En California pretenden desaparecer a los consultores de migración

En el estado de California, los consultores de migración podrían tener sus días contados.

La asambleísta demócrata de Salinas, Ana Caballero, presentó la medida AB 638 para prohibir la existencia de los consultores de migración en el estado.

La medida es patrocinada por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), la  Fundación de Asistencia Legal Rural de California (CRLAF)  y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y tiene como objetivo acabar con las estafas a indocumentados de parte de consultores de migración.

“Los asuntos de migración son extremadamente complejos y cualquier petición hecha para un niño, adolescente o adulto inmigrante tiene consecuencias a largo plazo para ellos y sus familias”, dice Caballero.

“Tristemente a lo largo de los años hemos visto que personas que buscan un alivio migratorio son arrestadas o puestas en proceso de deportación a causa de consultores de migración sin conocimiento amplio y comprensivo de las complejidades de las leyes de migración”, agrega.

La semana pasada, la AB 638 fue aprobada por el Comité Judicial de la Asamblea estatal.

Angélica Salas, directora de CHIRLA, explica que patrocinan esta iniciativa porque han visto que muchos consultores de migración sobrepasan las funciones permitidas por la ley y cometen fraude. “Son responsables de que mucha de nuestra gente sea deportada. Les hacen creer que pueden representarlos en la Corte cuando no les es permitido. Entonces pierden sus casos. Por ellos tenemos 960,000 personas con órdenes de deportación”, señala.

La sugerencia de Salas es que si quieren ayudar a la comunidad, se conviertan en una organización no lucrativa acreditada por migración – o bien – que contraten un abogado de migración con quien trabajar.

“Pero no quieren ni una cosa ni otra, porque si se hacen organización no lucrativa tienen que cobrar bajos costos. En la actualidad los consultores de migración privados trabajan muy cómodos. Hacen negocio sin ninguna responsabilidad”, subraya.

Daniel Sharp, director legal de CARECEN, explicó que la figura del consultor de migración fue creada a través de una ley estatal en 1986 como respuesta a la Amnistía.

“Pero en la actualidad dicha ley presenta un vacío que permite las estafas masivas a los inmigrantes. La única función del consultor de migración es traducir y llenar formas de acuerdo a la información que le da el inmigrante”, destaca.

El problema es que el propio término de consultor es engañoso, dice Sharp. “Al escuchar consultor en migración y saber que tienen una licencia del estado, la gente piensan que es un experto en migración cuando por ley tienen prohibido dar consultas”.

Sharp explica que sus errores son imposibles de corregir y a menudo implican poner a la gente en camino a la deportación, sino es que ya fueron deportados. “En el mejor de los casos, cuando todavía hay solución, al inmigrante le va a costar más trabajo y tiempo resolver su situación. Ya perdieron dinero y décadas sin estatus migratorio”, señala

Al año, se reportan en el condado de Los Ángeles alrededor de 100 quejas contra consultores de migración. “Casi es un crimen perfecto porque la gente no quiere denunciar. Muchas veces se dan cuenta que fueron estafados años después debido a que las peticiones de migración toman su tiempo”, asevera Sharp.

El activista Juan José Gutiérrez, director de One Stop Immigration, opina que la intención detrás de la propuesta de ley de Caballero es buena. “Hay que proteger al inmigrante indocumentado en contra de las estafas y el fraude. Pero antes de aprobarla, debe ajustarse para que no cortemos el trabajo a 1,500 consultores de migración que pagan una cuota en el estado. No puedes llegar y descabezarlos. Ellos prestan un servicio dentro del sector privado”, resalta.

La también activista Gloria Saucedo, directora de Hermandad Mexicana del Valle de San Fernando y quien el año pasado llegó a un acuerdo en la Corte de Los Ángeles por acusaciones en su contra de dar asistencia legal sin licencia, dijo que hay buenos y malos consultores de migración. “Se debe reformar la ley para mejorar el servicio, pero no se puede quitar. Cada consultor tiene entre cinco y seis trabajadores. Eliminarlos significa dejar sin empleo a 6,000 (personas)”, señala.

Añade que no hay suficientes abogados para llenar formas y documentos de migración. “Si los quitan, el afectado va a ser el pueblo inmigrante”, dijo.

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