El INM es el segundo organismo con más violaciones a derechos humanos, revela Inegi

El Instituto Nacional de Migración (INM) es el segundo organismo a nivel nacional que más violaciones a los derechos humanos comete, solamente lo rebaza el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El INM es encabezado por el poblano Ardelio Vargas Fosado, quien antes de llegar a ese puesto fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

En 2015 el INM recibió 2 mil 253 denuncias por violaciones a los derechos fundamentales, según el conteo que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el marco del Día de los Derechos Humanos.

El total de denuncias significa más de seis quejas presentadas durante cada día del año pasado. Casi dos tercios del total de violaciones denunciadas se refirieron a actos u omisiones que atentaron contra el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal, le siguió derecho a la integridad y seguridad personales y derecho a la protección de la salud.

Algunos ejemplos del derecho a la seguridad jurídica son negativas o inadecuadas prestaciones de servicios públicos, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los principios de legalidad.

Una muestra de estas detenciones arbitrarias fue la que sucedió con José, un migrante hondureño que fue detenido a principios del mes de diciembre por agentes de Puebla del INM que lo golpearon, torturaron e intimidaron con matarlo; luego lo amenazaron para que no denunciará.

Después de vivir tres días de terror, la delegada en Puebla del INM le concedió la visa humanitaria con terminación 1425421 y lo dejaron en la calle, como lo narró el afectado en entrevista con La Jornada de Oriente.

Por estos hechos el primer secretario de Asuntos Consulares de la embajada de Honduras en México, Rigoberto López Orellana, se comunicó a esta casa editorial para obtener más detalles sobre la situación de su connacional.

También la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla tuvo conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación 6846/2016 que fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tratarse de un organismo nacional.

De esta situación también ha dado cuenta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al documentar que las detenciones de los migrantes en México han incrementado en los últimos años: en 2013 fueron 86 mil 298 aseguramientos, en 2014 127 mil 149 y en 2015 144 mil 452.

CIDH reconoce afectaciones a los migrantes en México

En el informe país México 2015 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos “Situación de los derechos humanos en México”, se señala que el país no respeta las garantías de los centroamericanos, prueba de eso es que en muchas ocasiones los migrantes pierden contacto con sus familiares cuando son detenidos por agentes del INM.

“Existen diversas situaciones que conllevaron a que los migrantes perdiesen el contacto con sus familiares en su recorrido hacia EU. Algunas de estas situaciones iban desde migrantes que no se habían comunicado con sus familiares al estar bajo custodia estatal por encontrarse detenidos en estaciones migratorias o por estar siendo procesados penalmente”, detalla el informe.

Ahí mismo se establece que según información suministrada por el Instituto de Migración, a partir del mes de agosto de 2014 se fortalecieron en todo el país y se mantienen permanentemente las acciones de prevención, protección y persecución de delitos que afectan a los migrantes.

En ese sentido, la Comisión observó que la puesta en marcha del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) ha enfatizado un abordaje del fenómeno migratorio desde un enfoque de seguridad nacional y de control de flujos migratorios, lo cual se ha reflejado en el incremento de operativos de detección de migrantes en situación irregular y de detención migratoria para después proceder a deportarlos.

A partir del PIFS algunas de las principales medidas que se evidenciaron en la frontera sur de México y a lo largo de las rutas migratorias que atraviesan el país fueron: una mayor militarización de la frontera sur por parte de las fuerzas armadas, retenes itinerantes a lo largo de las carreteras y de las vías del tren, así? como operativos de verificación migratoria en hoteles y otros alojamientos en los que los migrantes solían hospedarse.

Asimismo, se tomaron medidas para prohibir que los migrantes subieran a los trenes, ya fuese a través de la presencia física de agentes alrededor de las estaciones de tren, acelerar la velocidad del tren y el aumento de las barreras físicas que impidiesen que los migrantes subiesen a los trenes.

El endurecimiento de los operativos de verificación migratoria por parte de agentes del INM también se habría hecho palpable en los puntos de ingreso oficiales como los del aeropuerto de la Ciudad de México o el de Quintana Roo.

“La CIDH expresa su profunda preocupación por el hecho de que las acciones que han sido realizadas por el Estado mexicano a partir del Programa Frontera Sur no corresponden con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos ni con los desafíos de protección que plantea esta prolongada crisis que afecta a cientos de miles de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados”, específica el documento.

En ese sentido, la comisión recordó que la obligación de los Estados de la región, de acuerdo con estándares interamericanos, de investigar oportuna, imparcial y exhaustivamente las denuncias de violencia contra todas las personas bajo su jurisdicción y de procesar, juzgar y, según corresponda, sancionar a los perpetradores.

De igual forma, la CIDH informó que ante el aumento de los operativos de las autoridades migratorias mexicanas bajo el amparo del PIFS, que algunos operativos migratorios se realizan cerca de espacios de ayuda humanitaria para personas migrantes, lo cual no disminuye el flujo migratorio, sino que disuade a las personas migratorias de asistir a dichos centros.

Por eso la comisión reiteró que una política migratoria que esté basada en un enfoque de derechos humanos y no en uno de seguridad nacional, debe ser integral en su alcance y estar “específicamente dirigida a prevenir, proteger y sancionar los delitos y violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas los migrantes”.

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