El IFAI debe abrir los expedientes de la masacre de San Fernando

La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, de la cual este mes se cumplen tres años, constituye una cadena de violaciones graves a los derechos humanos. Se violó el derecho a la vida, a la integridad, y se ha violado reiteradamente el derecho a la verdad, el cual obliga a los Estados a proporcionar información a las víctimas, los familiares y a la sociedad.  Desde hace más de dos años, la organización Artículo 19 presiona para que el Estado informe sobre lo ocurrido.

En diciembre de 2011, dicha organización, que vigila el derecho a la información y a la libertad de expresión, solicitó a la Procuraduría General de la República una versión pública de la averiguación previa de la masacre. La PGR negó la información debido a que está clasificada, en términos del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 

Si bien dicha ley estipula los criterios bajo los que se puede reservar información, también señala que no se puede invocar reservas cuando se trate de investigaciones que versen sobre hechos constitutivos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

Ante la negativa de la PGR para informar, la organización interpuso un recurso de revisión en el que dos de los cinco los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información,  Jacqueline Peschard y Ángel Trinidad Saldívar, expusieron las razones por las que consideraban que, ante la duda sobre la existencia de violaciones graves a derechos humanos y privilegiando el principio de máxima publicidad, la PGR debía dar acceso a esta información.  Sin embargo, bajo el argumento de que el Estado no participó en la masacre, los otros tres comisionados negaron el acceso.

Artículo 19 interpuso un amparo ante esta nueva restricción. La resolución de éste obliga al IFAI a razonar si la masacre de San Fernando puede constituir violaciones graves a los derechos humanos y, en ese caso, abrir la información.

“La sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre las investigaciones que se han llevado a cabo. Esta es la única forma de que los ministerios públicos rindan cuentas, de que las víctimas de estos hechos tengan acceso a la justicia y se repare el daño al que fueron y han sido sujetos”, afirma la organización en un comunicado.

Desde que la matanza se dio a conocer, organizaciones que protegen a los migrantes alertaron sobre la gravedad del caso y aún señalan que es poco factible que las muertes hayan ocurrido sin que las autoridades supieran.

“Es imposible pensar que tantos camiones de migrantes pudieron ser secuestrados en carreteras tan vigiladas y que la autoridad no se diera cuenta. Es imposible pensar que 193 personas fueran masacradas y que las autoridades municipales, estatales, federales, Ejército y Marina no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo”, afirma Ana Lorena Delgadillo, integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Para hacer conciencia sobre la importancia de que el IFAI se pronuncie sobre el caso, la organización lanzó dos videos. El primero, una entrevista en la que se hace un recuento de los atropellos que agravan la situación frente al Estado, y el segundo, una campaña para que la sociedad presione al Instituto, mediante las redes sociales, para que abra las averiguaciones previas. Para ello, Artículo 19 propone la etiqueta #derechoalaverdad.

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