El Senado de Illinois aprobó la medida para convertir al estado en Santuario

Con 31 votos a favor y 21 en contra, el Senado de Illinois aprobó la iniciativa ‘SB 31 Trust Act’, patrocinada por el presidente del Senado, John J. Cullerton, que limita la cooperación entre las agencias policiacas locales y estatales con inmigración con los objetivos de mejorar las relaciones entre la comunidad inmigrante y las policías, lograr un uso racional e inteligente de los recursos limitados asignados a las policías, permitiendo que los agentes de la ley se enfoquen en tener comunidades más seguras que cuenten con la confianza de los residentes que protegen, informó la oficina de Cullerton.

La medida pretende limitar la colaboración entre esas agencias y las autoridades federales de Inmigración, una vieja práctica del controvertido programa “Comunidades Seguras”, que canceló el ex presidente Barack Obama y que ha retomado el presidente, Donald Trump.

La iniciativa ‘SB 31 Trust Act’ busca restaurar la vital cooperación entre las comunidades y las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes, y previene que se remuevan del país a los extranjeros que no han cometido delitos graves y que, por lo tanto, no representan un peligro para la sociedad, informó la oficina de Cullerton.

El proyecto, que la próxima semana pasará a la Cámara de Representantes del estado, crea “zonas seguras” donde los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no podrán ingresar, como escuelas, iglesias y hospitales, a menos que presenten una orden judicial de arresto.

Asimismo, ningún departamento policial de Illinois deberá colaborar con ICE en tareas de inmigración a través de los polémicos programas Comunidades Seguras y 287g, revividos por la Administración Trump.

Igualmente se prohíben los registros de extranjeros basados en nacionalidades o religiones, como el propuesto por el presidente para los musulmanes, y se prohibiría el uso de prisiones privadas para recluir a indocumentados a la espera de ser deportados.

En la actualidad, Chicago y otras ciudades del Condado de Cook han sido declaradas santuario para los inmigrantes indocumentados, y por ello han sido requeridas por el Departamento de Justicia a cumplir las leyes, pero la protección no alcanza al resto del estado.

Según Cullerton, el proyecto de ley no contiene ninguna violación a la ley federal e Illinois no corre riesgos ante las amenazas del Gobierno federal de suspender la ayuda a las ciudades y condados que no colaboren con Inmigración.

La representante Lisa Hernández, quien será la auspiciante del proyecto en la cámara baja, dijo que las comunidades inmigrantes se encuentran “bajo estado de sitio” por la amenaza de las deportaciones, y los comercios de esos vecindarios han perdido clientes porque la gente tiene miedo de salir a la calle.

“Tenemos que hacer todo lo posible para que se sientan seguros nuevamente”, declaró la legisladora, quien espera que el proyecto se convierta en ley antes de fines de este mes.

“Cuando las agencias federales vengan con lo que llaman órdenes de retención y esperen que la gente sea detenida por quizá una violación de tráfico y quieran que hagamos su trabajo, tenemos mejores cosas que hacer, comentó Cullerton en días pasados, y aseguró que “no cooperaremos con ningún esfuerzo federal o veto basado en raza”.

Lawrence Benito, director ejecutivo de ICIRR, dijo que la iniciativa no sólo trata de la protección de los inmigrantes, sino de la población en general al promover la cooperación de todos con las agencias de la ley.

Hay comunidades que se sienten blanco del gobierno federal y no quieren hablar con agencias del gobierno, ni abrir la puerta ni hablar con la Policía, la iniciativa ayudará a mejorar esa relación, mencionó Lawrence Benito, director ejecutivo de ICIRR.

Trump, retomó “Comunidades Seguras”, cancelado en 2014, que permite que las autoridades locales compartan con el Gobierno federal las huellas digitales de los indocumentados en cárceles locales y de los condados, con el fin de deportarlos.

Una de las dos órdenes ejecutivas firmadas a finales de enero por Trump instruye al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, a “restablecer el programa migratorio conocido como ‘Comunidades Seguras’”.

“Vamos a restablecer el popular y exitoso programa de comunidades seguras, que ayudará a los agentes del ICE a encontrar a inmigrantes ilegales para su deportación”, comentó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

“Comunidades Seguras”, lanzado en 2008 por el expresidente George W. Bush y mantenido por su sucesor, Barack Obama, hasta 2014, permitía a las autoridades locales compartir con el Gobierno federal las huellas digitales y otros datos biométricos de los indocumentados en cárceles locales y de los condados.

En teoría, sólo los criminales peligrosos, entre estos violadores, homicidas y secuestradores, quedaban sujetos a un proceso de deportación.

Pero estadísticas oficiales demostraron que buena parte de los deportados no eran “criminales peligrosos”, sino que habían sido detenidos por delitos menores y no violentos, o carecían de antecedentes penales.

Tras acabar con el programa, Obama lo reemplazó en 2015 por otro de Cumplimiento de Prioridad (PEP), por el que las autoridades federales de ICE buscan cooperar con las locales para deportar a quienes tengan antecedentes de delitos graves o sean un peligro para la seguridad nacional.

El decreto de Trump ordena a su secretario de Seguridad Nacional “tomar todas las acciones apropiadas para acabar con el programa PEP” y reemplazarlo por “Comunidades Seguras”.

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