva disposición, que entraría en vigor luego de un período de 60 días de comentario público, no solo afectará a los inmigrantes futuros, sino que pone trabas a la inmigración legal al momento de ajustar sus estatus a residentes legales permanentes (green card) y también a sus familiares inmediatos.

De acuerdo con la política anunciada, los inmigrantes legales que utilicen ayudas públicas correrán el riesgo de enfrentar juicios de deportación en caso de que soliciten un cambio de estatus y les nieguen la solicitud bajo amenaza de coinvertirse en una carga para el Estado.

Si entra en vigor, “la nueva regla cambiará fundamentalmente quiénes somos como país, transformándonos de un país que acoge a las personas que quieren esforzarse para mejorar su vida, en un país manipulado para favorecer a los ricos”, habvía dicho poco antes del dictamen el National Immigration Law Center (NILC).

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