El servicio de inmigración confirma que colabora con la oficina de deportaciones

Publicado el 19 de julio de 2019
por Jorge Cancino en Univision Noticias. Fotografía de Univision.

El servicio de inmigración estadounidense, la agencia encargada de otorgar beneficios migratorios tales como residencias, visas, permisos de trabajo y ciudadanías, confirmó este viernes a Univision Noticias que está colaborando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “para mitigar la crisis fronteriza”, desatada tras la llegaba de miles de personas que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y buscan asilo en Estados Unidos.

“Hay una emergencia nacional en nuestra frontera sur”, dijo Jessica Collins, portavoz de la USCIS por medio de un comunicado enviado a la redacción de Univision Noticias. “Debido a que el Congreso se niega a proporcionar los cambios específicos necesarios para cerrar las lagunas legales en nuestras leyes de inmigración, la USCIS continúa asociándose con el DHS y nuestras agencias hermanas para mitigar la crisis”, agregó.

Collins dijo además que “el Congreso podría poner fin a esta crisis proporcionando un cambio duradero a través de arreglos legales. Hasta entonces, los abusos de nuestras leyes de inmigración fomentarán la explotación infantil y la trata de personas, pondrán a prueba los recursos finitos del gobierno y continuarán minando la integridad de nuestro sistema de inmigración”.

La colaboración de la USCIS en tareas que corresponden a ICE es una más de las políticas implementadas en las últimas semanas por el director interino Ken Cuccinelli, un fiel defensor de la política migratoria de Donald Trump.

La declaración de la USCIS obtenida por Univision Noticias confirma el involucramiento del servicio de inmigración, agencia encargada de proporcionar beneficios, en tareas que otras agencias cuyo fin es la seguridad nacional y deportar extranjeros tras negarles beneficios y castigarlos por violaciones a las leyes de inmigración.

“Si están colaborando con ICE, están utilizando recursos que el Congreso les otorgó para otros propósitos tales como conceder visas, residencias o ciudadanías. Y ahora hay sospechas en cuanto al uso de fondos que se recaudan para un propósito diferente”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“La gente paga los honorarios a cambio de un servicio y con esos dineros se sostiene a esos funcionarios. Y si les están pagando para llevar a cabo esas funciones, deberían responder de la misma manera”, agrega.

“Si están utilizando recursos para deportar sabiendo que fueron otorgados o recaudados para dar beneficios, pienso que no es legal y debería haber una investigación por parte del Congreso”, dijo Gálvez. “Aquí hay falta de transparencia. El presidente o la USCIS y el DHS deberían pedirle dinero al Congreso si quieren dar este tipo de colaboraciones. Y si lo hicieron y el Congreso no se los ha dado, deben esperar y no tomar este tipo de decisiones”, indicó.

Las “lagunas legales” mencionadas por Collins corresponden a los mismos “vacíos” legales que desde un comienzo de su gobierno Trump viene denunciando y que impiden el desarrollo de su política migratoria de ‘tolerancia cero’.

“¡El Congreso debe reunirse e inmediatamente eliminar los vacíos legales en la frontera! Si no hay acción, la Frontera o secciones grandes de la Frontera se cerrarán. ¡Esto es una emergencia nacional!”, escribió el mandatario en Twitter el pasado 3 de abril.

El mandatario se refiere a tres medidas (leyes y acuerdos judiciales) creados con el propósito de salvaguardar la integridad de migrantes menores de edad y evitar los abusos por parte del gobierno federal estadounidense. Las “lagunas legales” mencionadas por Collins corresponden a:

· Acuerdo judicial Flores de 1997. Prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad en prisiones federales. Pero el gobierno de Trump considera que la vigencia de este beneficio entorpece sus planes de deportar al mayor número de indocumentados en el menor tiempo posible.

