En buses o en vuelos pagados por Trump: la angustia lleva a los centroamericanos que esperan en México a devolverse a sus países

Publicado el 22 de agosto de 2019
por Patricia Clarembeaux y Almudena Toral en Univision Noticias. Fotografía de Almudena Toral/Univision.

Han pasado nueve días desde que a Vilma Ruiz la devolvieron a Tijuana junto a su hijo de 9 años. Ella está sola, sentada en una silla en un albergue para migrantes y su rostro tiene dibujada una tristeza tan profunda que se contagia. Cuando habla, suelta las palabras con desgano y sin mostrar gesto alguno. A diferencia de su hijo, que sonríe y corre por todos lados con el resto de los niños de su edad.

“Ya no quiero seguir aquí. Me siento mal. Uno viene con la ilusión de llegar a Estados Unidos, pero nada. Para mí irme es una decisión tomada”, dice ella, que explica que no quiere esperar cinco meses en un albergue a que llegue su primera fecha de corte con un juez de inmigración. “Me voy a esconder aquí, mami, ese niño me está pegando duro”, la interrumpe él, que entiende poco las razones por las que están en México.

Vilma se cansó de esperar y se anotó en la lista de los centroamericanos que quieren devolverse a su país, en su caso, a Honduras. Ya estuvo detenida con su hijo en un centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza (CBP) en Texas. De ahí la movieron a California con la promesa de que los dejarían ir con sus familiares en Estados Unidos para esperar la solución de sus casos de asilo, pero cuando llegaron a San Diego les cambiaron los planes: serían retornados a México bajo el Protocolo de Protección de Migrantes —MPP o ‘Remain in Mexico’— y la fecha de su audiencia en corte quedó fijada para el 14 de enero de 2020.

Ruiz y su hijo no son los primeros bajo el MPP que han tomado la decisión de irse. Según los encargados de los albergues, en las últimas dos semanas las listas de los migrantes que se rinden en Tijuana son cada vez son más largas: algunos tienen a 25, 30 y hasta 50 personas que quieren regresarse a Guatemala, Honduras y El Salvador. Una de las razones es la misma que llevó a Vilma Ruiz a anotarse: las esperas de entre cinco y nueve meses hasta la fecha de la primera corte o para que toque su número y puedan entrar apenas a presentarse ante la Patrulla Fronteriza.

Decepcionados y a pesar de la larga travesía desde sus países, algunos han optado por marcharse lo antes posible, han decidido pedir a familiares y conocidos que les presten el dinero para pagar por un puesto en el autobús que los lleve hasta la frontera de Tapachula. Carmelo Vargas, chofer de una de estas unidades, dice que en el último mes la empresa para la que trabaja ha hecho este viaje de dos días y medio unas cuatro o cinco veces a pedido en su mayoría de guatemaltecos y hondureños.

Otros comenzaron a anotarse en las listas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, una agencia de la ONU), que apenas el 8 de julio en Ciudad Juárez comenzó a pagar vuelos y autobuses financiados por el gobierno de Estados Unidos para que los migrantes bajo el MPP —más de 20,000— puedan volver a sus países. La semana pasada salió el primero con 12 centroamericanos desde Tijuana. El próximo que partirá posiblemente esta semana desde el albergue Ágape es el de Vilma, que espera impaciente para marcharse con otros 23 compañeros que ya se anotaron.

“En este caso es el gobierno de Estados Unidos quien nos financia”, cuenta al teléfono Christopher Gascon, representante de la agencia en México. Él explica que el programa voluntario de regresos asistidos no es nuevo, lo han aplicado en otras circunstancias con la cooperación de donantes como, por ejemplo, cuando el año pasado llegaron al país las caravanas de migrantes desde el Triángulo Norte. “Repensaron la situación y decidieron retornar a casa. Fue en la Ciudad de México donde empezamos a ofrecer esta opción”, explica.

Aunque el MPP comenzó a aplicarse en la frontera con México desde finales de enero de 2019 y fue avalado en mayo por la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, no fue sino hasta julio que la OIM amplió su programa a los retornados a México. Tardaron sobre todo porque, según Gascon, “no había mucha claridad en un principio del estatus de las personas” y de los riesgos a los que podían exponerse los migrantes si regresaban a sus países de origen.

