En vilo contrato de ICE con el centro de detención para migrantes más grande en California

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) indicó este lunes que está explorando varias opciones, incluyendo transferir a otros estados a sus detenidos en el área de Los Ángeles, luego de que funcionarios de la ciudad de Adelanto anunciaron que cancelarán en 90 días su contrato con dicha agencia federal. Esta decisión deja en vilo el futuro del centro de detención para migrantes más grande de California.

Aún no está claro si la polémica prisión ubicada en el condado de San Bernardino, dejará de recibir a personas arrestadas por ICE, así como otros bajo su custodia como los solicitantes de asilo. Si eso ocurre, la segunda zona metropolitana de Estados Unidos con más indocumentados (se calcula que aquí viven alrededor de un millón) se quedaría sin una cárcel para migrantes. Solo tendría una instalación de procesamiento en el centro de Los Ángeles.

El problema se ha complicado para ICE porque el Sheriff del condado de Orange anunció el miércoles pasado que también planea rescindir un acuerdo con la agencia migratoria por el cual acomoda actualmente unos 958 migrantes en dos prisiones, Theo Lacy y James Musick. El plazo de ese contrato se vence el 1 de agosto.

La cárcel de Adelanto, por su parte, tiene una capacidad para alojar hasta 1,940 detenidos. Es administrada desde mayo de 2010 por la compañía GEO Group, que cobra 113.51 dólares diarios por cada una de las 1,455 camas, una tarifa que baja a $43.77 si aumenta el espacio requerido. En 2015 amplió el centro para recibir mujeres.

Los oficiales de Adelanto decidieron finalizar ese acuerdo en una reunión privada y se anunció hace unos días por el administrador del ayuntamiento de esas ciudad, Jessie Flores, en una carta con fecha del 27 de marzo enviada a ICE y GEO Group. Univision Noticias pidió a la administración de Adelanto un comentario sobre esta decisión, pero no hubo respuesta hasta la publicación de este artículo.

Geo Group, por su parte, refirió las preguntas sobre este asunto a ICE.

Lori Haley, portavoz de ICE en Los Ángeles, indicó en un comunicado que la agencia continuará usando la cárcel de Adelanto hasta que el contrato esté vigente y advirtió que ya exploran otras opciones, como enviar a los detenidos a centros de otros estados.

“Si la instalación ya no está disponible, cada caso se revisará y la decisión sobre continuar la detención y las posibles transferencias se realizarán caso por caso, respetando las prioridades, directrices y actuales mandatos legales de la agencia”, señaló Haley. “Asegurar que haya suficientes camas disponibles para satisfacer la demanda actual de espacio de detención es crucial para el éxito de la misión general de ICE”.

En todo el país ICE tiene centros administrados por la dependencia y además usa cárceles locales, del condado, estatales y privadas. La agencia afirma que “siempre que sea posible” busca alojar a los detenidos dentro del área geográfica de su arresto “para que puedan estar cerca de sus familiares y abogados” y reducir las transferencias.

Aunque activistas han pedido repetidamente el cierre de la cárcel de Adelanto citando una serie de abusos, ahora se advierte que estos traslados afectarán los procesos de deportación y solicitudes de asilo. Se anticipa que, en los peores casos, los migrantes ni siquiera podrían llamar a sus familias.

“Si sus abogados en California tienen que visitarlos al lugar donde estén les costará más, por los vuelos, el hotel y otros viáticos”, dijo a Univision Noticias el abogado de inmigración Raúl Saldaña. “Eso afectará su situación”.

Saldaña cree que sería más difícil representar estos casos porque “estando fuera del estado es complicado conseguir documentos y otras cosas que ocupamos los abogados”. También lamentó que algunos migrantes quedarían completamente aislados si no pueden pagar las llamadas para estar en contacto con amigos y familiares. “Limita incluso la comunicación con los abogados”.

El centro de detención de Adelanto ha sido criticado en varios reportes de inspectores federales y de organizaciones sin fines de lucro. El informe más reciente, publicado a principios de marzo, alega que los directivos de la prisión han ocultado varios intentos de suicidio y advierte sobre la sospecha de que algunos se debieron a los maltratos que ocurren en ese lugar.

En tanto, inspectores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) descubrieron que la atención médica es inadecuada y que hay distintas violaciones graves de las normas de detención en esa cárcel. Esto se suma a una larga lista de acusaciones, incluyendo agresiones físicas contra los detenidos y las muertes de tres migrantes desde marzo de 2017.

Entre junio de 2017 y octubre de 2018, ICE alojó en ese centro a unos 10,000 detenidos de más de 100 países de origen, según un análisis de la Procuraduría general de California. El 35% de estos eran de México. El segundo grupo más grande (22%) eran personas provenientes de India y el tercero de Guatemala (10.3%).

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