El tráfico de migrantes, un “próspero” negocio sucio

En México los migrantes son el botín de una industria criminal creciente, cada vez más violenta, que opera bajo el amparo de la corrupción y la impunidad.

Se trata de una crisis humanitaria, donde la inexistencia de una auténtica política migratoria con enfoque de derechos humanos crea el escenario en el que, al parecer, sólo se está a la espera de la próxima tragedia.

Mauricio Farah Gebara, experto en migración y derechos humanos, diagnostica así la grave realidad del fenómeno migratorio en el país.

De 2005 a la fecha la situación empeoró: “Lo que predomina hoy en el universo migrante es el asalto, la violación de mujeres, la desaparición de migrantes, su tortura, las detenciones arbitrarias de autoridades que después los ponen en manos de los grupos delictivos, el secuestro, los homicidios, y por supuesto una masacre”. Lo que obliga a considerar, entre otras medidas, la creación de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Migrantes, para poner un alto a la injusticia.

El 25 de mayo de 2011 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en la que consta que ningún extranjero será considerado delincuente, sin importar su condición migratoria, y brinda más protección a quienes transitan el territorio nacional en busca del “sueño americano”. El documento asienta que el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el país.

Una voz de denuncia

Mover conciencias, que los 20 mil secuestros anuales no queden en el olvido, que episodios como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas no se repitan. Es el objetivo de su libro “Cuando la vida está en otra parte: la migración indocumentada en México y Estados Unidos”.

Es la memoria de episodios que casi nadie quiso ver, que recopilan sus escritos desde 2005 sobre el fenómeno, en los que advirtió de los abusos de la autoridad contra migrantes y que escalarían; alertó en 2007 de los plagios colectivos, cuando dijeron que exageraba; documentó en 2009 como Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que la amenaza del crimen organizado estalló en la cara, y el Gobierno se negó a aceptarlo. Al pasar la página se sabe que todo lo que denunció se cumplió.

“Lo que pretende el libro de alguna manera es develar un fenómeno social doloroso, para que la sociedad se indigne y no nos acostumbremos a ver la tragedia y que la situación continúe empeorándose. Estamos en un momento que es fundamental tomar acciones para que esta crisis humanitaria se detenga”.

Destaca que “la negación de la autoridad a aceptar los hechos sorprende aún más (…) es una crisis humanitaria que si no la aceptan es difícil atenderla, y es muy complicado entonces o imposible resolverla”.

El binomio corrupción e impunidad es un factor decisivo. La forma en que prolifera una industria criminal a lo largo de la ruta migratoria, “no es nada más por la indolencia, la negligencia, la falta de seriedad con la que las autoridades pudieron haber visto este problema, sino también por la colusión (…) se permitió que con impunidad continuaran los delincuentes, y que participaran cada vez más algunos malos elementos de las corporaciones policíacas, a nivel municipal, estatal y federal”.

Las autoridades se dedicaron a minimizar el problema. “En el informe de secuestros de 2009 prácticamente se señala el modus operandi, el dónde, cómo, cuándo, operan estas bandas delictivas. Ahora sería importante que nos rindan cuentas de qué es lo que hicieron de 2007 hasta la fecha”.

No hay duda. “Es una crisis humanitaria, no nada más por la industria del secuestro, sino porque van abusando de los migrantes de una manera sistemática y grave con una extrema brutalidad por todas partes”.

El especialista acusa: “Éstos abusos cada vez más cínicos y violentos amparados en la impunidad y en la corrupción, es lo que nos ha llevado al momento que estamos viviendo; por eso es fundamental que en la política migratoria que puedan elaborar las autoridades correspondientes uno de los ejes centrales sea el combate a la corrupción”.

Combatir la corrupción no es un tema de estadísticas, “hace la diferencia entre el secuestro y la libertad, entre la vida y la muerte, por eso no podemos permitirnos que la impunidad y la corrupción sean el binomio que esté predominando en el mundo de los migrantes que pasan por México”.

El experto señala que ha sido inexistente la voluntad política para atender la situación. De hecho, “no contamos con una política migratoria en las últimas dos décadas, sin embargo, la situación grave la han venido viviendo los migrantes en los últimos ocho años”.

Farah Gebara expuso que ante la falta de una política migratoria “vamos siempre atrás de los hechos, siempre tropezándonos y tratando de resolver los momentos críticos que no pudimos anticipar”. Es necesaria una “cirugía mayor” al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) y no sólo cambios cosméticos, pues no es hacer justicia remover a 300 servidores públicos que no se sabe si fueron investigados o sancionados, no es suficiente para impedir que San Fernando se repita.

Se requiere una política migratoria con un enfoque en derechos humanos, que se deje atender el fenómeno con una visión policiaca y de seguridad nacional, pues una nueva ley no es la única solución, “no hay una sola medida que pueda resolver la situación, es el Estado en su conjunto”.

Entre las medidas que deberían adoptarse, apunta Farah Gebara, está la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Migrantes, con la que “toda la información dispersa y desordenada en los ministerios públicos podría centralizarse, ordenarse, convertirse en información de inteligencia, para que se sancione a quienes forman parte de la cadena delictiva, y se puedan prevenir situaciones de riesgo y delitos en contra de los migrantes”.

En otra faz del problema, advirtió también que “nos comportamos como denunciamos que se comportan en Estados Unidos con nuestros migrantes. Hay discriminación, xenofobia, y en muchas ocasiones algunas autoridades en turno —como en Ixtepec, Oaxaca—, son las que han encendido los ánimos de los pobladores en contra de los albergues, no nada más la delincuencia organizada sino también pobladores en su momento han amenazado a los defensores de derechos humanos”.

PERFIL

Defensor de los derechos humanos

En 2011 Mauricio Farah Gebara fue nombrado secretario ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Además, ocupó los cargos de Quinto Visitador y secretario de Administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Imparte conferencias sobre migración nacional e internacional y trata de personas.

CLAVES

Qué dice la ley

1 Parte de la premisa de que los migrantes no son delincuentes.

2 Sólo autoridades competentes podrán asegurar a ilegales. Quedan específicos los derechos que a éstos se les deben garantizar.

3 La situación migratoria de una persona no impide el ejercicio de todos sus derechos y libertades, especialmente a ser tratado sin discriminación alguna.

4 Permite que cualquier persona que voluntariamente acuda ante la autoridad migratoria y acredite los requisitos correspondientes pueda regularizar su situación migratoria.

5 Establece que la autoridad migratoria deberá resolver la situación de un extranjero irregular en un plazo de 24 horas, en las cuales deberá notificar a la persona si puede regularizar su situación o que será sancionada con la expulsión, de modo que pueda interponer un recurso efectivo.

6 Establece disposiciones especiales para garantizar una atención especial a los migrantes en mayor situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad o con capacidades diferentes y las víctimas de delitos.

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