Desde julio de este año, aseguran en su web, han asistido en 208 retornos voluntarios de personas bajo MPP. Gascon explica que los devuelven a sus países en vuelos o en autobuses, “depende de la disponibilidad que encontremos (…) En estas fechas es muy difícil encontrar suficientes espacios a bordo de aviones y cuando la gente desea retornar de forma más rápida, lo más sencillo son los buses”.

El tiempo de espera para la primera fecha de corte no es la única razón por la que cada vez más centroamericanos buscan medios para regresarse a Guatemala, Honduras o El Salvador.

“Yo la verdad quedé con miedo”, dice Vilma al contar que no quiere presentarse ante el juez de inmigración y que le digan que debe volver a la hielera (centros de procesamiento de la Patrulla Fronteriza). Ella recuerda que firmó su retorno a México sin poner muchas objeciones. Lo hizo asustada porque desde su celda vio cómo varios agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego sometieron a la fuerza a una señora y la obligaron a firmar. Le empujaban sus brazos hacia adelante mientras ella se resistía y una funcionaria mujer le clavaba las uñas en el antebrazo para que abriera el puño y pusiera al menos la huella digital con la que consentía esperar su caso del lado mexicano.

Esa historia fue contada a Univision Noticias por al menos una decena de migrantes centroamericanos que, igual que Vilma, vieron la escena. Hay quienes la vivieron en carne propia.

Ileidy Díaz se va por el mismo miedo. Hace dos domingos se regresó a Guatemala con sus hijos de 6 y 8 años —y otros 13 migrantes más; y también Ángela (nombre cambiado para proteger su identidad), que se marchó el viernes a Honduras con sus tres hijos.

A Ileidy la obligaron a firmar: “Mis hijos lloraban de ver a los hombres agresivos”, recuerda ella apenas minutos antes de subirse a su autobús. “El miedo que eso me generó me hace devolverme a mi país. Mi esposo, que está en Estados Unidos, me dice que volvamos a intentarlo, pero no. Los niños se van a seguir traumatizando”.

Ella cuenta además que cuando le pedía a los agentes de la Patrulla Fronteriza ropa interior limpia y de su talla le respondían que ella no estaba en un hotel, y cuando pidió agua potable para sus hijos —y no la del grifo, que era la que les daban— le respondieron enojados que no estaba en un restaurante para exigir. “Jamás había recibido una humillación así ni había llorado tanto”.

Ángela se siente como Ileidy: “Ya el sufrimiento de mis hijos fue suficiente: han pasado hambre, sed, han llorado cuando migración maltrata a las personas. Le están causando un problema psicológico a los niños, así que yo me quiero regresar aunque sea a comer frijoles”.

Univision Noticias solicitó en repetidos correos electrónicos una entrevista con voceros de la Patrulla Fronteriza en San Diego para conversar sobre estas denuncias y sobre la aplicación del MPP, pero la petición fue negada.

Según el albergue que se visite, el porcentaje de quienes llegan y quienes se rinden varía. En Madre Asunta, que actualmente tiene alojadas a 100 mujeres y niños migrantes, la vocera Salomé Lima asegura que 20% de su población decide regresarse a sus países por los prolongados tiempos de espera para sus cortes. Eso a pesar de que algunos huyeron tras ser víctimas de las pandillas. “Dicen: ‘Yo creí que era más fácil y me di cuenta de que no. El tiempo de espera es mucho y no hay certeza de que voy a entrar'”.

En el Embajadores de Jesús, que alberga a unas 250 en promedio, su pastor, Gustavo Banda, asegura que de todos los que llegan cada semana, un aproximado de 40% se quedan a esperar su primera corte mientras que el resto decide, decepcionado, retornar a su país.

Y en el Ágape, que da cobijo a 230 migrantes, en las últimas tres semanas entre 50 y 55% de los centroamericanos que reciben se regresan, explica el pastor Alberto Rivera. Además de las razones anteriores, él asegura que no poder trabajar por falta de documentos, que los niños pasen meses sin ir a la escuela y que no logren conseguir abogados probono que los representen ante el juez de inmigración también son razones que alimentan el desespero de los migrantes.

Para Banda, la forma en la que se está aplicando la política de Trump solo tiene un objetivo: “Desalentar que la gente busque quedarse en Estados Unidos. Les está funcionando muy bien”.

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