En marcha para revivir debate por la reforma

Activistas e inmigrantes indocumentados en todo el país se alistan para participar de marchas y protestas masivas a nivel nacional durante el mes de octubre que es considerado clave ya sea para aprobar una reforma inmigratoria o para apagar cualquier esperanza.

Como una antesala a la marcha y concierto convocado para el próximo 8 de octubre en la Alameda Nacional de Washington se realizará este 5 de octubre un Día por el Respeto y la Dignidad para exigir la necesidad de aprobar una reforma inmigratoria y al mismo tiempo pedir un alto a las deportaciones.

De esta manera grupos de activistas e inmigrantes agotan sus esfuerzos en pro de lograr una ley de inmigración con camino a la ciudadanía que ha descendido en nivel de prioridad dentro de la agenda en el Congreso, especialmente por el debate que ahora se centra en el aumento del límite de la deuda y el presupuesto.

Mientras los republicanos en la Cámara de Representantes todavía no se han manifestado claramente sobre qué pasos tomarán para lograr la aprobación de una reforma inmigratoria, los demócratas continúan en la lucha por conseguir un proyecto de ley que de luz a los más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.

Uno de ellos es el congresista Luis Gutiérrez que se une a estos últimos esfuerzos, pero consciente que será un arduo camino difícil de alcanzar este año.

“Es un tunel difícil y oscuro” el poder lograr una reforma inmigratoria este año, pero al mismo tiempo el Congreso debe entender que nosotros no nos vamos a ir. Las deportaciones continúan y continuarán ocasionando un efecto devastador”, dijo Gutiérrez.

El congresista también se sumó al pedido de los activistas para que la administración Obama ordene un alto a las deportaciones sacando a relucir que en las próximas cuatro semanas serán deportadas más de dos millones de personas indocumentadas desde 2009.

Se están deportando a más de 1.000 personas por día por lo que este grupo de activistas y organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes apelan a la facultad del presidente para hacer efectiva una orden ejecutiva para poner fin a la separación de las familias.

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