En carpas, por videoconferencia y casi sin testigos: así se decide el futuro de los solicitantes de asilo enviados a México

Un salvadoreño está sentado en una sala de audiencias improvisada en una carpa blanca situada en un puente fronterizo en Laredo (Texas). El hombre, que ha llegado hasta ahí escoltado desde la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, tiene a su hija de unos 3 años en su regazo mientras habla por videoconferencia con una jueza de migración que está a más de 150 millas de distancia, en San Antonio. Dirigiéndose a la pantalla de televisión que tiene en frente, el solicitante de asilo le cuenta a la magistrada Margaret D. Burkhart que teme volver a México donde, según cuenta, les secuestraron durante tres días.

Historias como las de este salvadoreño son las que la directora de abogacía para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Charanya Krishnaswami, ha escuchado desde el lunes cuando llegó a Texas para conocer de primera mano las cortes que el gobierno ha montado en carpas en las ciudades fronterizas de Nuevo Laredo y Brownsville. A través de ellas, la administración de Donald Trump busca atender los casos de los más de 40,000 solicitantes de asilo que han sido enviados a México con el programa conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) sin que estos estén físicamente en Estados Unidos.

Para Krishnaswami, esta nueva estrategia con la que el gobierno trata de hacer frente a la reciente oleada de migrantes centroamericanos que han llegado en los últimos meses a Estados Unidos con niños de la mano para pedir asilo, es “injusta” y no garantiza el derecho de las personas que se sienten perseguidas a pedir protección.

“Está claro que la manera en que estas cortes en tiendas están construidas para aislar a los solicitantes de asilo del público lo máximo posible y que no puedan conseguir ayuda. Así que mucha gente no tiene asistencia legal”, lamenta la directora de abogacía de AI en declaraciones a Univision Noticias.

“Hay mucha gente que está intentando hacer todo bien por todas las maneras y aun así los devuelven a México y no entienden por qué. No entienden por qué vienen a corte, no tienen orientación legal ni explicación del proceso”, agrega.

El objetivo del gobierno: desmotivar a quienes “no tienen razones válidas”
Pero el gobierno ve estas cortes hechas con carpas blancas y tráilers e instaladas al lado de los puentes fronterizos como una herramienta para agilizar las audiencias de asilo del país, que cuentan ya con un millón de casos atrasados, según el registro independiente que lleva la Universidad de Syracuse.

“Estamos dando más integridad al sistema y eso va a desmotivar a personas que no tienen razones válidas para venir y nos permitirá atender más rápido a quienes no tienen causas justas para pedir asilo”, dijo esta semana el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, al visitar la carpa de Laredo junto a otros altos funcionarios del gobierno de Trump.

Pero las organizaciones de derechos humanos lamentan que, con el programa MPP, el gobierno está dejando en México, muchas veces en ciudades con altos niveles de violencia y sobrepasadas por la llegada de migrantes, a familias vulnerables que no tienen cabida en los albergues y que, sin dinero, se ven obligados a dormir en la calle en lugares cercanos a los puentes fronterizos y sin servicios higiénicos.

Los activistas proinmigrantes también han advertido la falta de acceso de los solicitantes de asilo a abogados que les ayuden a navegar por el sistema legal estadounidense para poder pedir protección desde el país vecino.

Y los pocos que consiguen tener representación legal, a sus abogados no les dejan hablar con otros migrantes que no sean sus clientes.

El programa comenzó a implementarse la semana pasada en la carpa de Laredo que, según las autoridades, tiene capacidad para procesar hasta 400 migrantes en un día, y también está funcionando otra en Brownsville, que puede albergar hasta 720 diarios, según el contrato federal.

El director interino de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Ken Cuccinelli, dijo esta semana que las carpas de Laredo y Brownsville son solo la primera fase de un programa que prevé extenderse a otros puntos de la frontera e involucrar hasta a 200 jueces en audiencias remotas en diferentes puntos del país. Por el momento se sabe de cortes atendiendo estos casos a través de teleconferencia en San Antonio, Port Isabel y Harlingen.

