El Tribunal Supremo rechaza la ley electoral de Arizona

La legislación de Arizona, un Estado que ha protagonizado varias polémicas por la dureza de sus leyes en los últimos años, ha sido rechazada por siete de los nueve jueces de la corte. El conservador Antonin Scalia ha sido además el encargado de redactar la sentencia, el último varapalo al gobierno de Jan Brewer, quien ya sufrió una importante derrota ante el Tribunal el pasado verano, cuando anuló los principales artículos de su ley de inmigración.

Arizona aprobó en 2004 una normativa para luchar contra el fraude electoral y que exigía a los votantes presentar documentos como el pasaporte, el certificado de ciudadanía o el carnet de conducir, para demostrar que son estadounidenses. De no hacerlo, los oficiales electorales debían rechazar su voto. Varias organizaciones, entre ellas una que representa a varios grupos tribales del Estado, denunciaron que contradecía una ley federal.

El Tribunal Supremo ha reconocido ahora que la legislación de Arizona choca con los principios de la normativa federal, que unifica la documentación para participar en las elecciones. “La Ley Nacional De Registro de Votantes de 1993 exige a los estados ‘aceptar y utilizar’ un documento federal uniforme para registrar a los votantes en las elecciones federales”, escribió Scalia en la sentencia.

Los votantes estadounidenses deben firmar un documento jurado a la hora de registrarse como votantes y en el que ya aseguran ser ciudadanos bajo pena por perjurio. Según los jueces, Arizona no puede crear una ley que modifique los requisitos de manera independiente y que contradiga la legislación federal, por lo que la sentencia puede afectar a otros Estados.

Varios gobernadores republicanos han aprobado desde 2010 numerosas legislaciones en las que endurecen las condiciones para votar y que ya son conocidas como “leyes de supresión de voto”. Diversas organizaciones de derechos civiles, así como la Administración Obama y el Partido Demócrata rechazaron las normativas al considerar que obstaculizan el derecho a voto de millones de ciudadanos, especialmente a los pertenecientes a minorías raciales y con menos recursos económicos, y que suelen votar por candidatos demócratas.

El aumento de estas leyes en los últimos años ha llevado la histórica Ley de Derecho a Voto, aprobada en 1965 y un icono de la lucha por los derechos civiles, hasta el Tribunal Supremo. Los jueces deberán pronunciarse al respecto en las dos próximas semanas. La corte ha estudiado este curso la demanda del Estado de Alabama acerca de la falta de vigencia de una de las condiciones que impone esa legislación. La conocida como Sección 5 -artículo central de la ley- permite al Gobierno federal ‘congelar’ la entrada en vigor de cualquier cambio a una ley electoral de aquellos Estados que participaron en la segregación racial.

Gracias a esa condición, la Administración Obama detuvo los efectos de numerosas leyes como la de Arizona antes de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre. La sentencia anunciada este lunes, y en especial, el respaldo de uno de los magistrados más conservadores de la corte supone un importante apoyo a quienes denunciaron las leyes de supresión de voto.

Sin embargo, la simpatía de jueces conservadores como Scalia durante la presentación del caso esta primavera, y el hecho de que hoy votase en contra de una ley que suprime el voto, hace impredecible la próxima sentencia relacionada con este asunto. La decisión del Supremo podría ser anunciada tan pronto como este jueves, 20 de junio.

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