El jefe del Departamento de Seguridad Nacional reitera que un DUI puede iniciar un proceso de deportación

Una multa por manejar borracho puede ser suficiente para que un indocumentado sea deportado de Estados Unidos. Así lo reiteró el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, en el programa Meet the Press de la cadena NBC.

Kelly precisó que una condena por manejar bajo la influencia del alcohol o las drogas (Driving Under Influence, DUI) podría iniciar un proceso de deportación de Estados Unidos, una falta que ya durante el gobierno de Obama figuraba como la tercera prioridad de deportación.

El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos indicó que la definición de este delito “no ha cambiado”, pero advirtió que las operaciones del DHS “en el espectro de la criminalidad sí han cambiado”, indicando que a partir del 20 de enero actúan con mayor severidad.

Un solo DUI, “en función de otros aspectos, podría iniciarte en el sistema” para ser expulsado de Estados Unidos, explicó.

A mediados del segundo gobierno de Obama, el DHS emitió una lista de cuatro prioridades de deportación, y en ellas figuraba el DUI:

• Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
• Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014);
• Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
• Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

El 25 de enero, cuando el presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas, una sobre las ciudades santuario y otra sobre el muro en la frontera con México, el nuevo gobierno anunció nuevas prioridades de deportación:

1. Quienes hayan sido condenados de cualquier delito.
2. Quienes hayan sido acusados de cualquier delito, cuando dicho cargo no haya sido resuelto.
3. Quienes hayan cometido actos que constituyen un delito penal imputable.
4. Quienes hayan incurrido en fraude o tergiversación deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental.
5. Quienes hayan abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
6. Quienes estén sujetos a una orden final de expulsión, pero que no han cumplido con su obligación legal de abandonar Estados Unidos; o
7. Quienes a juicio de un funcionario de inmigración supongan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.

En junio de 2015, cuando Trump lanzó su candidatura presidencial por el Partido Republicano, aseguró que deportaría a los 11 millones de indocumentados, y dijo de los inmigrantes mexicanos que eran criminales, violadores y traficantes de drogas.

El 13 de noviembre, cinco días después de ser electo, dijo a la cadena CBS que deportaría hasta tres millones de  “criminales”. Pero el 25 de enero, tras tomar posesión e instalarse en la Casa Blanca, decretó que la inmigración indocumentada era una amenaza pública y a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El mandatario también ordenó acelerar los arrestos, los procesos y las deportaciones de inmigrantes sin permiso para permanecer en Estados Unidos.

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