Pero no es mucha la información que el gobierno ha dado sobre estas audiencias en carpas para las que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó al Congreso desviar 155 millones de dólares del Fondo de Ayuda por Desastres de FEMA. De acuerdo a una carta enviada al secretario interino de ese departamento en agosto, los fondos serían destinados a la construcción y operación de cinco tribunales en la frontera sur.

Por el momento, el programa se ha lanzado rodeado de secretismo: ni periodistas ni organizaciones de derechos humanos tienen acceso a las audiencias en las carpas, a excepción de los medios que consiguieron entrar en la de Laredo durante la visita de McAleenan, Cuccinelli y otros funcionarios.

A diferencia de las audiencias de asilo en las cortes de todo el país, que están abiertas al público, la única posibilidad de ser testigos de estos procesos en las carpas es en San Antonio, donde trabajan algunas de las juezas que revisan los casos por teleconferencia y a los que el gobierno ha dado acceso a periodistas y organizaciones.

“Hemos visto que mucha gente no se está presentando en corte y, sabiendo qué peligrosos son los lugares a los que se les está mandando, tengo preocupaciones serias por su seguridad y las razones por la que no se presentan a corte”, le dijo a Univision Noticias Charanya Krishnaswami de AI, quien el martes y el miércoles asistió a las audiencias en San Antonio.

Según cuenta, el martes 120 solicitantes de asilo tenían cita en esa corte. En la sala en la que ella estuvo, de los 56 migrantes que estaban en la lista de la jueza Burkhart sólo se presentaron 33, mientras que a los otros 23 les pusieron órdenes de deportación en ausencia. El miércoles, las cifras fueron menores: de los 56 casos que debía ver la magistrada, solo 15 se presentaron, mientras que, en la otra sala, de las 86 personas convocadas, solo se presentaron unos 30.

Las organizaciones achacan esas grandes tasas de ausentismo a que muchos migrantes deciden regresar a sus países por el temor de quedarse en México.

De hecho, como el padre salvadoreño que relató un secuestro en la corte de Laredo, muchas personas le comunican a los jueces el miedo de regresar a México mientras continúan sus casos de asilo y relatan vivencias traumáticas que sufrieron en ese país mientras esperaban su turno en la corte.

“Una pareja cubana describió cómo los habían intentado extorsionar. Les pidieron 1,500 dólares y le tuvieron que pedir ayuda a su familia para pagar y contaron que a varios amigos los habían secuestrado también”, afirma Krishnaswami.”Eran muchos los que describían secuestros, violencia, no tener un lugar donde quedarse… Y los dos jueces dijeron que no tenían control sobre si les mandaban de vuelta a México, pero que los podían referir a oficiales de asilo para que determinaran si existía un miedo creíble para regresar”.

Sin embargo, la abogada de AI afirma que, aunque expongan un miedo serio a regresar, a la mayoría los devuelven al país vecino, lo que le hace desconfiar del proceso y de la entrevista con los oficiales de asilo.

Krishnaswami también vio algunas irregularidades los dos días que estuvo observando, como el caso de tres mexicanos en las listas de la corte como parte del programa MPP que, por definición, no debe incluir a ciudadanos de esa nacionalidad; o casos difíciles de comprender, como el de una familia venezolana a la que las autoridades enviaron a México pese a que tres de los cuatro miembros tenían visas B1/B2 (de turismo y negocios) que permitían su estancia en el país.

“Era una madre y tres hijos de 15 años, 10 años y un bebé de 8 meses. Tres tenían visa para estar en EEUU, pero se les devolvió por el programa conocido como ‘Permanencia en México’. Y lo hicieron, según dijeron, para evitar una separación familiar porque el bebé no tenía visa”, cuenta.

Ese tipo de situaciones está provocando que muchos migrantes desistan y regresen a sus países, como Wilson, un padre hondureño que acudió esta semana a su corte en la carpa de Laredo.

“Había una pantalla grande y no le dejan a uno que opine mucho ahí”, le dijo a Univision Noticias. Por eso, aunque le dieron una cita para regresar el 25 de octubre, él decidió devolverse a Honduras.

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