Empresas carcelarias, tras leyes migratorias Administradores penitenciarios y grupos radicales las promueven

Las leyes antiinmigrantes en Estados Unidos —como la SB1070 de Arizona—, tienen un objetivo: que cientos de indocumentados ingresen a prisión por las ganancias que generarían. Entre los impulsores de estas legislaciones está la Corrections Corporation of America (CCA), empresa privada que administra 65 cárceles y centros de detención de migrantes, y que sólo por estos últimos obtuvo ganancias por 74 millones de dólares en 2010.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la especialista en temas migratorios Andrea Nill revela así el resultado de la investigación que realizó junto con sus colegas del Center for American Progress —organización no gubernamental y de análisis político en Washington—, que expone los presuntos nexos de la CCA con personajes cercanos a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y el senador Russell Pearce, y que llevan a cuestionar el interés real de ambos por criminalizar la migración.

Además del factor económico representado por la CCA —que cotiza en la Bolsa de Nueva York—, también hay un factor ideológico: una red de abogados que integran el Immigration Reform Law Institute, un grupo orgulloso de su posición radical antiinmigrante al que pertenece el republicano Kris Kobach, quien redactó la SB1070 y cobró 13 mil dólares a Arizona. Junto con su equipo, ha puesto sus conocimientos legales al servicio de otros estados de la Unión Americana para replicar esta norma.

Nill reconoce que en esto no hay nada ilegal, pero ante los intereses en juego “es importante informar al público, pues no sabe quién está escribiendo sus leyes y tal vez creen que sus representantes tienen sus mejores intereses en mente cuando están aprobando estas normas. Si toda la gente conociera esto, no habría un alto porcentaje de apoyo a la Ley Arizona y sus copias”.

Un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revela que desde que se aprobó la SB1070, en menos de dos meses —entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2010—, en ocho congresos estatales de EU legisladores republicanos presentaron iniciativas que, en algunos casos, son copias íntegras de la Ley Arizona, y que permitirían que cualquier sospechoso de ser indocumentado sea detenido y encarcelado.

El poder detrás de la ley

En 2010, el Center for American Progress inició una investigación sobre la Ley Arizona, con la participación de expertos como Andrea Nill. En septiembre pasado, entregó un informe final que concluyó que detrás de la norma de corte racista y discriminatorio no sólo había un propósito de política migratoria.

El documento reveló que, en diciembre de 2009, el Consejo de Intercambio Legislativo (ALEC, por sus siglas en inglés), grupo de enlace entre empresarios y legisladores estadounidenses al que pertenece la administradora de prisiones CCA, entró en contacto con el senador de Arizona Russell Pearce, quien desde 2005 contaba con una propuesta antiinmigrante para darle forma final a una iniciativa de ley que diera amplios poderes a la policía local para detener a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado.

Después, en la edición de enero-febrero de 2010 de la revista que publica ALEC, se dio a conocer un texto que podría considerarse una versión preliminar de la SB1070 y, en abril de ese año, Pearce presentó la iniciativa final.

El Center for American Progress documentó también que la gobernadora de Arizona tenía en su equipo de colaboradores de campaña y en su administración a personas ligadas a la CCA, quienes presuntamente habrían influido en su decisión de aceptar la SB1070, como Pablo Senseman y Chuck Coughlin, identificados como cabilderos o gestores de la corporación carcelaria.

Incluso, medios estadounidenses como KPHO Arizona-TV y la radiodifusora NPR dieron seguimiento a esta investigación y documentaron —entre otros nexos— que la empresa Pershing Square Capital, con una importante participación financiera en CCA, reconoció que la rentabilidad de la corporación “depende de un número creciente de inmigrantes en la cárcel”.

La investigación hurgó más allá de Arizona y encontró que legisladores en otros estados presuntamente también han sido financiados por el ALEC-CCA para impulsar leyes similares a la SB1070 en Tennessee, Oklahoma, Colorado, Florida o Pennsylvania.

A partir de la información recabada por el American Progress, Andrea Nill tiene claro que el objetivo de la CCA al promover leyes antiinmigrantes es evidente: “Es una corporación de prisiones privadas a la que le interesa este sistema que le permita tener más prisioneros, más inmigrantes indocumentados en sus prisiones, lo que leyes como la SB1070 permitiría”.

Ganancias millonarias

La CCA, que cotiza en la Bolsa, en su reporte anual en Nasdaq —cuya copia tiene EL UNIVERSAL— revela que tan sólo en 2009 obtuvo ingresos por más de mil 660 millones de dólares por la administración de las prisiones y centros de detención migratoria, pero reconoce que la pérdida de cualquiera de las cárceles estatales que administra —como la de California, cuyo contrato vence en junio de este año— tendría un impacto negativo en sus finanzas.

El documento indica que “el retorno de los reclusos de California al control estatal podría tener un impacto adverso significativo sobre nuestra situación financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo. Una disminución en los niveles de ocupación podría causar una disminución en los ingresos y la rentabilidad (…) Una parte significativa de nuestros ingresos se genera en virtud de contratos de gestión de instalaciones que prevén las dietas basadas en la ocupación diaria”.

Andrea Nill afirmó que la gobernadora de Arizona ha dicho que la CCA no ha influido en sus decisiones, “pero es muy difícil decir eso cuando tiene a personas en posiciones muy altas, que trabajaron para ella y que tienen conexiones con la CCA”.

Comentó que la CCA también niega cualquier influencia para impulsar la legislación, “pero no puede rechazar que se reunieron con Russell Pearce, eso es un hecho muy público que todos sabemos, pero no quieren tomar su responsabilidad; igual no pueden decir que no tienen un interés en este tipo de leyes y en los beneficios que les traerán. Lo cierto es que estas leyes van a resultar en más prisioneros inmigrantes”.

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