· Ley TVPRA de 2008 sobre la prevención del tráfico humano. Prohíbe la deportación inmediata de menores indocumentados que no sean de países fronterizos (Canadá o México) y exige que sus futuros sean decididos por un juez de inmigración.

· Acuerdo Zadvydas de 1997. ICE no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional.

Collins precisó además que la colaboración con ICE abarca tres áreas que incluyen las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA) y la Oficina de Administración. Añadió que las condiciones actuales en la frontera “han estresado los recursos de ICE”.

La colaboración con ICE despierta además serias preocupaciones respecto al atasco de expedientes de ciudadanía o naturalización que superan los 740,000 en manos de la USCIS en estos momentos.

La agencia dijo que “continúa adjudicando el número de casos pendientes de naturalización que se disparó bajo el gobierno de Obama, doblándose desde los 291,800 casos en septiembre de 2010 a casi 700,000 a principios de 2017” y que, a pesar de una gran carga de trabajo, “está completando más solicitudes de ciudadanía, de manera más eficiente y efectiva”.

De hecho, añadió, “en el año fiscal 2018 superó un máximo de 5 años tanto en los nuevos juramentos de ciudadanía como en el número de solicitudes procesadas”, y dijo que “este es un testimonio de la diligencia, capacitación y la experiencia de los jueces y el personal de la agencia ubicados en nuestras oficinas en todo el país”.

Al 31 de marzo, la USCIS tenía pendiente de resolver 713,689 peticiones de ciudadanía N-400, de acuerdo con datos publicados en su página digital. A esa cantidad de expedientes se agregan 325,514 solicitudes de asilos y 602,138 ajustes de estado bajo el formulario I-485.

“La USCIS está destinando recursos, que generalmente se usan para residencia y ciudadanía, en otra rama de inmigración creada para negarlos y deportar a las personas”, indicó Gálvez.

En cuanto a los atrasos en los tiempos de procesamiento, que en algunos casos el trámite de ciudadanía tarda hasta 19.5 meses en la oficina de Las Vegas (Nevada), 21.5 meses en Houston (Texas), o 25 meses en Baltimore (Maryland), la agencia dijo que “si bien muchos factores relacionados con el caso de un individuo pueden afectar los tiempos de procesamiento, las esperas a menudo se deben a tasas de aplicación más altas en lugar de un procesamiento lento”.

“Es por eso que USCIS ha implementado una serie de reformas de procesos y operaciones, ha contratado personal adicional y ampliado sus instalaciones para garantizar que su capacidad de adjudicación se mantenga al ritmo de la extraordinaria demanda de sus servicios en los últimos años”, añadió.

La agencia federal explicó asimismo que “se esfuerza por adjudicar todas las solicitudes, peticiones y solicitudes de la manera más efectiva y eficiente posible de acuerdo con todas las leyes, políticas y regulaciones aplicables”.

Gálvez dijo que, debido a la colaboración con ICE, la USCIS debería ser totalmente transparente con el uso de sus recursos y “sobre todo indicar el uso que da a la información que almacena en sus bases de datos”.

“Ahora que están colaborando con ERO, eso abre dudas respecto a qué tipo de información están compartiendo con ese departamento del DHS”, dijo Gálvez. “Los oficiales de inmigración siempre han oído lo más íntimo de una persona. Ahora, si están usando esto para efectuar deportaciones más rápidas, están quebrando las líneas entre los departamentos y eso no es transparente”, precisó.

Por aparte, la USCIS dijo que en los planes actuales se incluye la implementación de nuevos procesos para mejorar la productividad y ser más eficientes. Entre las mejoras incluye “reequilibrar las cargas de trabajo entre el personal, horas extras y capacitación del personal en nuevas tecnologías”. Gálvez también señaló que “los agentes de USIS no tienen el entrenamiento especial para procesar casos de asilo, una tarea que requiere mucha preparación y generalmente lo hacen abogados. Y los agentes de la USCIS no son abogados”, apuntó.

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